¿Delitos políticos o actos de vandalismo? La diferencia que puede cambiar el destino de los prófugos bolsonaristas en la Argentina
Los seguidores del expresidente de ultraderecha que escaparon de Brasil serían recibidos con un marco político y jurídico favorable
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BRASILIA.- La ofensiva de la Policía Federal para encontrar a los prófugos del asalto del 8 de enero de 2023 se topará en la Argentina con una serie de obstáculos -jurídicos y políticos- que podrían dificultar la extradición de los acusados investigados por su participación en los actos golpistas que culminaron con la invasión y destrucción de la sede de los Tres Poderes el año pasado.
Según las autoridades brasileñas, por lo menos 60 personas huyeron a la Argentina tras romper sus tobilleras electrónicas y entrar en el país vecino.
Se espera que la Policía Federal formalice los pedidos de extradición de los prófugos en los próximos días, pero puede enfrentar una serie de obstáculos para traerlos de vuelta, como quiere el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes.
Según el columnista Lauro Jardim, las autoridades diplomáticas y ejecutivas están preocupadas por la posibilidad de una “crisis diplomática” sin precedentes si el gobierno de Javier Milei, aliado de Jair Bolsonaro, negara la extradición de los condenados.
“Hay una serie de obstáculos jurídicos, sin hablar de cuestiones diplomáticas como las predilecciones políticas del gobierno de Milei. No es un caso sencillo”, afirma una de las autoridades implicadas en el desarrollo del caso.
Uno de los obstáculos en el horizonte es que el Tratado de Extradición entre Brasil y la Argentina, firmado en 1968, estipula que no se concederá la extradición cuando el delito cometido “constituya un delito político o un hecho relacionado con tal delito”.
La ley argentina de 1997 que regula la cooperación internacional va en la misma dirección, al afirmar categóricamente que no se concederá la extradición cuando el delito por el que se solicita sea un “delito político”.
El acuerdo de extradición firmado entre los miembros del Mercosur en 2006 también dedica un capítulo a los delitos políticos, vetando expresamente “la extradición por delitos que el Estado Parte requerido considere políticos o relacionados con otros delitos de naturaleza política”.
El argumento del gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva para contrarrestar el uso del “delito político” como escudo será que se trata de personas que han incumplido decisiones judiciales y medidas cautelares, y que las leyes internacionales protegen la actividad política -que es diferente de promover la depredación y destrucción de instalaciones públicas-. Aun así, la cuestión tiende a ser controvertida.
“El problema es que la decisión corresponde a la Argentina. Si las autoridades argentinas consideran que los actos cometidos constituyen un crimen político, esto dificultará la solicitud de extradición”, afirma Paula Almeida, profesora de Derecho Internacional en la escuela de posgrado FGV Direito Rio.
Los acusados por los actos del 8 de enero están siendo investigados en Brasil, en general, por delitos como asociación criminal, abolición violenta del Estado democrático de derecho, intento de golpe de Estado, así como daños cualificados y deterioro del patrimonio protegido.
Para complicar aún más las cosas, la Ley General de Reconocimiento y Protección de Refugiados de la Argentina establece que la discusión sobre el refugio debe tener lugar antes de la decisión de extradición.
En otras palabras, si los prófugos brasileños solicitan refugio a las autoridades argentinas, el país debe analizar primero esas solicitudes antes de decidir sobre la extradición. En este caso, los investigados tendrían que probar que huyeron de Brasil por persecución política. Aún se desconoce si alguno de ellos ha solicitado refugio, ya que estas peticiones se están tramitando en secreto.
El alineamiento Bolsonaro-Milei
La ofensiva del gobierno brasileño también choca con otros actores políticos, como el presidente Javier Milei y la Corte Suprema argentina. El mandatario es aliado de Jair Bolsonaro y de la derecha brasileña, y los tribunales argentinos tradicionalmente niegan las solicitudes de extradición cuando se trata de refugiados políticos.
“Si el gobierno argentino deniega el pedido de refugio, entonces la cuestión de la extradición recaería en la Corte Suprema argentina. Si el Tribunal considera que se trata de un delito político, no extraditará”, añade Paula Almeida.
Pero para Christian Cao, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires, hay margen para considerar que los prófugos no han cometido un delito de naturaleza política según la legislación argentina.
“Obligar a diputados y senadores a votar sobre un determinado tema o impedir el funcionamiento del Congreso es un atentado contra el orden constitucional. Pero vandalizar un edificio, por grave que sea, no es atentar contra el orden constitucional. Deberían responder de los daños materiales”, afirma.
En opinión del profesor, los actos podrían haber sido calificados de atentado contra el orden constitucional -y por tanto convertirse en políticos- si los manifestantes hubieran, por ejemplo, tomado la sede del poder durante un largo periodo de tiempo (y no solo durante unas horas como ocurrió al final) o interrumpido el trabajo del Tribunal Supremo o del Congreso, paralizando un juicio o una sesión parlamentaria en curso. Los actos golpistas tuvieron lugar un domingo de enero, en pleno receso.
Además, según autoridades brasileñas consultadas, la discusión tiene que girar en torno al hecho de que los prófugos están violando medidas cautelares y desobedeciendo órdenes judiciales.
“Los brasileños que huyeron a la Argentina no están siendo técnicamente perseguidos, ya que están respondiendo a un proceso judicial regular en Brasil, con derecho a defensa plena y contradictorio, lo que da a este proceso la condición de debido proceso legal”, afirma el abogado y profesor de la FGV Jean Menezes de Aguiar.
“Otra situación es si el presidente argentino querrá aceptar algún argumento político de ‘persecución’, pero se estima que internamente en la Argentina esto causaría enormes problemas legales, ya que todo el mundo sabe, incluso él, que estos prófugos brasileños responden a procesos regulares, por no hablar de las consecuencias políticas con el mayor socio comercial del Cono Sur.”
El jueves pasado, la Policía Federal movilizó agentes en 18 estados y en el Distrito Federal para intentar capturar a más de 200 prófugos de la Operación Lesa Patria, que investiga los atentados antidemocráticos en Brasilia.
Rafael Moraes Moura
Por O Globo/GDA
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