Denuncia de estafa y violencia: la odisea de dos argentinos para conseguir la residencia de Uruguay y poder vacunarse
A comienzos de este año, cuando no tenía perspectiva de vacunarse en el país, el matrimonio de jubilados contrató un gestor para conseguir los documentos uruguayos; la demora de meses terminó con acusaciones cruzadas
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MONTEVIDEO.- A inicios de este año el Covid-19 no daba tregua en Uruguay y tampoco en la Argentina. En este contexto, al ver que la vacuna no les llegaría en forma rápida, un matrimonio argentino se contactó con un gestor de Maldonado para que les tramitara la residencia en Uruguay y así poder inocularse.
Se trata de un matrimonio de jubilados que posee un apartamento en Punta del Este, según dijeron a El País fuentes del caso.
Tras acordar el pago del trámite, el gestor le dijo a sus clientes que él se iba a encargar de todo. Pero pasaron los meses y el trámite no avanzó.
Los clientes del gestor estaban desesperados y decidieron trasmitir el problema a un amigo, un poderoso empresario propietario de una cadena de carnicerías ubicadas en el sur del país. Este les respondió que “no iba a dejar las cosas en el aire” y que iba a tomar cartas en el asunto.
El 12 de junio de este año, el empresario se dirigió hacia el edificio donde vivía el gestor con su familia. Logró entrar a la vivienda y como la puerta del apartamento estaba abierta, ingresó también allí.
Así fue como tomó los documentos que estaban a nombre del matrimonio argentino. Un hijo del gestor, que es menor de edad, intentó enfrentar al empresario. Primero trató de que no se llevara nada y luego de impedir su salida del apartamento. No lo logró.
El empresario sustrajo de la oficina del gestor las cédulas de identidad uruguayas del matrimonio argentino y sus partidas de nacimiento, según dijo a El País una fuente del caso.
Poco después, el empresario retornó al edificio. Visiblemente enojado, quería exigir explicaciones al gestor por no haber entregado a sus amigos las cédulas de identidad y otros documentos. Al encontrarse con el gestor fue que comenzó a increparlo por la demora en el trámite pese a que había recibido el pago de su trabajo.
Según la fuente, la discusión subió de tono y ambos hombres comenzaron a pelear. Al día siguiente, 13 de junio de 2021, el gestor presentó una denuncia penal contra el empresario por hurto.
Medidas
El fiscal Schubert Velázquez empezó a investigar y luego solicitó la formalización de la investigación del empresario del sector cárnico por los delitos de violación de domicilio, lesiones graves y justicia por mano propia con lesiones personales en calidad de autor.
Según informó FM Gente, el caso conmovió a la comunidad israelita de Maldonado puesto que los implicados pertenecen a la misma e, incluso, entre las medidas cautelares dispuestas por la Justicia contra el empresario figuraba la prohibición y acercamiento por parte de este hacia el gestor y su familia e incluía su asistencia a una sinagoga de Punta del Este. En forma paralela, el matrimonio argentino presentó una denuncia penal contra el gestor.
El lunes 20, el abogado del empresario del sector cárnico y del matrimonio argentino, Sebastián Serrón, y el defensor del gestor, Bruno Aldecoa, presentaron al fiscal Velázquez un acuerdo reparatorio.
El documento, al que accedió El País, establece que el matrimonio argentino expresa que el gestor “no cometió” ningún ilícito y que “colaboró activamente” en “la obtención de la documentación y la vacunación”. Por lo tanto, señala el acuerdo, el matrimonio argentino desiste de la denuncia de estafa.
A su vez, el empresario del sector cárnico ofreció el pago contado de una suma -no trascendió el monto- al gestor como indemnización por haber ingresado en forma violenta a su domicilio.
Según el documento, la irrupción del empresario en el apartamento “habría violentado profundamente” el núcleo familiar del gestor, incluyendo a su hijo menor, quien sufrió “graves consecuencias psicoemocionales” tras “el exabrupto cometido”. Luego de la firma del acuerdo, el caso fue archivado y las personas involucradas quedaron sin antecedentes penales.
Por Eduardo Barreneche
El País (Uruguay)
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