Dura crítica de Human Rights Watch al gobierno de Nicaragua por la orden de detención del escritor Sergio Ramírez
La acusación contra el ganador del Premio Cervantes y exvicepresidente, que se encuentra fuera del país, se suma a la ola de más de 30 detenciones de opositores y críticos al gobierno, a dos meses de las elecciones
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LA NACION
El director para las Américas de la organización de derechos humanos Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, criticó anoche la orden de detención del escritor y exvicepresidente de Nicaragua Sergio Ramírez –fuerte detractor del régimen de Daniel Ortega– y catalogó al gobierno como una “dictadura”.
“Ortega ordena el arresto del célebre escritor Sergio Ramírez por ‘cometer menoscabo a la integridad nacional’. Traducción: criticar a la dictadura”, tuiteó Vivanco. Y agregó: “Por este delito hay decenas de críticos detenidos arbitrariamente, incluidos siete candidatos presidenciales”.
En paralelo al pronunciamiento de Human Rights Watch, fuentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –órgano que depende de la Organización de los Estados Americanos (OEA)– aseguraron a LA NACION que se encuentran “monitoreando muy de cerca la situación de Nicaragua”.
El último comunicado que emitió la OEA respecto del país que gobierna Ortega fue el 18 de agosto pasado, cuando el organismo condenó los sucesivos “ataques a la libertad de expresión en Nicaragua”. El texto difundido en aquel entonces reconocía y repudiaba los “reiterados actos de persecución realizados por parte de las autoridades nicaragüenses en contra de medios de comunicación, periodistas, trabajadoras y trabajadores de la prensa registrados, en el contexto de las elecciones presidenciales de noviembre 2021″.
Una semana antes a hacer pública aquella condena, la CIDH ya había realizado una advertencia por el encarcelamiento de políticos opositores al oficialismo de Nicaragua, tras repudiar “el conjunto sistemático de acciones estatales realizadas en los últimos meses, que han tenido como finalidad impedir la participación de la oposición en las elecciones generales a realizarse en Nicaragua en noviembre de este año, así como la persistencia de violaciones a los derechos humanos en este contexto”.
En este marco, el organismo de la OEA sentenció, el 11 de agosto: “La CIDH urge a cesar la represión contra personas opositoras al gobierno, y a tomar las medidas para garantizar las condiciones necesarias para la realización de elecciones libres, justas y transparentes en el país”.
Orden de detención
La Fiscalía de Nicaragua pidió detener al escritor Sergio Ramírez, exvicepresidente del país y fuerte crítico del régimen de Daniel Ortega, por actos que “incitan al odio” y por “conspirar” contra la soberanía, en el contexto de la ola de persecución a opositores.
“Se presentó acusación en contra de Sergio Ramírez Mercado por realizar actos que fomentan e incitan al odio y la violencia”, informó la Fiscalía en un comunicado, entidad que además lo acusa de recibir fondos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, cuyos directivos están acusados de lavado bienes y activos.
El escritor se defendió de la acusación en un video publicado en su cuenta de Twitter, en el que indicó: “El gobierno nicaragüense ha ordenado mi detención por las mismas acusaciones por las cuales se encuentran presos muchos, en la mazmorra de la misma familia, muchos nicaragüenses dignos y valientes”.
“Las dictaduras carecen de imaginación y repiten sus mentiras, sus sañas, su odio y sus caprichos. Son los mismos delirios, el mismo empecinamiento ciego por el poder y la misma mediocridad de quienes, teniendo en su puño los instrumentos represivos, creen, también, que son dueños de la dignidad, de la consciencia y de la libertad de los demás”, sostuvo Ramírez. Y remarcó: “Soy un escritor comprometido por la democracia y la libertad. Las únicas armas que poseo son las palabras y nunca me impondrán el silencio”.
Ramírez, de 79 años, que es columnista de LA NACION, fue miembro de la Junta de Gobierno que asumió el país tras el triunfo de la revolución sandinista de 1979, y fue vicepresidente de Ortega en su primer mandato (1985-1990). En 1995, renunció por discrepancias al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN-izquierda).
Los cargos contra el novelista son los mismos que la Fiscalía le atribuye a 34 opositores y críticos del gobierno, detenidos entre junio y agosto, entre ellos siete aspirantes a la presidencia en las elecciones de noviembre. La Justicia nicaragüense también elevó la apuesta y emitió juicio a más de 20 de las personas detenidas. Cristiana Chamorro, quien se perfilaba como una importante rival de Ortega en las elecciones de noviembre, es una de ellas.
LA NACION
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