Fuerte condena al gobierno de Maduro: piden investigar sus crímenes
Presidentes, representantes de la sociedad civil y ONG reclamarpor una investigación imparcial que tenga consecuencias por los abusos del régimen
PARA LA NACION
CARACAS.- El demoledor informe sobre las "graves violaciones" de derechos humanos en Venezuela sumó ayer un torrente de condenas, en todo el planeta. El nivel de indignación es tan alto que Sebastián Piñera, presidente de Chile, reclamó a su antecesora, Michelle Bachelet, que traslade sus conclusiones a la Corte Penal Internacional.
Ejecuciones extrasumariales, torturas, violaciones, apartheid social, salarios miserables, derrumbe del sistema sanitario, desabastecimiento de medicinas, persecución política, existencia de cientos de presos políticos y censura informativa. Todo eso está descripto en un informe que es "un duro golpe al régimen y ayuda a mantener la mirada internacional sobre lo que pasa aquí", destacó el analista Benigno Alarcón. El infierno revolucionario, descripto en 18 páginas, fue leído ayer por Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. "Los venezolanos merecen una vida mejor, sin temor y con acceso a alimentos, agua y otras necesidades básicas", concluyó Bachelet.
Para la sociedad civil, que estuvo representada ayer en Ginebra por el activista Feliciano Reyna, fundador de la ONG Acción Solidaria, es fundamental la designación de una comisión internacional de investigación sobre las violaciones, además de acelerar la búsqueda de una solución política. Lo mismo opina Amnistía Internacional, que apuesta por esta comisión para la necesaria investigación imparcial, algo imposible en la Venezuela de hoy.
Una comisión que ya tiene precedentes en la historia, como la que se llevó a cabo contra el dictador Robert Mugabe en Zimbabwe y contra la Sudáfrica del apartheid, aunque su puesta en marcha dependería del visto bueno de Caracas.
"La comisión de investigación propuesta durante el informe investiga a los autores materiales, a la línea de mando; es decir, a quien dio la orden y a los que dejaron actuar, por acción y omisión", dijo Juan Guaidó, presidente encargado, quien encabezó una protesta de cerca de 3000 personas, que reclamaron sobre todo por la muerte del capitán Rafael Acosta, que estaba detenido por la contrainteligencia militar.
"¡Millones de venezolanos claman auxilio!", subrayó Reyna. "La sociedad civil ha hecho un titánico esfuerzo para vencer el autoritarismo, la coerción y la desinformación para dar a conocer internacionalmente la realidad. Por más de una década, el gobierno no rindió cuentas a órganos de la ONU, denunció la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ni cumplió las sentencias de la Corte Interamericana", resumió en representación de 200 ONG venezolanas.
El gobierno insistió en sus armas habituales: acusaciones y propaganda. "Preparémonos para las batallas que estamos dando, no tengamos ni un segundo de descanso. ¡Estamos en el lado correcto de la historia y en el momento correcto para la batalla!", arengó Nicolás Maduro durante el desfile militar en el Día de la Independencia venezolana. Acompañado del Estado Mayor, el "presidente pueblo" presenció el despliegue de las tropas, incluidos los milicianos, civiles militantes de la revolución uniformados y armados por el gobierno.
Lo que se pretendía un desfile histórico resultó finalmente un acto deslucido por los temores gubernamentales. "Breve, rápido, de menos de 45 minutos, sin asistencia del pueblo al acto y con participación de escasos funcionarios públicos. Y con accesos cerrados al Paseo de los Próceres", dijo Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano para las Fuerzas Armadas.
Para tan especial desfile, los milicianos cambiaron sus fusiles por las cajas de cartón del CLAP, la versión bolivariana de la libreta cubana de racionamiento, convertidas en la herramienta de control social también denunciada por Bachelet ("programa de asistencia alimentaria que no cubre las necesidades nutricionales elementales para la gente").
La alta comisionada aprovechó su comparecencia para dar una buena noticia: la liberación de dos presos políticos emblemáticos. La jueza María Afiuni, en libertad plena, permaneció durante una década entre la prisión y el arresto domiciliario, acusada directamente por Hugo Chávez, quien reclamó una condena de 30 años para ella. El pecado de la jueza fue aplicar la ley y liberar a un empresario, viejo enemigo del líder revolucionario, que estaba en prisión preventiva. Aquel día se iniciaba el asalto definitivo del chavismo a la Justicia.
Al periodista chileno-venezolano Braulio Jatar se le mantienen medidas cautelares que le impiden salir del país, tras divulgar hace tres años en su portal informativo, el video de un tremendo cacerolazo contra Maduro en la isla Margarita.
La alegría por estas dos liberaciones, a las que se añaden las de un grupo de 35 jóvenes detenidos durante las protestas que acompañaron la sublevación militar del 30 de abril, chocó de nuevo con la realidad. "Así como otorgan libertad plena a la jueza Afiuni y cese de arresto a Jatar detienen y desaparecen a tres personas, la trabajadora doméstica de Iván Simonovis (el preso político que se escapó a Estados Unidos hace unas semanas), la tía y la prima de la primera", dijo Alfredo Romero, presidente del Foro Penal.
Los defensores de los presos políticos lo denominan efecto de "puertas giratorias": 37 prisioneros excarcelados y 33 nuevos encarcelados en lo que va de la semana.
El gobierno de Macri condena a Caracas
El ministro del Interior pidió "no ser indiferentes" ante la contundencia del documento
- Funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, precandidatos y legisladores advirtieron ayer que "no se puede ser indiferente" ante el informe presentado en la ONU sobre violaciones de derechos humanos y persecución política en Venezuela, que reportó al menos 793 personas privadas arbitrariamente de libertad y ejecuciones sumarias.
- El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, escribió en Twitter que "los testimonios registran la persecución a opositores, la privación de la libertad, las torturas y la aplicación de violencia", y afirmó que "desde el Estado no podemos permitir que esto siga pasando. Lo que decimos sobre Venezuela habla sobre nosotros mismos".
- En tanto, el senador justicialista y precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto, instó a "no callarse ni hacerse los distraídos ante los atropellos y las aberraciones", que vulneran los derechos humanos en Venezuela. "Todos estos delitos deben ser investigados y sus responsables, juzgados".
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