Crisis en Perú: el Congreso de Perú aprobó adelantar las elecciones generales para abril de 2024

LIMA.– El Congreso de Perú debatió la posibilidad de adelantar las elecciones generales, principal reclamo de la población y demanda excluyente de las protestas contra la dirigencia política desde hace dos semanas, cuando el abrupto final de la presidencia de Pedro Castillo lanzó al país a una nueva ronda de caos institucional. Luego de horas de sesionar, se acordó anticipar los comicios para abril de 2024.

La semana pasada, el proyecto de adelanto de elecciones no consiguió los votos por desavenencias entre las bancadas. Tras un acuerdo para salir del impasse, el tema fue puesto otra vez en discusión. El plan era adelantar los comicios de 2026 a 2023, y que Dina Boluarte, la sucesora de Castillo, entregue el mando en abril de 2024.

Con 93 votos a favor, 30 en contra y 1 abstención, el Congreso unicameral aprobó este martes aquella iniciativa. Tras el cierre de las urnas, el mandato de la actual mandataria cesaría el 28 de julio de ese año, en tanto que los congresistas acabará el 26 de ese mismo mes.

Las bancadas de izquierda pedían incluir en la votación la convocatoria a un referéndum para una Asamblea Constituyente, que reforme la Carta Magna vigente desde 1993 y dotar al Estado de una mayor participación en la economía. Pero esa opción fue rechazada en principio el viernes por los legisladores de derecha, y ayer se buscaban los consensos que permitieran trazar el nuevo calendario electoral.

Según las encuestas, el 83% de la ciudadanía está a favor del adelanto de los comicios, la prioridad número uno de la población peruana sobre su futuro político. Es también la exigencia prioritaria de las protestas que se suceden desde el autogolpe y la destitución de Castillo.

Boluarte, cuya renuncia también reclaman los manifestantes, se dijo dispuesta a irse en los nuevos plazos y pidió a los legisladores acelerar el debate. “No sean ciegos, miren a la población y actúen”, señaló.

Otras dos circunstancias se sumaron al intento de restaurar cierta normalidad en la vida pública del país, en un fin de año caldeado.

Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), liderada por su secretaria, Tania Reneaum, llegó a Lima para reunirse con autoridades “para recibir información sobre la crisis institucional y protestas”. La CIDH se reunió con Boluarte en el Palacio de Gobierno y planea recorrer algunas ciudades del país. La policía y las Fuerzas Armadas son acusadas por grupos de derechos humanos de usar armas de fuego y lanzar bombas de humo desde helicópteros. El Ejército dice a su vez que los manifestantes usan armas y explosivos caseros.

Boluarte, con solo dos semanas en el cargo, anunció además la reforma de su gabinete, incluyendo el cambio del primer ministro, para privilegiar la designación de funcionarios con más experiencia política para buscar salidas a la crisis. Los ministros de Educación y de Cultura renunciaron la semana pasada en rechazo de las muertes en las protestas.

Machu Picchu

Las visitas a la ciudadela inca de Machu Picchu se encuentran suspendidas desde el 14 de diciembre, para salvaguardar la seguridad de los turistas por las protestas, mientras algunas manifestaciones siguen activas en las regiones del sur. Según un balance de la Defensoría del Pueblo, desde su inicio el 7 de diciembre las protestas registran al menos 21 muertos y más de 600 heridos por enfrentamientos entre manifestantes y uniformados.

Castillo perdió el poder tras intentar cerrar el Congreso, intervenir el sistema judicial y gobernar por decreto y convocar a una Asamblea Constituyente, el deseo de los partidos de izquierda desde hace años y que volvió al ruedo en los debates sobre nuevas elecciones.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas, dijo que sacrificando requisitos previos se pueden realizar elecciones a fines de 2023. “El sistema electoral se encuentra en posibilidad de asumir ese reto, pese a las dificultades que connota, con la finalidad de apoyar en la tarea colectiva de sembrar la paz”, dijo Salas en Twitter.

Salas afirmó que considerando la “urgencia social” se pueden sacrificar las elecciones primarias, clave en un proceso electoral estándar, para realizar y culminar las elecciones en diciembre de 2023 y satisfacer la enorme sed de recambio dirigencial en todos los segmentos de la ciudadanía peruana.

Según el politólogo Paolo Sosa, analista del Instituto de Estudios Peruanos, la población percibe que “los congresistas están buscando hacer tiempo para quedarse o hacer reformas que les permitan reelegirse. La insatisfacción de quienes protestan con la política hace que su demanda sea maximalista: que se vayan todos lo antes posible”.

Agencias AFP, AP, Reuters y Télam

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