De presidentes a presidiarios: se multiplican los exlíderes de la región en apuros judiciales

BOGOTÁ.– Los expresidentes latinoamericanos vuelven a estar en apuros. La Corte Nacional de Justicia de Ecuador (CNJ) anunció que ha iniciado el trámite de extradición contra Rafael Correa, sobre quien pesa una condena de ocho años de cárcel por corrupción. El exmandatario, que vive en Bélgica, es prófugo de la Justicia ecuatoriana tras una condena ratificada por la propia sala penal de la CNJ.

Solo unas horas antes, las autoridades hondureñas entregaban a Estados Unidos al expresidente José Orlando Hernández, que gobernó Honduras con mano de hierro durante ocho años. Solo han transcurrido 85 días desde que su sucesora, la izquierdista Xiomara Castro, lo sucedió en la presidencia.

Sobre Hernández pesan fuertes acusaciones por narcotráfico. El exmandatario aterrizó en Nueva York, cabizbajo y esposado, y desde el aeropuerto fue trasladado hasta el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en donde pasó su primera noche tras las rejas.

Hasta el 10 de mayo no le leerán los cargos que tiene en contra en un caso en el que su hermano, Tony Hernández, puede declarar contra él. Un juez federal condenó el año pasado a Tony a cadena perpetua por cuatro casos de narcotráfico. Todos los indicios apuntan a que el líder de la derecha hondureña pasará un largo tiempo en prisión.

“Honduras nunca volverá a ser la misma. De nuestra generación depende dignificar al pueblo y darle a la patria la soberanía, independencia y estatura moral que reclama para su refundación”, destacó la presidenta Castro en un momento histórico para su país.

Pese a la condena firme en su contra, Correa no tiene un panorama tan oscuro como Hernández, aun cuando fue el mismo Iván Saquicela, el presidente de la Corte, quien firmó anteayer su pedido de extradición.

El proceso contra Correa, antigua estrella televisiva de Russia Today (RT) y una de las puntas de lanza de la desinformación del Kremlin en el continente, está salpicado de obstáculos, pese a considerarse demostrado que el exmandatario participaba en la trama de financiación irregular de su partido, Alianza País. El oficialismo obtuvo fondos ilegales a cambio de suculentos contratos para la constructora brasileña Odebrecht.

El obstáculo principal se conoció esta semana, cuando el abogado defensor del líder revolucionario y el grupo parlamentario del correísmo desvelaron que Correa cuenta desde hace pocos días con el asilo político concedido por el gobierno belga. La Cancillería ecuatoriana no tiene confirmación oficial de este supuesto asilo. “Este sinvergüenza (Saquicela) no se cansa de hacer el ridículo. Recuerde que él fue uno de los jueces que me impidió ser candidato e hizo a (Guillermo) Lasso presidente”, reaccionó Correa a través de sus redes sociales.

No se trata, ni mucho menos, de los dos únicos exmandatarios regionales que se enfrentan con la Justicia. En Perú, el juicio contra Ollanta Humala prosigue la semana que viene con nuevas audiencias, con las que se intenta determinar si el expresidente es culpable de lavar activos en sus campañas electorales con dinero procedente del gobierno de Hugo Chávez y de Odebrecht. El antiguo militar permaneció en prisión preventiva durante nueve meses.

También Alberto Fujimori, encarcelado desde hace 15 años, enfrenta los tira y afloja entre distintas instituciones tras decretarse su indulto, paralizado posteriormente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado “abstenerse de implementar” la liberación del recluso, condenado a 25 años de cárcel por el asesinato de 25 personas durante la lucha contra Sendero Luminoso.

En Estados Unidos, Alejandro Toledo aguarda la decisión judicial sobre su extradición, solicitada por las autoridades peruanas. Salpicado también por Odebrecht, sobre Toledo pesa una acusación de la Fiscalía, que solicita 16 años de prisión en su contra.

El impacto de todo el ritual vivido el jueves en Honduras con la extradición de Hernández, recorrió toda Centroamérica. El narcotráfico y, sobre todo, la corrupción son los grandes culpables de que la lista de antiguos mandatarios con problemas con la Justicia sea tan extensa. Algunos ya sufrieron la acción de la Justicia, mientras otros la intentan evitar como sea.

Así los expresidentes salvadoreños Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén han encontrado refugio en Managua gracias al caudillo sandinista Daniel Ortega. Ambos huyen de acusaciones por corrupción. El gobierno de Ortega ha concedido la nacionalidad nicaragüense a Sánchez Cerén y a buena parte de su familia. Ambos exmandatarios son solicitados por los tribunales de su país.

Quien no pudo huir es Antonio Saca, condenado a diez años por desviar casi 300 millones de dólares de los fondos públicos.

En Guatemala, sobre Jimmy Morales, quien abandonó el poder hace dos años, pesa una solicitud de los jueces para que enfrente a la Justicia. Al menos una quincena de fiscales se vieron obligados a abandonar su país ante el acoso de las autoridades. Previamente el exmandatario Alfonso Portillo purgó cárcel en Estados Unidos por lavado, y Álvaro Colom consiguió la libertad bajo fianza. Otto Pérez Molina ya ha cumplido más de seis años en prisión preventiva.

Pero tras las sombras carcelarias también puede llegar la redención. Lula da Silva es favorito para ganar las presidenciales brasileñas tras pasar 19 meses en prisión, lo mismo que el panameño Ricardo Martinelli, encarcelado en Estados Unidos, enviado a su país, absuelto y a la cabeza para las elecciones del año que viene.

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