Dos años de la “guerra contra las pandillas” de Bukele: cómo impactó en la seguridad en El Salvador y por qué denuncian una “ilusión errónea”
El 27 de marzo de 2022, el gobierno estableció un régimen de excepción que sigue vigente hasta el día de hoy; se redujo notablemente la tasa de criminalidad, pero organismos de derechos humanos advierten sobre sus consecuencias negativas
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LA NACION
SAN SALVADOR.- Hace dos años, el presidente Nayib Bukele declaró una “guerra” a las pandillas en El Salvador, tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana. Ahora el presidente proclama que su país es el “más seguro” del continente gracias a la ofensiva iniciada el 27 de marzo de 2022 al amparo de un régimen de excepción, que restringe libertades constitucionales, pero sus críticos afirman que el precio ha sido alto, a costa de la violación de derechos humanos, según denuncian distintas ONGs.
¿Qué sucedió con las pandillas?
El despliegue de militares y policías permitió desbaratar las estructuras de las “maras” o pandillas, que se financiaban con el cobro de “rentas” (extorsiones), sicariato y venta de drogas al menudeo. Quienes se negaban a pagar eran asesinados o les mataban a un familiar.
Una investigación de InSight Crime estimó que en el país había casi 120.000 pandilleros: la Mara Salvatrucha tenía 78.000 y la Barrio 18, con sus dos facciones, unos 41.000.
Más de 78.000 presuntos pandilleros han sido detenidos en estos dos años, según un informe oficial presentado el martes, y las pandillas han sido incapaces de reclutar nuevos miembros. Además, les confiscaron casi 4000 armas, algunas de uso militar.
El criminólogo Ricardo Sosa estima que a las maras les ha faltado capacidad de “adaptación” para mutar a otra modalidad criminal, mientras Bukele -reelegido en febrero para otro mandato de cinco años, que comenzará el 1° de junio- promete continuar la guerra “hasta erradicar lo poco que aún queda de las pandillas”.
“Esta guerra en contra de estos terroristas va a continuar y no vamos a dejar de realizar todas las acciones necesarias para erradicar ese mal endémico que por veinte años estuvo en este país”, declaró el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, al estatal canal 10 de televisión.
El ministro de la Defensa, René Francis Merino, destacó en el mismo programa de TV la coordinación del ejército y la policía en esta cruzada. “Lo que en estrategia se llama daño colateral, en El Salvador ha sido mínimo [...] y por esa razón es algo atractivo para otros países”, afirmó, sobre un modelo de seguridad que busca ser emulado en otro países, entre ellos, la Argentina.
¿Qué pasa en las calles?
La cruzada de Bukele terminó con el dominio que las pandillas ejercían sobre el 80% del territorio nacional, según el gobierno. Además, el país redujo su tasa de homicidios -que llegó a ser de 106 por cada 100.000 habitantes en 2015- a 2,4 en 2023, por debajo del promedio mundial (ocho, según la ONU). Desapareció el temor a caminar de noche, los niños han vuelto a jugar en los parques y cualquier persona puede abordar tranquilamente un colectivo o visitar otro barrio sin temor a perder la vida.
“Ahora uno se siente más confiado al viajar en los autobuses, ya no se ven pandilleros pidiendo dinero a los pasajeros”, dijo a la AFP el profesor Mauricio López, de 40 años. Comunidades enteras “retomaron la normalidad de sus vidas”, resume el académico Carlos Carcach.
¿Cuál es el impacto en la economía?
Gran parte del sector productivo, comercial y de transportes dejó de pagar la “renta”, según gremios empresariales. Los restaurantes ahora atienden de noche y reparten comida a domicilio.
“Hoy hay tranquilidad, ya no tenemos extorsiones, el peligro ha pasado”, explica a la AFP Aminta Alvarenga, dueña de una tienda mayorista en El Tránsito, 125 km al este de la capital. Mediante una ley de extinción de dominio, el gobierno ha recuperado 8000 vehículos, casi 21.000 celulares, además de cientos de colectivos, taxis, casas y locales comerciales en poder de las maras.
El clima de seguridad condujo a la reapertura de negocios y ha incentivado el turismo, que en 2023 aportó ingresos por 2755 millones de dólares, 48% más que al año anterior. Sin embargo, la economía sigue siendo una asignatura pendiente de Bukele, pues 30% de salvadoreños vive en la pobreza y 10% en la pobreza extrema, según la Cepal. Se estima que 70% de los trabajadores son informales, mientras miles de familias dependen de remesas del exterior, que totalizaron 8181 millones de dólares en 2023, 26% del PBI del país.
¿A qué precio?
Organizaciones de derechos humanos critican los métodos de Bukele. Amnistía Internacional y el Movimiento de Víctimas del Régimen denuncian “detenciones arbitrarias”, presuntos “atropellos”, “torturas” y “muertes” en prisión.
Hay “327 casos de desapariciones forzadas” y “235 muertes bajo custodia estatal”, afirma Amnistía en un reporte presentado el martes. La población penitenciaria es de 102.000 personas, en un país de 6,3 millones de personas.
“De no corregir el rumbo, la instrumentalización del proceso penal y la instauración de una política de tortura en el sistema penitenciario podrían perpetuarse”, agregó la organización humanitaria en un comunicado. “Además, [Bukele] demuestra su incapacidad para diseñar medidas integrales de largo plazo que aborden las causas subyacentes de la violencia y la criminalidad”, indicó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía, citada en el comunicado.
Un informe anterior de AI, de 2023, calculó que en El Salvador 1,7% de los mayores de 18 años está detenido, lo que arroja una de las tasas de población penal más altas del mundo.
Organismos humanitarios cuestionan la detención de inocentes al amparo del régimen de excepción, que permite arrestos sin orden judicial, y advierten posibles repercusiones a futuro. Para Katya Salazar, de la ONG Fundación Debido Proceso, El Salvador con los miles de detenidos tiene “una bomba de tiempo, porque es una cosa no sostenible” en el tiempo. “El Salvador no se puede quedar con 78.000 personas en la cárcel [y] que no sean juzgadas, tiene que haber algún tipo de respuesta de solución judicial”, aseguró.
Según Salazar, El Salvador debe aplicar un debido proceso a los encarcelados, de lo contrario “tarde o temprano van a haber condenas de tribunales internacionales, indemnizaciones que pagar”.
Parte de los detenidos permanecen en una “megacárcel” de máxima seguridad construida por Bukele, considerada la prisión más grande de América Latina, con capacidad para 40.000 reclusos, que tiene un severo régimen interno.
Los presos afrontan juicios colectivos sin derecho a defensa y sus familiares no pueden visitarlos.
“Tengo a mi sobrino Alberto [de 28 años] detenido desde el 7 de agosto de 2022. Él es inocente, no lo hemos podido ver, es una injusticia”, se lamenta Cecilia Renderos, ama de casa de 48 años.
Si bien unos 7000 detenidos han sido liberados, grupos de derechos humanos afirman que todavía hay muchos inocentes tras las rejas.
“Se ha generado la ilusión errónea de que el presidente Bukele ha encontrado la fórmula mágica para resolver problemas muy complejos”, asegura Amnistía, que afirma que el presidente obliga “a la población a elegir entre seguridad y libertad”.
Agencia AFP
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