Del Qatargate al Moroccogate: Europa le apunta a Marruecos tras el escándalo de corrupción en el Parlamento
El organismo europeo va a discutir por primera vez la situación de los derechos humanos en el país del norte de África
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RABAT.– Durante muchos años, las instituciones europeas han tratado a Marruecos con guante de seda: acuerdos comerciales preferenciales, apoyo velado a sus tesis en el conflicto del Sahara Occidental y silencio ante el incremento de la represión a la disidencia. Sin embargo, esta realidad ha empezado a cambiar tras el estallido de un escándalo de corrupción por el que varias personalidades vinculadas al Parlamento Europeo habrían cobrado grandes sumas de dinero a cambio de favores a Qatar y Marruecos, incluida su vicepresidenta, la socialista griega Eva Kaili.
Por primera vez, este jueves el Parlamento Europeo va a discutir la situación de los derechos humanos en el país del norte de África, con una especial atención a los ataques a la libertad de prensa. Algunas de las propuestas de resolución filtradas a la prensa son inusualmente duras, y por ejemplo, condenan el encarcelamiento de Omar Radi, un periodista independiente condenado el año pasado a seis años de cárcel. En Rabat, han sonado las señales de alarma, y se han activado todos sus palancas en Bruselas para evitar la aprobación de la resolución, o suavizar su contenido.
El periodista Ignacio Cembrero, excorresponsal de El País de España en el reino alauí durante años y ahora perseguido judicialmente por el régimen, define a Marruecos como “el niño mimado” del Parlamento Europeo, y denuncia unos oscuros vínculos entre varios partidos socialistas europeos, incluido el PSOE, y la monarquía alauí. Aunque el reciente escándalo de corrupción se ha bautizado como “Qatargate”, Cembrero cree que sería mejor hablar de “Moroccogate”, ya que sería este país quien habría creado ya hace más de una década la red de políticos corruptos, y Qatar tan solo la habría usado años más tarde.
La compra de favores habría tenido como objetivo ganar apoyos en el conflicto del Sahara Occidental, un territorio en disputa tras el fin de la colonización española y motivo de la “guerra fría” con Argelia, así como lograr carta blanca para reprimir a la oposición. “Marruecos es formalmente una democracia, pero todo el mundo sabe que el poder está realmente en el Palacio Real y su entorno”, comenta un Maati Monjib, un periodista y profesor que pasó varios meses en la cárcel en 2021 por sus aceradas críticas al régimen.
En los años 90, en los estertores del reinado de Hassan II, padre del actual monarca, Mohamed VI, se abrió un proceso de liberalización que mejoró sustancialmente la imagen del país en la prensa internacional. No obstante, los disidentes aseguran que poco después del inicio de las llamadas “Primaveras Árabes”, el sistema se ha ido endureciendo. “Cualquier persona que sea muy crítica con el rey o con los servicios de seguridad sufre la represión y puede acabar en la cárcel”, apunta Khadija Riady, ex presidenta de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos.
Depositaria de siglos de experiencia gobernando el país –la dinastía alauí es de las más longevas del mundo–, a menudo la represión se ejerce de forma sibilina. “En lugar de condenar a los periodistas independientes por delitos de opinión, ahora se fabrican casos de falsos delitos sexuales, lo que dificulta las denuncias de las organizaciones de derechos humanos internacionales”, apunta Edith Rodríguez, responsable de Reporteros Sin Fronteras para Marruecos (RSF). Este es el caso de los periodistas Omar Radi, Suleiman Rauisuni y Taufik Bouachrine. Todos ellos se hallan en prisión por delitos sexuales tras haber publicado reportajes de investigación de temas sensibles, sobre todo la corrupción en las altas esferas. De acuerdo con RSF, una decena de periodistas languidecen entre rejas en Marruecos.
En consecuencia, actualmente, la prensa independiente ha prácticamente desaparecido en el país norteafricano. Según Monjib, la han sustituido unos nuevos medios controlados por los sistemas de seguridad que se dedican a realizar campañas de difamación contra los disidentes. “Los medios oficialistas nos han acusado de todo: de traidores, de pervertidos, de ser agentes extranjeros … Para nosotros es muy grave. El capital de una asociación de derechos humanos es su credibilidad, y estas campañas nos deslegitiman frente a la población”, lamenta Riady, cuya asociación ha visto como la mayoría de sus socios extranjeros cortaban relaciones a causa de las presiones del gobierno. “Nos dicen: lo sentimos, pero si colaboramos con ustedes, nos han dicho que deberemos partir del país”, añade.
El retroceso de las libertades en Marruecos coincide con una tendencia a nivel global, y más acusada todavía en el mundo árabe. Tras los golpes de Estado en Túnez y Egipto, ya no sobrevive ninguna de las transiciones a la democracia nacidas de las revueltas que en 2011 derrocaron a varios dictadores que parecían intocables.
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