Disparen contra la prensa: radicalización represiva, criminalización judicial y un entorno asfixiante en América
La SIP reportó que 17 reporteros fueron asesinados en el último año; las condiciones para la tarea periodística empeoran bajo liderazgos autoritarios, el crimen organizado y la criminalización judicial
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LA NACIONFernán Saguier
Nunca la palabra ha tenido tanto peso como ahora.
Desde su exilio en Madrid, la voz del escritor nicaragüense Sergio Ramírez hizo gala de la pulcritud y solvencia de su condición de hombre de letras. “El autoritarismo busca reinar en el silencio antes que escuchar las voces que perturban”, dijo.
En los últimos seis meses, la libertad de expresión en las Américas enfrenta tres rasgos dominantes: la radicalización represiva, criminalización judicial y un entorno asfixiante.
Hostilidad, estigmatización, violencia, detenciones y muerte. Ejercer el periodismo es cada vez más peligroso en países cuyas democracias se degradan lentamente, concluyó la Asamblea General 77 de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Nueve periodistas han sido asesinados en la región: en México (seis), Brasil, Colombia y Haití. Ya son 17 en los últimos 12 meses.
Gustavo Sánchez Cabrera, que había sobrevivido a un ataque armado en 2020, fue asesinado a balazos en Oaxaca. A Ricardo Julio Domínguez lo acribillaron en un estacionamiento cuando iba a recoger un pago por publicidad. El cuerpo de Benjamín Morales, director de una página web, fue hallado al borde de una ruta. La desesperación es tal que los propios medios mexicanos decidieron crear la Alianza de Medios Mx para combatir tanta impunidad.
En Nicaragua, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, el gerente general de La Prensa, el principal diario del país, lleva dos meses detenido y sin atención médica, acusado de cargos absurdos.
Más de 30 hombres de prensa huyeron despavoridos al exilio desde Venezuela, Cuba y Nicaragua. Las campañas de estigmatización contra los comunicadores se han vuelto una política corriente de los presidentes de México, Perú, Brasil y El Salvador, por citar solo algunos países.
La sustentabilidad de los medios constituye otro aspecto actual y urgente tras los serios perjuicios causados por la pandemia del Covid-19, cuyos confinamientos generales derivaron en picos inéditos de audiencias, pero, a la vez, en una gravísima parálisis económica que afectó a anunciantes y lectores por igual. Los ejemplos australiano y europeo marcan una hoja de ruta para lograr que las grandes plataformas tecnológicas retribuyan adecuadamente por el uso de los contenidos periodísticos, proceso en curso en buena parte del mundo.
Represión cubana y venezolana
Los testimonios de la represión cubana son atroces. La dictadura de la isla vivió el semestre más difícil en los últimos 25 años. El gobierno respondió a las masivas protestas pacíficas en forma indiscriminada como no se había visto antes. Varios hombres de prensa fueron encarcelados, incomunicados sin asistencia legal, acusados de “desacato” y de difundir “propaganda enemiga”, y podrían enfrentar penas de hasta diez años por estos supuestos delitos.
Nicaragua llegará a las elecciones presidenciales del próximo 7 de noviembre con los principales candidatos de la oposición encarcelados, el diario La Prensa confiscado y algunos de sus principales exdirectivos bajo arresto. El régimen de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, desató una verdadera cacería para acallar toda voz crítica.
El caso de Holmann es indignante. Fue llevado a “firmar unos papeles” a una dependencia judicial y detenido acusado de “defraudación aduanera, lavado de dinero, bienes y activos en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense”. La dictadura ataca con citaciones judiciales arbitrarias y asedio policial por cometer “actos que menoscaban la integridad”. Ya son 26 los periodistas que decidieron exiliarse, en el mayor éxodo desde las protestas ciudadanas de 2018.
En Venezuela, no se ve una salida del régimen en el corto plazo. El principal diario, El Nacional, sigue tomado por el Ejército sin orden judicial alguna. Los medios gráficos independientes solo funcionan en la web, manejados desde el exterior, en el país de peor acceso a internet del hemisferio. El madurismo, que acaba de interrumpir el diálogo con la oposición tras la extradición de un conocido testaferro a Estados Unidos, no reconoce límites: va ahora contra las familias de los periodistas que viven en el exilio, allanándoles las casas y librándoles órdenes de captura.
La situación en Perú, México, El Salvador y Bolivia
Tras la asunción del gobierno de Pedro Castillo, los medios peruanos viven la peor situación desde la caída del régimen de Fujimori, 20 años atrás. El Poder Ejecutivo hizo propia la actitud agresiva hacia la prensa que solía tener el Congreso, con proyectos de ley disparatados. Se prohíbe el ingreso de los periodistas al Palacio Presidencial, y Castillo se ha negado a firmar las declaraciones de Chapultepec y de Salta, en favor de la libertad de expresión, además de no haber dado una sola entrevista en dos meses y medio.
En México, el país con más asesinatos a manos del crimen organizado, las descalificaciones y diatribas contra la prensa son ya una costumbre diaria en el presidente Andrés Manuel López Obrador, que dedica un espacio matutino para criticar a medios y reporteros, concentrándose prioritariamente en los diarios Reforma y El Universal, a los que llama “enemigos del pueblo”.
En El Salvador, el régimen de Nayib Bukele avanza en una deriva autocrática con el control del aparato judicial, obsesionado con demonizar la tarea de los cronistas mediante burlas y mensajes infundados que luego se traducen en agresiones y atropellos. ¿La consecuencia? Empieza a reinar la autocensura, reconocen los propios colegas.
El gobierno de Bolivia promueve insólitamente suprimir el secreto de las fuentes periodísticas, medida que ya debate la Asamblea Legislativa.
Intimidaciones y ataques
En tanto, en la Argentina un ministro intimida gravemente a un humorista ante la indolencia presidencial, el Gobierno insiste con el invento de un lawfare entre jueces, periodistas y opositores, mientras se prolongan y reproducen causas judiciales contra quienes informan e investigan y, como en toda la región, vuelve la distribución discriminatoria de la pauta publicitaria oficial, que premia a los medios amigos del poder.
Incluso en Estados Unidos sorprenden los niveles de violencia: cerca de 100 periodistas fueron atacados durante manifestaciones callejeras en 2021, en lo que parecen rémoras de los años de intolerancia de Donald Trump.
En Brasil, Jair Bolsonaro insiste con un sistemático discurso contra la prensa. Las agresiones y la estigmatización hacia los periodistas se han vuelto cotidianas, como sucede también en Guatemala y Ecuador. Haití vive un clima de violencia generalizada en el cual la prensa no está exenta. En Colombia, las marchas masivas del año pasado ampararon ataques a mansalva.
Las restricciones a la libertad de información pública se repiten en prácticamente todos los países sin distinción de extracción ideológica, los gobiernos incumplen sus propias leyes. La falta de transparencia es como una mancha de aceite que se expande sobre el continente.
Prácticamente no hay nación que quede a salvo. La criminalización del periodismo mediante denuncias judiciales alarma en Paraguay, ardid que se reitera en Panamá como herramienta de intimidación.
Dos diáfanas cenicientas, Uruguay y Chile, aparecen como ejemplos de “plena libertad” en el informe del índice de Chapultepec con el que la SIP y la Universidad Católica Andrés Bello, de Venezuela, miden las condiciones en las que trabaja la prensa. La Argentina también allí da la nota: es el país de la mayor y “estrepitosa” caída en toda la región (bajó del 77,2% al 53,14%) para la labor periodística, integrando el grupo con “limitaciones parciales” en cuanto a restricciones.
Hace pocas semanas el comité noruego otorgó el Nobel de la Paz a los periodistas Maria Ressa y Dimitri Muratov. No son los primeros hombres de prensa distinguidos con tal galardón, pero sí es la primera vez que el premio es asignado por defender la libertad de expresión, “condición previa para la democracia y la paz duradera”, como dice la resolución.
Las libertades de la región se debaten contra las cuerdas, lejos de los ideales propios de las civilizaciones avanzadas y robustas.
Por Fernán Saguier
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