Del conurbano a Río de Janeiro: ¿Qué está haciendo la región con sus villas?
Favelas, ciudades perdidas, pueblos jóvenes, villas de emergencia, población callampa, cantegriles. Mucha creatividad lingüística para tan poca presencia del estado, para tanto hacinamiento, para una misma realidad: la de los barrios marginales en América Latina. Del conurbano bonaerense a Río de Janeiro, más de 113 millones de personas del continente viven donde muchas veces el narco manda, los movimientos sociales reparten bolsones de comida y el agua potable es un privilegio.
El aislamiento total de Villa Azul, ubicada en los municipios bonaerenses de Quilmes y Avellaneda, por la detección de un foco infeccioso en el lugar, en pleno aumento exponencial de los casos de coronavirus en la Argentina, retomó un debate postergado: la situación de los barrios vulnerables en el país y en América Latina. Esta vez, agravado por el contexto de la crisis sanitaria.
"La pandemia del Covid-19 dejó en evidencia que América Latina sigue siendo una de las regiones más desiguales e inequitativas del mundo. Las políticas preventivas de salud pública son muy difíciles de cumplir por parte de aquellos que viven en condiciones de pobreza", destacó a LA NACION José Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch.
La cuestionada medida tomada por la Provincia de Buenos no es un caso aislado, ya que según aclaró el gobernador Axel Kicillof, podría replicarse en otras zonas de emergencia bonaereneses. ¿Es este un ejemplo a seguir para la región o un accionar que no encuadra dentro de los estándares internacionales de derechos humanos? .
"Son medidas que no han demostrado ubicarse dentro de los criterios de proporcionalidad y necesidad, porque este tipo de accionar termina exponiendo a personas que no están contagiadas a situaciones de mayor riesgo. En una emergencia de esta naturaleza, que tiene que ser vista como una crisis sanitaria, pero también de derechos humanos, las respuesta de los estados, en cambio, termina exacerbando las condiciones de desigualdad", advirtió a LA NACION Erika Guevara Rosas, directora de las Américas en Amnistía Internacional.
En tiempos de pandemia, los organismos de derechos humanos, alarmados por el hacinamiento en la cárceles de la región, donde la sobrepoblación en algunos países llega al 200%, recomendaron descomprimir el sistema penitenciario. Más allá del abanico de reacciones de los distintos países, las respuestas fueron inmediatas. Sin embargo, en lo que respecta a medidas preventivas para evitar la propagación del virus en los barrios de emergencia, no existe una hoja de ruta concreta por parte de los estados latinoamericanos.
"Los barrios vulnerables se están convirtiendo en cárceles. En Honduras, El Salvador, Chile y México, por ejemplo, se hace uso de las fuerzas armadas para contener a la personas en este tipo de asentamientos. Hay una criminalización de la pobreza. Los estados se están moviendo más con un enfoque represivo y en realidad terminan vulnerando los derechos humanos de las personas más expuestas", alertó Guevara Rosas.
Lo cierto es, como dijo el presidente Alberto Fernández al referirse a esta cuestión, que no existen antecedentes de políticas públicas sanitarias tomadas en barrios marginales o asentamientos de Estados Unidos o Europa, países donde las villas de emergencia no fueron una variable a tener en cuenta a la hora de trazar una estrategia sanitaria.
Más allá de la falta de modelos a seguir, la problemática de los barrios vulnerables exhibe décadas de abandono que hoy amenazan con transformarse en una bomba de tiempo en la región declarada como el nuevo epicentro de la pandemia. "Este virus desnudó la subinversión crónica en los sistemas de salud, incluso en la arquitectura de salud pública", analizó Maureen Birmingham, representante de la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud en la Argentina. Y detalló también que "la pandemia hace urgente la necesidad de superar las desigualdades estructurales que limitan el acceso a los servicios de salud".
Brasil
"Donde no hay estado, las milicias y el narco mandan", resume Joaquim Pinero, coordinador de la organización Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil, sobre la realidad de la favelas, donde se registró, según el último censo oficial de 2010, que viven más de 11,4 millones de personas, aunque se estima que el número ascendería hoy a 14 millones.
Brasil superó los 500.000 contagios y se convirtió en el cuarto país más afectado de la región al registrar 28.834 fallecidos. Rocinha, Maré y Complexo do Alemão son las principales villas de emergencia en Río de Janeiro, donde se observa un crecimiento exponencial del virus, a pesar de la falta de cifras oficiales.
"El 75,5% de las personas en las favelas en Río de Janeiro no busca ayuda médica, mientras que el 50% conoce a alguien que tiene o tuvo coronavirus. El 10% de los contagiados en estas villas de emergencia se muere en su casa y el 8,8% de los habitantes tiene un infectado en su hogar", precisó el analista internacional Gustavo Segré. Y resaltó, además, que en las comunidades vulnerables en San Pablo como Piriápolis y Heliópolis se concentra una tasa de mortalidad diez veces mayor que en barrios de clase media. Dato poco sorprendente si se tiene en cuenta que en esta ciudad, la más poblada del país, el sistema público está al borde del colapso, con una ocupación del 91 % de las camas de terapia intensiva, según declaraciones del alcalde paulista, Bruno Covas.
Las rispideces entre las autoridades locales y el presidente Jair Bolsonaro se tradujeron en una falta de políticas sanitarias a nivel país. En Brasil no hay una cuarentena obligatoria nacional, sino que la potestad del aislamiento social es de los gobernadores. Es en esta nebulosa de poder que se encuentran inmersas las favelas. Según Pinero, la presencia del estado en estos lugares es nula por lo que se generó un proceso de autoorganización y cuidados colectivos para enfrentar la pandemia. Aún así, son el narco y las milicias los que controlan el horario de apertura de los comercios, orientan a la gente a utilizar barbijos y aplican a su gusto el toque de queda. Todo sea por proteger sus negocios.
Perú
Perú fue el primer país en América Latina en adoptar medidas para contener el coronavirus al decretar el confinamiento obligatorio el 16 de marzo, pero los contagios se dispararon en el país en las zonas más vulnerables. Las razones se deben a cuestiones estructurales, como la falta de acceso al agua y la precariedad laboral, que golpea especialmente a los llamados pueblos jóvenes. "Allí hay mucha informalidad y en muchos casos no hay saneamiento, agua o electricidad y la gente ha salido a las calles por la necesidad de ir a los mercados todos los días para conseguir comida", explicó a LA NACION Luis Benavente, director de la consultora Vox Populi de Perú.
El virus empezó a concentrarse en los mercados peruanos y se propagó entre comerciantes y habitantes, que luego llevaban la enfermedad a su casa. Por ejemplo, en el Mercado de Frutas del distrito limeño de La Victoria, el 86% de los comerciantes dio positivo al Covid-19. "Mucha gente salía a la calle a vender porque el 70% de los peruanos tiene una economía informal", relató Benavente. Y allí reside el corazón del problema: "La informalidad está haciendo que en los barrios marginales los contagios continúen. Se están haciendo pruebas rápidas en los mercados, se han dado bonos a los más pobres, pero no hay una decisión muy fuerte como un aislamiento o un encierro para las zonas más vulnerables", reflexionó.
Chile
El coronavirus también se sintió con fuerza en las poblaciones vulnerables de Chile, donde todavía siguen latentes las revueltas que estallaron en octubre del año pasado. Al principio, las medidas de confinamiento por la pandemia se impusieron a las viejas manifestaciones, pero la crisis sanitaria empeoró el panorama económico y las personas en los barrios más pobres, especialmente al sur de Santiago, volvieron a las calles a reclamar la falta de comida y trabajo. "El primer sector donde hubo una protesta es en la zona más pobre de la comuna de El Bosque. Allí hay un gran índice de informalidad del empleo y pobreza multidimensional. Es una superposición de muchas inequidades: mal trabajo, mala vivienda, mala salud, hacinamiento, narcotráfico y ahora se están concentrando la mayor cantidad de casos de Covid-19", explicó Leonardo Moreno, experto en políticas públicas de la Fundación Superación de la Pobreza en diálogo con LA NACION.
Para intentar paliar la situación, el presidente chileno, Sebastián Piñera, anunció la distribución de 2,5 millones de cajas de alimentos a los más pobres, sumado a un bono familiar equivalente a 317 dólares para unos 4,5 millones de los chilenos más vulnerables, pero estos auxilios no alcanzan. "El gobierno pidió que las familias se queden en sus casas porque finalmente no hay otra solución. Pero para la mayoría de las personas que viven allí estar en confinamiento es casi un privilegio. La gente tiene que comer y el enojo es porque solo se entregan cajas", indicó Moreno.
De Chile a Villa Azul, para Guevara Rosas se tratan de "medidas de confinamiento ridículas y ofensivas". La especialista en derechos humanos distingue en la región un ciclo pandémico atravesado por una fuerte variable: la lucha de clases. El virus que en una primera instancia afectaba a quienes habían viajado a Europa hoy se cuela por los pasillos de las villas, favelas, pueblos jóvenes, donde "la consigna de quedarse en casa a veces ni siquiera es una opción segura".
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