Disidencias en peligro: los regímenes endurecen su represión y las mujeres ganan protagonismo

Tan sólo en las últimas dos semanas, la policía de la moral en Irán golpeó hasta la muerte a una joven de 22 años por llevar mal puesto el velo; en Rusia, el Kremlin encarceló a los ciudadanos que se manifestaron pacíficamente contra la movilización de reservistas, o lo que es aún peor, los arrojó a la “picadora de carne de la guerra”; y, en Cuba, el régimen bloqueó completamente el acceso a internet para evitar que el mundo sea testigo de la violenta represión de las protestas en el país por la falta de electricidad. Son tiempos difíciles para aquellos que desafían los estándares inicuos y opresivos de los regímenes autocráticos, que en una época en donde las redes sociales ponen al descubierto cualquier suceso, incluso aquellos que ocurren en los rincones más recónditos del planeta, se empecinan en aplastar sin piedad a las disidencias.

De acuerdo con el último reporte de la Unidad de Inteligencia de The Economist, en 2021 “menos de la mitad del mundo vivía en democracia”. El índice de Democracia global alcanzó ese año un valor de 5,28, la puntuación más baja desde que empezó a registrar datos en 2006.

“Hay una contracción en el mundo del espacio para ejercer derechos políticos y civiles. Es una tendencia que vemos hace 15 años, y no sólo en los regímenes autoritarios”, advierte en diálogo con LA NACION Gerardo Berthin, vicepresidente de Programas Internacionales de Freedom House. De acuerdo con el experto, la regresión se explica, en parte, por “la falta de inversión en reformar y fortalecer los sistemas democráticos y por un incremento de la intolerancia y de la polarización de las sociedades”.

“Lo más preocupante de todo es que no hay una respuesta de parte de los países democráticos”, coincide Gabriel C. Salvia, director del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL).

A pesar de los enormes riesgos que conlleva el activismo por los derechos humanos, cientos de miles de personas en todo el mundo salen una y otra vez a desafiar a las autoridades y a alzar la voz para luchar por sus libertades. Un fenómeno que, si bien es de larga data, “las redes sociales han ayudado a visibilizar”, explica a este medio Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

Los jóvenes son los principales impulsores del cambio. “En un mundo cada vez más dividido, los jóvenes hace tiempo vienen apareciendo como actores clave en defensa de causas importantes. Los vemos salir a la calle para protestar por las violaciones de los DDHH. Muchas veces, sus demandas han sido respondidas con represión y violencia. Sin embargo, éstos han demostrado creatividad, perseverancia, innovación y liderazgo”, señala Belski.

Las mujeres ganan protagonismo

En la última ola de protestas, no obstante, las mujeres han ganado un mayor protagonismo en el terreno, arriesgándose a ser arrestadas y sometidas a otro tipo de violencia. En Rusia, por ejemplo, el 44% de las 17.000 personas que fueron detenidas por manifestarse en contra de la guerra en Ucrania eran mujeres, según el último informe de OVD-Info. Las madres de los soldados también expresaron su enojo contra Putin por “utilizar a sus hijos como carne de cañón” y extendieron en redes sociales los pedidos del “fin del derramamiento de sangre”.

El ejemplo más emblemático, sin embargo, ha sido el de Irán, en donde miles de mujeres tomaron las calles de la capital y otras ciudades tras la muerte de Mahsa Amini y quemaron públicamente sus hijabs para protestar en contra del estricto código de vestimenta impuesto por el régimen islámico. Así se convirtieron en el símbolo de la resistencia, canalizando incluso los reclamos más amplios de la sociedad.

“Aunque las actuales manifestaciones de gran alcance puedan ser reprimidas como lo fueron las protestas en el pasado, sigo creyendo que la generación más joven, y especialmente las mujeres, no tolerarán las condiciones actuales y se levantarán de nuevo y continuarán su demanda de cambio”, expresa a LA NACION Haleh Esfandiari, una académica iraní-estadounidense y ex directora del Programa de Medio Oriente en el Centro Internacional Woodrow Wilson, que estuvo presa durante 110 días en 2007 en una cárcel de Teherán acusada de “poner en peligro la seguridad nacional mediante la propaganda contra el sistema y el espionaje a los extranjeros”.

Ello da cuenta de los enormes riesgos a los que se exponen las mujeres y los activistas en todo el mundo. Por ejemplo, en los últimos días, la familia de Nika Shakarami, una iraní de 16 años que publicó una historia en Instagram en la que se la veía quemando su velo, halló su cadáver en una prisión después de 10 días de haber perdido contacto con la adolescente. En la última comunicación dijo que las fuerzas de seguridad la perseguían.

Brutalidad policial, vigilancia y censura

En tiempos de guerra, las apuestas son más altas, porque los regímenes deben asegurar la unidad y el apoyo interno. Es por eso que la brutalidad ha aumentado a niveles sin precedentes en Rusia. Arshak Makichyan, un activista ruso que fue detenido en el pasado por participar en las protestas que exigían la liberación del principal opositor al Kremlin, Alexei Navalny, y que este año se exilió en Berlín por temor a que lo vuelvan a arrestar, contó que en septiembre su amigo Artem Kamardi fue secuestrado, sodomizado con una mancuerna y torturado por las fuerzas especiales de la policía de Moscú por su activismo en contra de la guerra.

“La próxima vez que opinen sobre los activistas rusos y digan que ‘no hacen lo suficiente’ piensen en Artem”, dijo a LA NACION.

Tal es el coraje de estas personas, que el Premio Nobel de la Paz fue entregado este año a dos organismos de derechos humanos en Ucrania y Rusia y al activista bielorruso Ales Bialiatski, que se encuentra en prisión.

Vlada Zhuravlyova, otra joven rusa, reveló a este medio que desde que comenzó con su activismo experimenta “una ansiedad extrema”. “Tengo miedo a la policía, tengo miedo de tomar el subte y cada vez que salgo de casa me fijo si alguien me está vigilando. Creo que me persiguen las agencias de inteligencia porque mis amigos y yo estamos involucrados en actividades de alto riesgo. Muchos de ellos fueron arrestados. Pero continuaré con la lucha por los ucranianos hasta que mi seguridad lo permita”, indicó la joven.

Esa sensación de estar constantemente vigilado por las autoridades es lo que también sienten millones de personas en China, especialmente los defensores de DDHH y las minorías musulmanas. Salih Hudayar, refugiado uigur y primer ministro electo del Gobierno del Turquestán Oriental en el Exilio, escapó a Estados Unidos con su familia cuando era niño luego de que la policía irrumpiera en su hogar y los amenazara a punta de pistola. Más tarde sus parientes cercanos fueron encarcelados o enviados a los llamados “campos de reeducación”. Cuatro de ellos murieron allí pero las autoridades jamás entregaron sus cuerpos. Desde entonces, Hudayar, que nunca pudo volver, lucha por la libertad de esa región china (Xinjiang), aunque ha recibido amenazas de muerte en numerosas ocasiones, según reveló a este medio.

Alex Chow, uno de los fundadores del movimiento de los paraguas en Hong Kong en 2014 y nominado al Premio Nobel de la Paz en 2018 por “sus pacíficos esfuerzos para llevar reforma política y proteger las libertades y autonomía garantizadas en el acuerdo sino-británico”, también tuvo que exiliarse en Estados Unidos después de pasar unos meses en prisión en 2016 por “reunión ilícita”. Desde entonces, “afligido por el destino de muchos de sus compañeros”, continuó su activismo en redes sociales y lamentó en diálogo con LA NACION que “los hongkoneses, los tibetanos, los uigures, los mongoles interiores y los taiwaneses siguen viviendo bajo las amenazas, la humillación y la violencia del régimen ilegítimo de la República Popular China”.

Con más de 500 millones de cámaras, la población china se convirtió en los últimos años en la más vigilada de todo el mundo. Sin embargo, el uso extendido de las redes sociales en Hong Kong han permitido a los opositores al régimen organizarse. “Las redes sociales son una herramienta que permite expresar la disidencia política y generar formas novedosas de participación política. Además de la visibilidad global. En China continental se utilizan redes que no son populares en otras partes del mundo, como WeChat. En cambio, en Hong Kong, están permitidas las redes sociales que usamos nosotros (por ejemplo, WhatsApp, twitter, etc), y han sido muy utilizadas por los grupos disidentes no sólo para denunciar al gobierno, sino también, y sobre todo, para consolidar sus organizaciones y lograr han visibilidad global en sus reclamos”, explica Pilar Álvarez, especialista en el Este de Asia e investigadora del Conicet.

América Latina

Pero las redes sociales dependen del acceso a Internet. Y en muchos países éste es limitado o cortado adrede. En Cuba, por ejemplo, “quitan Internet cuando hay protestas”, comenta a LA NACION Pedro Oswaldo López Mesa, activista de la organización “Ayuda a los valientes del 11J”.

Es que, sorprendentemente, América Latina es una de las regiones más peligrosas del mundo para los defensores de derechos humanos. Según el último reporte de Frontline Defenders, el continente registró la mayor cantidad de asesinatos de éste grupo en 2021. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este año su preocupación por un espiral de “violencia, intimidación y criminalización” contra defensores de DDHH en los primeros meses de 2022. Los casos de ataques, amenazas, y asesinatos registrados por el ente fueron, no solo en gobiernos autoritarios, sino en democracias tales como Brasil, Colombia, Honduras, México y Perú, por lo que se urgió a las autoridades de los países a conducir investigaciones “comprensivas y serias” para resolver la situación urgente y se les recordó su “obligación” de proteger a quienes “defienden los derechos”.

“En toda la región latinoamericana se ha incrementado el uso de la militarización para reprimir la protesta pública, cuando en realidad el rol de la fuerza pública debería ser garantizar el derecho a la protesta. Y también se ha reintroducido el uso de armas letales para reprimir, además de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, tortura en detención, y esto es una cosa que vemos con preocupación que va incrementando, también en democracias”, explica a este medio Clara Ferrerons Galeano, miembro del Observatorio para la protección de los defensores de los derechos humanos de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT).

“No solo hay cada vez más desconfianza en las fuerzas de seguridad sino también en las propias autoridades. Hay un abuso del sistema de justicia penal para criminalizar la libertad de expresión. Identificamos un cierre cada vez mayor de espacios para la sociedad civil, que empieza a buscar respuestas en los organismos internacionales. No obstante, la respuesta no es inmediata y el escrutinio internacional tampoco garantiza que se produzcan cambios en los ámbitos nacionales. Alcanza con observar los ejemplos de Cuba, Nicaragua y Venezuela”, dice a LA NACION Olga Guzmán de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT).

En Nicaragua, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos suma diariamente nuevas detenciones arbitrarias bajo acusaciones tales como “traición a la patria” y “menoscabo contra la integridad nacional”. Las víctimas “son personas inocentes, sustraídas de sus hogares y convertidas en rehenes u obligadas a huir”, afirman, una evidencia de los “niveles de represión sin precedentes” del régimen de Ortega.

En septiembre de este año, la ONU publicó un informe sobre Venezuela en el que concluía que los organismos de inteligencia del Estado venezolano, tanto civiles como militares, funcionan como estructuras bien coordinadas y eficaces para la ejecución de un plan, orquestado desde los niveles más altos del gobierno, para reprimir la disidencia mediante la comisión de crímenes de lesa humanidad.

También en septiembre, los cubanos se manifestaron en las calles unas 364 veces y se produjeron 43 protestas callejeras masivas en distintos puntos de la isla en rechazo al gobierno de Diaz-Canel, según el último informe del Observatorio Cubano de Conflictos. El centro evidenció “el explícito rechazo ciudadano al socialismo”. Solo el día 30, la organización Justicia 11J registró 20 detenciones, que se sumarán a los cientos de detenidos desde las masivas e históricas protestas de La Habana el año pasado.

Entre ellos se encuentra el caso del activista Andy García Lorenzo, quien lleva más de un año detenido en solitario en una celda de dos metros de largo por uno de ancho, según detallaron a este medio sus familiares. “Estuvo en huelga de hambre para exigir que le permitan hacer llamadas telefónicas y siguen sin permitirle el acceso a las mismas. Tiene aspecto cadavérico”, aseguraron.

“Cuando detuvieron a mis hijas por manifestarse pacíficamente, el oficial les dijo que se iban a acordar de él porque iban a demorar en ver el sol en la calle otra vez. Y así lo hizo”, contó a LA NACION Bárbara, madre de las hermanas Rodríguez Isaac Rojas, una de las tantas madres dentro del colectivo de familias que reclama al régimen la liberación de sus seres queridos.

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