Ecuador inició su campaña electoral en medio de una oleada de violencia y escándalos de Noboa
Noboa continúa al frente de la intención de voto con 33% a pesar de la violencia narco y de los constantes apagones; la disputa con su vicepresidenta en el centro de la campaña
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LA NACION
QUITO.- La campaña para los comicios generales de febrero en Ecuador inició el domingo en medio de una guerra contra bandas del narcotráfico y pugnas por el poder encabezadas por el presidente Daniel Noboa, favorito para la reelección.
Con 16 candidatos presidenciales, entre ellos la izquierdista Luisa González, que disputó con Noboa el balotaje de las elecciones anticipadas de 2023, y el líder indígena Leonidas Iza, la campaña se extenderá hasta la medianoche del 6 de febrero, tres días antes de las elecciones.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) llamó a los candidatos a realizar una campaña “de tolerancia y respeto mutuo que fomente el debate argumentado, la cultura de paz y la convivencia democrática”.
A pesar del desgaste político a causa de factores como la violencia narco que mantiene atemorizada a la población y una grave sequía que derivó en apagones por hasta tres meses consecutivos y de hasta 14 horas al día, Noboa continúa al frente de la intención de voto con 33%.
González, abogada de 47 años y afín al exgobernante socialista Rafael Correa (2007-2017) que lidera la principal fuerza opositora, le pisa los talones con 29%, de acuerdo a una encuesta de finales de diciembre de la firma Comunicaliza.
Este domingo “damos juntos un nuevo paso hacia el camino para #RevivirEcuador. Un país unido, valiente y lleno de esperanza está a punto de renacer”, expresó González por la red social X antes de lanzar su campaña en Quito y el puerto de Guayaquil, una de las principales ciudades golpeadas por el crimen y por lo que Noboa desde el año pasado mantiene desplegadas en las calles a las Fuerzas Armadas.
Pugna con la vicepresidenta
El movimiento oficialista ADN realizará una caravana en Guayaquil, desconociéndose si participará Noboa, que sostiene una pugna con su vicepresidenta Verónica Abad.
En el último episodio de una larga disputa entre ambos que comenzó desde el primer día de gobierno, la administración de Noboa acusó de desacato a Abad por no asumir la función de consejera en la embajada en Turquía, cayendo en una supuesta ausencia temporal en el cargo.
Con ese argumento, el sábado Noboa designó vice interina a Cynthia Gellibert, secretaria (ministra) de la Administración Pública, hasta el 22 de enero.
Aún así, Abad desafió a Noboa. “Asumiré la presidencia (...) por mandato expreso en la ley”, dijo en la red X. “Debo atender esta responsabilidad mientras el señor presidente Daniel Noboa participa como candidato presidencial en la campaña electoral, cuya candidatura se encuentra en firme y es irrenunciable”, añadió.
Según el gobierno, Noboa no está obligado a pedir licencia para la campaña debido a que no se trata de una reelección porque ganó comicios anticipados en 2023 para completar el período del exgobernante Guillermo Lasso.
La ley ecuatoriana no establece con claridad si un gobernante que está terminando el periodo de otro presidente debe pedir licencia cuando está buscando un nuevo mandato. La Constitución manda que un presidente que haya completado su propia gestión y opte por la reelección debe pedir obligatoriamente licencia para hacer campaña.
El constitucionalista André Benavides planteó que Noboa está obligado a pedir la licencia y que de no hacerlo estaría incurriendo en una “falta grave” que deberá ser resuelta por el Tribunal Contencioso Electoral. Inclusive, agregó el especialista, el mandatario podría exponerse a la pérdida de derechos políticos y hasta una destitución.
La relación entre Noboa y Abad se fracturó desde la campaña electoral de 2023 sin que hayan aclarado el origen de la pugna. Noboa la tilda de desleal y ella lo ha calificado como misógino. El actual gobierno ha buscado por todas las formas apartar a Abad de su cargo, sin éxito.
La vicepresidenta no explicó de qué manera hará efectivo su anuncio, pero señaló que al ser la vicepresidenta posesionada constitucionalmente junto a Noboa cuando asumió el poder en 2023, “no es necesario que opere acto de posesión alguna en el ejercicio de la presidencia, sino por la supremacía de la Constitución”.
La vicepresidenta enfatizó que para su ejercicio requiere el apoyo de todas las instancias del Estado y aludió, además, a las Fuerzas Armadas. Esta última institución se negó al pedido de Abad, indicando en un comunicado que responden al presidente de la nación.
Tercero aparece con casi 3% Iza, presidente de la mayor organización indígena ecuatoriana que participó en revueltas que derrocaron a tres mandatarios entre 1997 y 2005. Con alrededor de 1%, el resto de los candidatos se ubica después, incluida la ambientalista Andrea González.
En medio de la violencia narco, el presidenciable izquierdista Pedro Granja denunció hace dos meses amenazas contra su vida.
Más de 30 políticos fueron asesinados en Ecuador desde 2023, entre ellos el candidato a la presidencia Fernando Villavicencio (centro), baleado al salir de un mitin en Quito en vísperas de la primera vuelta de ese año.
Ecuador decretó hace dos días un nuevo estado de excepción en Quito y siete de sus 24 provincias, consideradas las más violentas, según un decreto presidencial divulgado el viernes.
La medida por 60 días suspendió los derechos a la inviolabilidad del domicilio y correspondencia en las provincias costeras de Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena y El Oro y las amazónicas de Orellana y Sucumbíos.
El actual estado de excepción está en vigencia desde el jueves y fue implantado por la grave conmoción interna y el conflicto armado interno, declarados el año pasado por la violencia narco.
La medida fue tomada en medio de fuertes críticas de organizaciones sociales contra Noboa por atentados a los derechos humanos registrados en 2024 con los militares movilizados a las calles para la lucha contra el crimen organizado.
El 8 de diciembre, cuatro adolescentes fueron aprehendidos en un operativo militar y luego sus cuerpos hallados incinerados cerca de una base de la Fuerza Aérea, por lo que 16 soldados están en prisión preventiva acusados en principio por el delito de desaparición forzada, castigado con hasta 26 años de cárcel.
Agencias AFP y AP
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