Dinamarca apuesta por “el mayor experimento social del siglo” para integrar a sus inmigrantes no occidentales
Miles de departamentos serán demolidos o vendidos bajo un programa gubernamental que efectivamente requiere la integración en ciertos barrios de bajos ingresos
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The New York Times
AARHUS, Dinamarca.- Después de huir de Irán hace décadas, Nasrin Bahrampour y su esposo se establecieron en un luminoso edificio de viviendas públicas con vista a la ciudad universitaria de Aarhus, en Dinamarca. Lo llenaron de plantas en macetas, fotos familiares y alfombras persas, y criaron a dos hijos allí.
Ahora están siendo forzados a abandonarlo bajo un programa gubernamental que efectivamente requiere la integración en ciertos barrios de bajos ingresos donde viven muchos inmigrantes “no occidentales”.
En la práctica, esto significa que miles de departamentos serán demolidos, vendidos a inversores privados o reemplazados por nuevas viviendas dirigidas a residentes más ricos (y a menudo no inmigrantes) para aumentar la mezcla social.
Los medios de comunicación daneses han llamado al programa “el mayor experimento social de este siglo”. Los críticos dicen que es una “política social con una topadora”.
El gobierno dice que el plan tiene como objetivo desmantelar “sociedades paralelas”, que los funcionarios describen como enclaves segregados donde los inmigrantes no participan en la sociedad más amplia ni aprenden danés, aunque se benefician del generoso sistema de bienestar del país.
Los opositores argumentan que es una forma contundente de discriminación étnica en un país con baja desigualdad de ingresos y donde el nivel de privación en las zonas pobres es mucho menos pronunciado que en muchos otros países.
Si bien muchos otros gobiernos han experimentado con soluciones para combatir la privación y la segregación urbanas, los expertos sostienen que exigir una reducción de las viviendas públicas basada en gran parte en el origen étnico de los residentes es una solución inusual, contundente y contraproducente.
En áreas como Vollsmose, un suburbio de Odense donde más de dos tercios de los residentes son de países no occidentales, en su mayoría musulmanes, el mandato del gobierno se está traduciendo en amplias demoliciones.
“Siento que al quitarnos, quieren ocultarnos porque somos extranjeros”, dijo Bahrampour, de 73 años.
Después de meses de búsqueda por la ciudad, ella y su esposo encontraron un departamento más pequeño en otro grupo de viviendas públicas cercano. Aun así, Bahrampour dijo que verse obligada a abandonar su hogar fue desgarrador.
“Se siente como si siempre fuera una refugiada”, manifestó.
El plan de vivienda se anunció en 2018 por un gobierno conservador, pero solo comenzó a tomar una forma tangible más recientemente. Integró parte de un paquete más amplio que se firmó en ley y que sus partidarios juraron que desmantelaría las “sociedades paralelas” para 2030. Entre sus mandatos está el requisito de que los niños pequeños en ciertas áreas pasen por lo menos 25 horas a la semana en preescolares donde se les enseñará el idioma danés y los “valores daneses”.
En un país donde su famoso sistema de bienestar se construyó originalmente para atender a una población pequeña y homogénea, el proyecto de reforma de la vivienda ha tenido un amplio apoyo en todo el espectro político. Eso incluye a los gobernantes socialdemócratas liberales, quienes cambiaron el término utilizado para las comunidades afectadas, sustituyendo “sociedades paralelas” por la palabra “guetos”, muy criticada.
“La sociedad de bienestar es fundamentalmente una comunidad, basada en una confianza mutua en que todos contribuimos”, declaró la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, en marzo en una cumbre de los municipios del país. “Todo eso está siendo seriamente desafiado por las sociedades paralelas”.
La ley establece que en los barrios donde al menos la mitad de la población es de origen o descendencia no occidental, y donde existen al menos dos de las siguientes características: bajos ingresos, baja educación, alto desempleo o un alto porcentaje de residentes con antecedentes penales, la proporción de viviendas sociales debe reducirse a no más del 40% para 2030.
Esto significa que más de 4000 unidades de viviendas públicas deberán ser desalojadas o demolidas. Al menos 430 ya han sido demolidas.
La decisión de qué viviendas permanecerán públicas será tomada por los gobiernos locales y las asociaciones de viviendas. La asociación que opera en Vollsmose dijo que toma sus decisiones no tanto en función de si un edificio está en mal estado, sino de su ubicación y de si funcionaría bien en el mercado abierto. A los residentes desplazados se les ofrece viviendas públicas alternativas en otros edificios o vecindarios.
Desde el principio, el hecho de que el programa se dirija a comunidades en gran parte basadas en la presencia de inmigrantes no occidentales o sus descendientes ha generado críticas generalizadas.
Varios casos judiciales basados en la acusación de que la ley equivale a discriminación étnica han llegado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Incluso las Naciones Unidas han intervenido, con un grupo de sus expertos en derechos humanos diciendo que Dinamarca debería suspender la venta de propiedades a inversores privados hasta que se emita un fallo sobre la legalidad del programa.
Los críticos en Dinamarca y en otras partes han dicho que el país estaría mejor enfocándose en contrarrestar la discriminación contra las comunidades minoritarias, principalmente su población musulmana, si el objetivo es integrar a más personas en la sociedad danesa. Dicen que la ley que creó el programa de vivienda en realidad empeora la discriminación al caracterizar a aquellos con antecedentes de inmigrantes como un problema social que debe resolverse.
También argumentan que los enclaves étnicos han servido históricamente como puntos de llegada para los nuevos inmigrantes en muchos países, lugares donde podían establecerse antes de que las generaciones posteriores se asimilaran.
Lawrence Katz, profesor de la Universidad de Harvard que ha estudiado los efectos de trasladar a familias de áreas de alta a baja pobreza, aseguró que la investigación sobre un programa experimental en Estados Unidos mostró mejoras sustanciales en los resultados para los niños pequeños cuando abandonaron áreas empobrecidas por otras más ricas.
Una gran diferencia entre los dos programas es que el programa de Estados Unidos, Moving to Opportunity, era voluntario.
“Estaría muy preocupado por una política de traslados coercitivos”, remarcó, agregando que si un gobierno reubica a las personas, es crucial que la mejora de un área a otra sea significativa. De lo contrario, dijo, “estás creando traumas sin crear oportunidades”.
El plan de reurbanización está en sus primeras etapas, pero el gobierno dice que el programa está dando frutos según los criterios que estableció.
“La mezcla de personas de diferentes capas de la sociedad está aumentando”, afirmó Thomas Monberg, miembro del Parlamento y portavoz de vivienda de los Socialdemócratas. Explicó que el gobierno actuó porque no podía permitirse “esperar hasta que la gente se esté matando en guerras de pandillas”.
En visitas a varios vecindarios en proceso de reurbanización, algunas personas, tanto las que se van como las que llegan, dijeron estar contentas con los cambios.
“Creo que está funcionando”, expresó Henriette Andersen, de 34 años, diseñadora gráfica que se mudó al barrio de Gellerup, en Aarhus, hace más de dos años. Mientras empujaba un cochecito en su casa adosada de dos pisos recién construida, dijo que podía ver cómo el plan creaba problemas para las personas que eran forzadas a abandonar el vecindario. “Pero es necesario hacerlo si quieres hacer cambios”, agregó.
En Vollsmose, Faila Waenge contó que estaba contenta de irse. Mientras iba de su casa a la lavandería cargando mantas y sábanas, dijo que algunos residentes del área fumaban marihuana y que el vecindario era demasiado ruidoso.
Sin embargo, algunos expertos y residentes dijeron que el experimento que estaba trastornando la vida de las personas se llevó a cabo con muy poca evidencia de que funcionaría.
Gunvor Christensen, hasta hace poco analista principal de investigación en el centro nacional de Dinamarca para las ciencias sociales, aseguró que no ha surgido evidencia científica de que los vecindarios están afectando negativamente las oportunidades de sus residentes en Dinamarca.
“Si hicieran que el programa fuera voluntario, la mayoría de la gente querría quedarse”, argumentó Christensen, quien ahora trabaja para una organización de vivienda social. “El experimento habría fracasado”.
En un día reciente, Shirin Hadi Anad se paró en un patio lleno de muebles cerca de su casa adosada en Vollsmose, que será demolida pronto, observando a los niños jugar con amigos con los que habían crecido. A diferencia de su vecina, Waenge, a Hadi Anad le gustaba vivir allí.
“Habríamos querido dejar este vecindario si hubiera disparos, peleas, apuñalamientos, sirenas de la policía las 24 horas”, dijo. “Pero vivimos en Vollsmose, no en Chicago”.
Por Emma Bubola
Por The New York Times
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