Crisis en Perú: cómo fueron las reacciones de los gobiernos de la izquierda regional tras el fallido autogolpe de Pedro Castillo
El más renuente fue López Obrador, que culpó a las “élites económicas” de Perú de haber propiciado la caída del mandatario izquierdista
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BOGOTÁ.- Los aliados regionales de Pedro Castillo reaccionaron a duras penas tras el autogolpe fracasado protagonizado por el maestro rural de Cajamarca. Primero enmudecieron durante horas y después algunos reaccionaron de forma academicista, como los gobiernos de Perú y Chile, país que el destituido mandatario visitó la semana pasada.
Pero no todos. El más renuente fue, una vez más, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que se ha erigido en el principal defensor de un dirigente acosado por las investigaciones contra la corrupción y por la pulseada contra el Congreso. El mandatario apostó por trasladar la celebración de la Cumbre de la Alianza del Pacífico desde Ciudad de México a Lima para dar un espaldarazo a quien aseguraba era una víctima del “racismo” de sus opositores políticos.
Tan reticente estaba López Obrador que se basó en el “principio fundamental de nuestra política exterior de no intervención y autodeterminación de los pueblos”, como prólogo para considerar “lamentable que por intereses de las élites económicas y políticas desde el comienzo de la presidencia legítima de Pedro Castillo se haya mantenido un ambiente de confrontación y hostilidad en su contra hasta llevarlo a tomar decisiones que le han servido a sus adversarios para consumar su destitución”.
Una declaración al menos controvertida, ya que horas antes el líder populista olvidó el principio de no intervención para criticar la sentencia contra la vicepresidenta Cristiana Kirchner y definirla como “una venganza política y una vileza antidemocrática del conservadurismo”.
López Obrador, en su ejercicio disculpatorio, calificó incluso como “sui géneris” el precepto de incapacidad moral que servía como base para la moción de vacancia, el impeachment peruano. Una figura que aparece diáfana en el entramado constitucional del país inca.
El gobierno de Boric, quien también había anunciado su viaje a Lima para asistir a la cumbre de la semana que viene, apostó sin paliativos por el respeto al Estado de derecho. “Nuestro país hace un llamado enfático a que se respeten los derechos humanos y las libertades fundamentales y reafirma su compromiso con la democracia y el diálogo”, certificó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Parecidas fueron las declaraciones de la Cancillería colombiana, que condenó “todo atentado contra la democracia”, aunque matizó más tarde que “la democracia requiere el reconocimiento de la voluntad popular expresada tanto en las elecciones para presidente como para el Congreso”.
En cambio, Evo Morales, uno de los “espejos” favoritos de Castillo, también mostró su “profunda preocupación por la crisis política”, evitando en todo momento condenar el autogolpe sin militares de su amigo peruano.
Quien no anduvo con circunloquios fue Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), quien definió lo sucedido como una alteración del orden constitucional. Precisamente la misión evadida por el excanciller uruguayo a Lima concluyó su trabajo en Perú con un controvertido informe, en el que se solicitaba una tregua política de 100 días.
Tampoco tuvieron dudas en la Casa Blanca, una de las primeras en definir a Castillo como expresidente.
El fracasado autogolpe de Estado del maestro rural, la huida desesperada hacia ningún lado, ha provocado así la primera “baja” en la oleada de presidentes izquierdistas que se ha convertido en hegemónica en América Latina. Demasiado pronto para lo esperado, pese a los incontables tropiezos del abandero de Perú Libre (PL) en las elecciones presidenciales del año pasado, el partido marxista que apoya sin fisuras a las tres dictaduras latinoamericanas.
La mayoría de los aliados de la izquierda y el populismo regional prefirieron ayer mirar a otro lado y mantener su apoyo a Cristina Kirchner, tras su condena por corrupción.
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