Cuando abandone el poder, Trump quedará a un paso del procesamiento
LA NACION
NUEVA YORK.- La semana pasada, el presidente Donald Trump perdió mucho más que una elección. Y en enero, cuando deje la Casa Blanca, también perderá los fueros constitucionales que protegen del procesamiento a los presidentes en funciones.
A partir del 20 de enero, estará más expuesto que nunca a una investigación pendiente sobre sus negocios familiares y prácticas empresarias, así como sus impuestos. La investigación fue impulsada por el fiscal de Manhattan.
La investigación es la única causa penal abierta que tiene el presidente, pero está empantanada desde hace seis meses, cuando Trump presentó un amparo para bloquear la requisitoria de sus declaraciones impositivas y otros documentos públicos, un litigio feroz que por segunda vez llega a Suprema Corte de los Estados Unidos.
Trump argumenta que la investigación del fiscal de distrito, el demócrata Cyrus R. Vance Jr., es un tanteo a ciegas con motivaciones políticas.
Pero si la Suprema Corte dictamina que Vance tiene derecho a acceder a esos registros, y el fiscal descubre algún ilícito, Trump tendría que vérselas con la ley, alimentando el temible fantasma de una condena penal, o incluso el encarcelamiento, de un expresidente norteamericano.
Trump ha hecho uso de su poder presidencial —indultando a sus allegados acusados de delitos federales —, lo que sugiere que ahora también hará libre uso de su firma para perdonar a sus socios, parientes, o incluso a sí mismo, como ya dijo que tiene el derecho de hacer.
Pero su poder de indulto no abarca los delitos contra el Estado, como serían las posibles violaciones investigadas por la fiscalía de Vance.
La investigación de Vance podría adquirir enormes dimensiones si Biden y el gobierno entrante impiden nuevas investigaciones federales, para intentar pacificar el país y evitar que parezcan represalias contra Trump. Pero esa jugada no comprometería al fiscal de distrito, un funcionario estatal elegido de manera independiente.
Es probable que durante los próximos meses los movimientos de Vance estén aún más bajo la lupa. Trump abandonará la Casa Blanca en medio de reclamos para que sea denunciado penalmente y una metralla de virulentas críticas de la izquierda por haber evadido toda consecuencia legal por sus actos a lo largo de los años.
Por un lado, Vance podría sufrir presiones para que desestime los cargos y permitir que el país siga adelante después de unas encarnizadas elecciones presidenciales. Por otro lado, en 2012 fue duramente criticado por haber desistido de su acusación contra los hijos de Trump, Ivanka y Donald Jr., acusados de engañar a los inversionistas de un proyecto inmobiliario.
Algunos expertos legales dicen que si Vance tuviera pruebas que justifiquen los cargos y decidiera no procesar a Trump, estaría enviando un mensaje equivocado. "Eso pondría al presidente por encima de la ley", dice Anne Milgram, exfiscal de Manhattan.
Y como Trump se ha quejado repetidamente de que la investigación es parte de una amplia caza de brujas de los demócratas, cerrar la investigación cuando el presidente deje su cargo podría verse como un reconocimiento tácito de que esas críticas eran justificadas.
Trump se negó a dar a conocer sus declaraciones de impuestos, rompiendo una tradición de 40 años en la Casa Blanca. No solo eso: también luchó a brazo partido contra los intentos del Congreso para acceder a esos registros.
La investigación del fiscal de distrito arrancó a mediados de 2018 y al principio se enfocaba en los pagos hechos en secreto en nombre de Trump, pocos días antes de las elecciones presidenciales de 2016, a una actriz porno que firmaba haber tenido una aventura con él.
Pero la requisitoria de las declaraciones de impuestos de Trump revela un enfoque más amplio sobre posibles delitos fiscales, que según todos los expertos legales son los casos que al Estado más le cuesta ganar.
"La carga de la prueba tiene que ser sustancial", dijo William J. Comiskey, exfiscal de crimen organizado y delitos financieros de Nueva York. Eso se debe a que los fiscales deben demostrar fehacientemente que la intención era realmente de evadir impuestos.
La dificultad de llevar esos casos ante un jurado se agrava cuando no hay un testigo "colaborador" que haga de guía a través de estrategias y registros financieros complejos, o correos u otras declaraciones que contengan admisiones.
"Hace falta una pistola humeante o alguien dispuesto a darse vuelta", dice Daniel J. Horwitz, que durante más de ocho años trabajó en fraude fiscal y delitos complejos en la oficina del fiscal de distrito de Manhattan.
Se desconoce si Vance y su equipo han obtenido la colaboración de personas con información privilegiada, pero otra posible consecuencia de la salida de Trump del poder es que haya más interesados en dar su testimonio.
Además de la investigación de Vance, Trump también está permanentemente bajo la lupa del fiscal general del estado de Nueva York, a quien el presidente también ha acusado de atacarlo por "odio partidista".
The New York Times
(Traducción de Jaime Arrambide)
LA NACION
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