Decenas de hombres y mujeres permanecen varados desde hace casi dos años en ese pequeño territorio administrado por el Reino Unido, merced de las autoridades; “Estamos mental y físicamente exhaustos, vivimos una vida sin vida”, dijo una de las víctimas
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Decenas de migrantes permanecen varados desde hace casi dos años en un pequeño territorio británico en el Océano Índico, tras ser rescatados de un barco de pesca. Describen la isla como un “infierno” y están desesperados por marcharse a un lugar seguro. Dicen sentirse asustados e impotentes, mientras permanecen en aquella isla que dispone de un inusual estatus legal que dificulta su traslado a otro lugar.
Un barco de pesca parecía luchar por mantenerse a flote cerca de la isla de Diego García, a primeras horas de una mañana de octubre de 2021. El navío atrajo de inmediato la atención de las autoridades: la isla alberga una base militar del Reino Unido y Estados Unidos, a cientos de kilómetros de cualquier otra población y donde se prohíbe la entrada de visitantes.
Las 89 personas a bordo, tamiles de Sri Lanka que alegaban ser perseguidos en su país, en realidad no tenían la intención de detenerse en la isla. Planeaban buscar asilo en Canadá, con la ayuda de mapas, anotaciones en un diario y datos del GPS que llevaban a bordo, antes de que el mal tiempo y los problemas del motor los desviaran.
Cuando el barco tuvo problemas, comenzaron a buscar el lugar seguro más cercano, contó a la BBC uno de los hombres que viajaba a bordo: “Vimos un poco de luz y comenzamos a navegar hacia Diego García”. Un barco de la Marina Real británica escoltó el bote hasta la isla y el grupo fue alojado temporalmente.
Aquel encuentro ocurrió hace 20 meses. Y la comunicación entre los funcionarios de la isla y Londres da pistas de por qué los migrantes todavía están allí, luego de que incluso algunos de ellos trataran de suicidarse debido a la situación.
Evento “sin precedentes”
Un abogado que representaba a algunos de los migrantes introdujo una solicitud de información ante el Ministerio de Relaciones Exteriores británico para conocer cómo procedieron las autoridades en el caso. Los documentos, que el abogado compartió con la BBC, muestran que los funcionarios intentaban definir qué hacer con aquel evento “sin precedentes”.
Los primeros mensajes hablaban de planes para “investigar opciones de reparación del motor”, pero decían que “no podían descartar” que el grupo emprendiera solicitudes de asilo en Diego García. Al día siguiente, aquella posibilidad se hizo realidad. Los tamiles presentaron una carta al comandante de las fuerzas británicas en la isla diciendo que huían de la persecución. Unos 18 días antes, zarparon de Tamil Nadu en India y “expresaban el deseo de ser enviados a un país seguro”.
Desde entonces, muchos señalaron que tienen vínculos con los antiguos rebeldes de los Tigres Tamiles de Sri Lanka, un grupo que fue derrotado en la guerra civil que culminó en 2009. Por ello, fueron perseguidos. Algunos alegan que fueron víctimas de tortura o agresión sexual.
Una “nota informativa” oficial, aprobada en Londres por el director de territorios de ultramar, Paul Candler, dice que la “llegada inesperada” del grupo constituía la primera vez que se solicitaba asilo en el Territorio Británico del Océano Índico (BIOT, por sus siglas en inglés), el nombre oficial de la isla.
Agregó que si los medios de comunicación lo abordaban, la “línea defensiva” oficial sería que el gobierno del Reino Unido estaba “al tanto del incidente” y estaba “trabajando con urgencia para resolver la situación”. El grupo “actualmente no tiene medios de comunicación con el mundo exterior, [pero] con el paso del tiempo es muy probable que se propaguen las noticias”, sumó el funcionario.
En los meses siguientes, mientras los mensajes iban y venían de Londres, llegaron más barcos a Diego García. En un momento, el número de personas en el campamento aumentó a por lo menos 150, estiman los abogados, cuando otros llegaron a la isla desde Sri Lanka.
Intentos de suicidio
Mientras tanto, los solicitantes de asilo comenzaban a caer en cuenta de su realidad. “Al principio estaba feliz, pensando: ‘Sobreviví, tengo comida y estoy lejos de la tortura’”, dijo a la BBC Lakshani, una de las migrantes, el mes pasado - vale aclarar que los nombres de los afectados fueron cambiados para proteger su identidad -.
Sin embargo, aseguró que el refugio de la isla tropical “resultó ser un infierno”. La mujer aseguró que fue agredida sexualmente en octubre del año pasado por un hombre que viajaba en el mismo bote y estaba alojado en la misma tienda que ella.
“Empecé a gritar, pero nadie vino a ayudar”, dijo. Cuando se sintió capaz de presentar una denuncia oficial, le dijeron que era difícil reunir pruebas porque se había lavado la ropa. Afirmó que tuvo que permanecer en la misma tienda con su presunto atacante durante casi una semana hasta que las autoridades finalmente respondieron a su demanda de que lo trasladaran.
El gobierno del Reino Unido y la administración de BIOT no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre esta acusación. Lakshani y otros dijeron a la BBC que ellos, o personas que conocían, habían intentado suicidarse o se habían autolesionado debido a la angustia, tragando incluso objetos afilados. Los abogados dicen estar al tanto de al menos 12 intentos de suicidio y denuncias de dos agresiones sexuales dentro del campamento.
“Estamos mental y físicamente exhaustos. Vivimos una vida sin vida. Siento que estoy viviendo como un hombre muerto”, dijo a la BBC Vithusan, otro migrante que confesó haberse provocado heridas dos veces. Otro hombre, Aadhavan, contó que después de que se rechazara su solicitud inicial de protección, “perdió toda esperanza” y decidió quitarse la vida. “No quería vivir aquí como un animal enjaulado para siempre”, dijo. Le contó a otra migrante y ella alertó a las autoridades del campamento, quienes organizaron el tratamiento médico.
Otra mujer, Shanthi, señaló que su marido también había intentado suicidarse. Lakshani dijo que su propio intento de quitarse la vida fue provocado por un oficial en el campamento que le dijo que la enviarían de regreso a Sri Lanka, donde alega que fue violada y torturada por soldados en 2021.
El gobierno del Reino Unido y G4S, la empresa de seguridad privada contratada para proteger el campamento de migrantes, no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre este reclamo específico.
G4S dijo que sus funcionarios trataron a los migrantes en la isla con “dignidad y respeto en todo momento”, mientras que un portavoz del gobierno del Reino Unido añadió que el “bienestar y la seguridad” de los migrantes en BIOT era “fundamental” y que “todas las denuncias de maltrato se toman en serio y son investigadas a fondo”. El portavoz agregó que la administración de BIOT estaba brindando “un amplio apoyo médico”. Los migrantes también hacen huelgas de hambre, que según los abogados involucran a niños.
Autoridades responsables
Los abogados dicen que el comisionado de BIOT confiscó los teléfonos de los migrantes, bloqueó el acceso al teléfono comunal y retiró el tratamiento médico “a menos de que las personas estuvieran dispuestas a firmar un formulario en el que renunciaban a (atribuir) ciertas responsabilidades a la administración local”.
Las autoridades desestimaron esta acusación en documentos judiciales. Alegaron que en respuesta a una huelga de hambre se retiraron objetos afilados del campamento y se tomaron otras medidas para evitar las autolesiones.
Todos parecen estar de acuerdo en que la base militar Diego García no es un lugar destinado a albergar a solicitantes de asilo. Gran Bretaña tomó el control de las Islas Chagos, de las que forma parte Diego García, en 1965, cuando Mauricio todavía era su colonia. Luego desalojó a su población de más de 1000 personas para instalar la base militar.
Mauricio, que se independizó del Reino Unido en 1968, sostiene que las islas son suyas y el tribunal supremo de las Naciones Unidas dictaminó que la administración del territorio por parte del Reino Unido es “ilegal” y debe terminar. Sin embargo, el Gobierno británico resistió la presión internacional para iniciar conversaciones sobre las islas hasta finales del año pasado, cuando accedió a abrir negociaciones.
Durante las últimas décadas, se enviaron aviones estadounidenses desde la base para bombardear Afganistán e Irak, y también se sabe que fue un “sitio negro” de la CIA, una instalación utilizada para albergar e interrogar a sospechosos de terrorismo.
Los documentos judiciales presentados en Londres indican que las tiendas de campaña desplegadas para el aislamiento del personal militar por el coronavirus se convirtieron en un campamento improvisado para los migrantes. Cercas rodean el campamento y en el interior hay instalaciones médicas básicas y una cantina. Los guardias de G4S deben acompañar a los migrantes si abandonan el área.
“Somos como loros, estamos en una jaula”, dijo Shanthi al describir la custodia. Los abogados que representan a los migrantes dicen que la educación básica estuvo disponible desde hace aproximadamente un año, pero que en ocasiones las clases se llevan a cabo al aire libre debido a una plaga de ratas.
El dilema de quedarse o irse
Algunos migrantes regresaron a sus hogares, tras renunciar a su solicitud o una vez que fue rechazada. Otros zarparon hacia la isla de la Reunión, un territorio francés en el Océano Índico, con la esperanza de solicitar asilo allí, explicaron los abogados.
Actualmente, al menos 60 tamiles permanecen en Diego García. Esperan decisiones sobre sus destinos o impugnan fallos anteriores en procesos legales complicados que se desarrollan a miles de kilómetros de distancia, en el Reino Unido.
Si bien el Reino Unido suscribe las leyes internacionales sobre el derecho de los refugiados, los documentos judiciales dicen que esto no se aplica a BIOT, un área descrita como “constitucionalmente distinta y separada del Reino Unido”. Se estableció un proceso separado, basado en la idea de que nadie debe ser devuelto a un país donde enfrenta tortura o trato inhumano, para determinar si pueden regresar a Sri Lanka o a un “tercer país seguro”.
La abogada Tessa Gregory indicó que la firma de Londres para la que trabaja, Leigh Day, inició una revisión judicial en nombre de varios solicitantes de asilo sobre Diego García, desafiando la “legalidad” de este proceso, que ella describe como “fundamentalmente injusto”. Aseguró que las decisiones de devolver a algunos migrantes a Sri Lanka se tomaron sobre la base de entrevistas iniciales apresuradas y que otras más completas tuvieron errores de traducción. Otros quedaron “en el limbo”, ya que el gobierno del Reino Unido aún no indentificó un tercer país seguro que pueda recibirlos.
Mientras tanto, el gobierno británico insiste en que las autoridades de la isla “están considerando las solicitudes de protección de los migrantes bajo la ley BIOT y en línea con las obligaciones legales internacionales”. La oficina del Reino Unido de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) dijo a la BBC que estaba preocupada por los informes sobre el “deterioro de la situación de salud” de los migrantes en Diego García y que solicitó acceso a las autoridades, pero aún fue concedido.
La obligación de proteger a los migrantes
Emilie McDonnell, coordinadora de Defensa y Comunicaciones en el Reino Unido de la organización Human Rights Watch, dijo que el gobierno británico “debería considerar todas y cada una de las opciones para garantizar el bienestar de estos solicitantes de asilo que se encuentran en territorio controlado por Gran Bretaña y, por lo tanto, deben ser protegidos por el gobierno británico”.
El Reino Unido dijo que no aceptará a ninguno de los solicitantes de asilo de Diego García, según los abogados. Tres de los tamiles que llegaron a la isla se encuentran en Ruanda, recibiendo tratamiento médico después de haber sido evacuados tras provocarse lesiones e intentar suicidarse. Su traslado no forma parte del acuerdo entre el gobierno británico y el ruandés para enviar a solicitantes de asilo del Reino Unido al país africano.
En una carta enviada a uno de ellos en mayo, a la que tuvo acceso la BBC, la administración de BIOT dijo que buscaría y pagaría alojamiento privado mientras recibían tratamiento en Ruanda, incluida la terapia. “Si no está satisfecho con la propuesta, podemos organizar su regreso a Diego García. No hay otra opción disponible en este momento”, decía la misiva.
Las solicitudes de cuatro migrantes para ser trasladados a un “tercer país seguro” fueron aprobadas. Una carta enviada hace dos meses a uno de ellos decía: “Se hará todo lo posible para cumplirlo de manera expedita”.
En una declaración separada a la BBC esta semana, el gobierno del Reino Unido dijo que estaba “trabajando incansablemente con la administración de BIOT para encontrar una solución a largo plazo para la situación actual”. Sin embargo, la estancia en la isla podría prolongarse para todos sin un plazo claro, tanto para quienes intentan llegar a un tercer país seguro como para quienes disputan los rechazos. Después de 20 meses de espera, un solicitante de asilo dijo que todos “parecían haber perdido la esperanza”.
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