De la “incapacidad moral” al toque de queda: los nueve meses de inestabilidad permanente de Castillo en Perú

El gobierno del presidente peruano, Pedro Castillo, nunca encontró la estabilidad. Menos de nueve meses en el Palacio Pizarro fueron tiempo suficiente para que el maestro rural cambiara cuatro veces a su gabinete, lograra sobrevivir a dos mociones de vacancia por “incapacidad moral” y decretara ahora un estado de emergencia en la capital para controlar a un país enfurecido, donde 7 de cada 10 peruanos asegura que el mandatario no llegará a concretar su mandato, según el Instituto de Estudios Peruanos.

La historia de Perú es una de crisis institucional constante, marcada por casos de corrupción, escándalos políticos y una puja de poder entre el Congreso y el Ejecutivo. El país cuenta con una lista de exmandatarios tras las rejas o bajo el ojo de la Justicia y pasó por cinco presidencias en cinco años desde 2016. Castillo fue elegido con un ajustado 50,1% de los votos en las elecciones de 2021 para ser la excepción a la regla, pero cada vez se hunde más en el caos.

En un intento por controlar lo que sería el más reciente caso de convulsión social, el presidente decretó que 10 millones de habitantes entre Lima y la vecina ciudad portuaria de Callao se queden en sus casas luego de una serie de masivas protestas que estallaron el lunes contra el aumento en el precio de los combustibles.

“A la luz de los hechos de violencia que algunos grupos han querido crear, y para reestablecer la paz, el Consejo de Ministros aprobó la declaración de inmovilidad ciudadana desde las dos hasta las 11.59 de hoy, 5 de abril”, afirmó el izquierdista en un mensaje televisivo. “Hago un llamado al a calma, a la serenidad, la protesta social es un derecho constitucional, pero debe hacerse dentro de la ley”.

El decreto vino de la mano de una oleada de críticas. El Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, presentó una demanda de hábeas corpus para dejar sin efecto el toque de queda de forma inmediata, mientras la presidenta del Congreso, María Alva, calificó la medida de “inaceptable” y anunció que el Parlamento “seguirá trabajando”, en comunicación con la radio local RPP.

“La “inmovilización social” establecida en respuesta al paro de transportistas es una restricción generalizada y desproporcionada a los derechos de reunión y movimiento. Esta decisión del Presidente Pedro Castillo contradice las obligaciones internacionales de Perú”, dijo en su cuenta de Twitter Juan Pappier, investigador senior de Human Rights Watch.

El anuncio del toque de queda llega apenas una semana después de que Castillo se salve de ser destituido por el Congreso en su segundo juicio político, donde los opositores radicales lo acusaron de “falta de rumbo” y de permitir la corrupción en su entorno.

Esta moción de vacancia, presentada por la bancada opositora, había sido aprobada a mediados de marzo, pero en la segunda votación el Parlamento nacional no logró sumar los 87 votos a favor necesarios para sacar al presidente del poder y con 55 votos a favor, 54 en contra y 19 abstenciones, se rechazó el pedido de destitución.

El primer proceso de destitución fue impulsado a fines de noviembre por Fuerza Popular, el partido que llevó a Keiko Fujimori a las elecciones presidenciales, que denunció “permanente incapacidad moral” del mandatario, medida que tampoco pudo desplazarlo de la silla presidencial.

“Lamentablemente la vacancia se ha convertido en el eje central de la agenda política y periodística de mi elección. Esto no puede continuar”, afirmó el sindicalista oriundo de Cajamarca durante su defensa frente a los parlamentarios. “Soy consciente de que, como todos, me equivoco y tengo defectos, pero soy leal a mis compromisos, valores y principios”.

A esto se suman varias denuncias por parte del Ministerio Público, que lo acusó de actos irregulares tras haber recibido a empresarios en una sede semiclandestina en la casa de La Breña, además de la acusación del exprocurador general del Estado, Daniel Soria, que lo denunció por tráfico de influencias y patrocinio ilegal.

Si Castillo tiene frentes abiertos en el Congreso y en la Justicia, otro visible está en su gabinete. El profesor rural batió en noviembre un récord nacional y regional de un nuevo ministro cada 11 días, una cascada de renuncias imparable que lo salpica hasta el día de hoy.

La última designación en la rotación de los más de 40 ministros que pasaron hasta ahora por el gobierno del representante de Perú Libre fue hace apenas dos semanas, el pasado 19 de marzo. Félix Chero Medina tomó juramente como el nuevo titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos, y ya está en el centro de la tormenta luego de que se confirmaran cuatro muertos en las protestas de la capital limeña.

“Yo he estado allí. Yo les digo una cosa, mira, hay cuatro muertos. Uno murió porque no pudo ser auxiliado para ir al hospital, un niño que cae al puente, y dos por accidentes de tránsito que los atropellaron los mismos vehículos que estaban en huelga. ¡No ha habido nada más! Son cuatro”, detalló al respecto el funcionario.

Renuncias pasadas

Parece que el nuevo gabinete bajo el mando del Aníbal Torres Vásquez, el último presidente del Consejo de Ministros designado en febrero tras la renuncia de Héctor Valer, ya está en crisis. En la cuerda floja se encuentra el recién asumido ministro de Educación, Rosendo Serna, por haber plagiado más del 70% de su tesis doctoral.

“Más de dos tercios de la tesis (...) coinciden, en efecto, con párrafos entero de otros documentos escritos antes del [texto] que el ministro presentó ante la referida universidad [Enrique Guzmán y Valle] como suyo. Se trata, pues, como se señaló en el reportaje de ´un collage de textos que no le pertenecen y que ha utilizado sin citar la fuente´”, esclareció el diario local El Comercio.

El expresidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer asumió el pasado 1 de febrero y renunció apenas una semana después. Tras su jura en el poder se destaparon varios escándalos, entre ellos uno publicado por El Comercio, que reveló que el congresista estaba bajo medidas cautelares por una denuncia de acoso sexual de su hija, que lo acusó de violencia de género en 2017 tanto a ella como a su madre fallecida.

Valer fue precedido por Mirtha Vásquez, la segunda funcionaria en ocupar el cargo y mano derecha de Castillo, quien presentó su renuncia tres meses después de asumir por “imposibilidad de lograr consenso en beneficio del país”, entre otras cosas.

El disparador de salida de Vásquez fue la renuncia al Ministerio del Interior de Avelino Guillén, que nombró entre las razones de su decisión a la falta de soluciones a una crisis en la Policía Nacional y la Región Policial Lima.

“Mi renuncia es de carácter irrevocable. Bajo esa condición he presentado mi renuncia. He esperado durante dos semanas la respuesta del señor presidente y su silencio para mí es un indicativo muy claro y directo de que él está asumiendo una posición de respaldo al señor comandante general de la Policía Nacional”, expresó entonces Guillén, que impulsó la seguidilla interminable de renuncias.

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