Duro revés para Trump: la Corte sentenció que la Justicia puede acceder a sus finanzas
LA NACION
WASHINGTON.- En un duro revés para el presidente, Donald Trump, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos dictaminó que no es inmune y la Justicia puede acceder a información sobre sus finanzas personales, incluida su declaración jurada, que el mandatario mantuvo bajo el más estricto hermetismo pese a los reiterados reclamos de la oposición demócrata, fiscales y organizaciones civiles y activistas.
Un fallo de la Corte en una demanda iniciada por la Fiscalía de Manhattan marcó un quiebre en la larga puja alrededor de una de las polémicas más añejas y urticantes de la carrera política del presidente: su total hermetismo sobre sus finanzas personales y las de su imperio. A contramano de sus predecesores y de la tradición política de Estados Unidos, Trump se ha negado rotundamente a mostrar su declaración impositiva, un desvío de los estándares de transparencia de la política norteamericana que durante los últimos cuatro años ha enfurecido a sus críticos, sin hacer mella en su "base" de seguidores.
Pero, aun con ese revés de la Corte, Trump consiguió a la vez un alivio político: el máximo tribunal bloqueó al acceso del Congreso a la misma información, y dijo que sus abogados pueden esgrimir otros argumentos para frenar el escrutinio de la Justicia. Así, es improbable que Estados Unidos pueda ver las finanzas del presidente antes de las elecciones presidenciales, y, de hecho, es posible que el país nunca las vea.
"Es una cacería política", se despachó Trump, en un breve intercambio con la prensa en la Casa Blanca.
Trump es el primer presidente desde Richard Nixon que se niega a mostrar su declaración impositiva, una movida que alimentó sospechas la sobre sus negocios. El presidente había mantenido bajo reserva sus finanzas con uñas y dientes, receloso de mostrarle al país el corazón de su fortuna y los detalles de sus empresas, argumentando que está bajo auditoria del gobierno federal. La oposición demócrata siempre quiso ir detrás de esa información para indagar acerca de posibles conflictos de interés, vínculos con otros gobiernos, sus pagos de impuestos al gobierno federal o cualquier otra información que pudiera perjudicar al magnate.
El hermetismo encendió todo tipo de interrogantes y especulaciones. ¿Trump tiene una fortuna tan grande como dice?¿Cuál es su principal fuente de ingresos?¿Cuáles son sus negocios internacionales, y qué vínculos tiene con otros gobiernos, como, por ejemplo, el Kremlin? ¿Paga impuestos o no?
La puja por las finanzas de Trump llegó hasta la Corte Suprema con tres casos. Dos surgieron por investigaciones de comités de la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, y el tercero por una citación del fiscal de distrito de Nueva York, Cyrus Vance, quien exigió acceso a la información como parte de la causa por los pagos a dos mujeres que sostiene haber tenido amoríos con el presidente. Una de ellas es la actriz porno Stormy Daniels. Trump ha negado ambos romances.
La Corte dictaminó que Trump no es inmune a las citaciones judiciales, y, por lo tanto, despejó el camino para que la Fiscalía de Manhattan, a cargo de Cyrus Vance, obtenga esa información. Vance dijo que la decisión era una "tremenda victoria para el sistema de justicia de nuestra nación y su principio fundamental de que nadie, ni siquiera un presidente, está por encima de la ley". En los dos casos referidos a los pedidos del Congreso, la Corte los devolvió a tribunales inferiores para otra revisión, bloqueando, por ahora, a la oposición demócrata.
Alivio presidencial
El resultado de las sentencias es que, si bien Trump sufrió una derrota judicial, obtuvo a la vez un alivio político ya que el Congreso fracasó en acceder a su declaración jurada, que casi con certeza seguirá sin salir a la luz hasta después de las elecciones, y quizá nunca lo haga. Aun si Vance logra acceder a la información, debe entregarla a un gran jurado que investiga los pagos de Trump, que debe mantenerla en secreto. Y la Corte dejó en su opinión la puerta abierta para que los abogados del presidente "planteen más argumentos" en los tribunales de distrito para bloquear el pedido. La batalla legal continuará.
El núcleo de los casos ante la Corte Suprema de Justicia era hasta qué grado el Congreso y la Justicia pueden escrutar las finanzas del presidente de Estados Unidos. Los abogados de Trump sostienen que el mandatario goza de inmunidad, y no puede ser investigado mientras ejerce el cargo. El presidente del tribunal, John Roberts, recordó el límite establecido en la jurisprudencia.
"Hace doscientos años, un gran jurista de nuestro Tribunal estableció que ningún ciudadano, ni siquiera el presidente, está categóricamente por encima del deber común de presentar pruebas cuando se le solicita en un proceso penal", escribió Roberts. "Reafirmamos ese principio y sostenemos que el presidente no es absolutamente inmune a las citaciones penales estatales que buscan sus documentos privados ni tiene derecho a un mayor nivel de necesidad", agregó.
Dos antecedentes jugaban en contra de Trump: en 1974, la Corte Suprema decidió por unanimidad exigirle a Nixon que entregara las cintas de la Casa Blanca en el escándalo de Watergate, y en 1997 permitió que avanzara una demanda por acoso sexual contra el entonces presidente demócrata, Bill Clinton.
Pese a que su declaración jurada seguirá casi con certeza en las sombras, Trump reaccionó con virulencia a la decisión del máximo tribunal, recordando incluso el Rusiagate y la investigación del fiscal Especial, Robert Mueller.
"¡CAZA DE BRUJAS POLÍTICA!", tuiteó el mandatario. "Todo esto es un enjuiciamiento político. Gané la caza de brujas de Mueller y otras, y ahora tengo que seguir luchando en una Nueva York políticamente corrupta. ¡No es justo para esta presidencia o administración!", clamó el presidente.
Pese la molestia presidencial, la vocera de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, sostuvo que la Corte le otorgó un "gran triunfo" a Trump, y que los jueces del máximo tribunal no fallaron en su contra. McEnany insistió en que Trump sigue bajo auditoría del gobierno federal.
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