Crisis en Bolivia: dictan cuatro meses de prisión preventiva para el líder opositor Camacho y crece la tensión en Santa Cruz
El juez a cargo de la causa del gobernador de Santa Cruz resolvió su reclusión por “riesgo de fuga”, mientras avanza el proceso bajo cargos de “terrorismo”; silencio del presidente Luis Arce, mientras la oposición prepara nuevas acciones
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LA NACION
LA PAZ.- Un juez de Bolivia ordenó este viernes la detención preventiva por cuatro meses del gobernador opositor de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, acusado de “terrorismo” en un caso relacionado con la salida del socialista Evo Morales de la presidencia en 2019.
El juez en lo penal Sergio Pacheco dijo que “dispone la aplicación de la detención preventiva para el imputado Luis Fernando Camacho Vaca, detención preventiva que deberá cumplirla por el plazo de cuatro meses en el recinto penitenciario de Chonchocoro”, un penal de máxima seguridad de La Paz.
El fiscal Omar Mejillones había solicitado la detención por seis meses del dirigente, abogado y empresario de 43 años, con el argumento de riesgo de fuga.
“Nunca me voy a rendir”, dijo el gobernador en la audiencia virtual desde la celda policial en La Paz donde se encuentra detenido. Y llamó también a los bolivianos a evitar que “el masismo [Movimiento al socialismo, MAS] imponga una dictadura como en Venezuela y Cuba”, dos gobiernos aliados del oficialismo boliviano.
Detenido por la policía el miércoles y llevado de Santa Cruz (este) a La Paz, fue pieza importante en fogonear la renuncia de Morales a la presidencia a fines de 2019, mientras el oficialismo y la Fiscalía boliviana aseguran que él y otros opositores impulsaron un golpe de Estado. Los opositores acusaron a Morales, que estaba en el poder desde 2006, de presunto fraude en las elecciones presidenciales de 2019.
Protestas en Santa Cruz
La detención de Camacho desató protestas en Santa Cruz, una ciudad de casi dos millones de habitantes. Sus simpatizantes tomaron dos aeropuertos para evitar, sin éxito, su traslado a La Paz y quemaron las oficinas de la Fiscalía, otras del gobierno y la casa de un ministro.
El Comité Cívico de Santa Cruz, un poderoso conglomerado cívico-empresarial, llamó también para este viernes a cumplir una “huelga” de 24 horas en protesta por la captura de la autoridad política de la región. La ciudad comenzó temprano a cumplir de manera gradual el llamado, con el corte de caminos y escaso transporte público.
Algunos alcaldes de ciudades capitales y gobernadores se declararon alarmados por la situación del país, mientras las entidades opositoras coordinan nuevas acciones.
Tanto los comités cívicos del país, como la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB), que reúne a los alcaldes de las capitales regionales, preparan encuentros para debatir posibles acciones ante la detención.
Silencio de Arce
A dos días del controvertido arresto, el presidente Luis Arce no se ha referido al tema en sus redes sociales ni a través de sus colaboradores, pese a que los opositores calificaron esta determinación como una medida “política” desde el gobierno y no de la Justicia.
El jueves, luego de la violencia desatada en Santa Cruz, el mandatario habló del crédito “Sí Bolivia” y de la muerte del futbolista brasileño Pelé. Pero evitó tocar la detención de Camacho que devolvió la polémica en el país sobre si hubo golpe o fraude electoral en 2019.
Los opositores calificaron la detención de Camacho como “errónea y con un mal cálculo político” que lleva a la confrontación. Además, consideraron que tiene que ver con la pugna interna del MAS y con un intento de contentar a los sectores que estaban en contra de Arce.
“Esta orden no sé si la dio Evo Morales, es para satisfacer a Evo Morales o para demostrarle que estaba equivocado y que las críticas eran injustificadas. ¿Es este el inicio de una cacería, de una persecución política a varios líderes? Es censurable”, sostuvo el alcalde paceño, Iván Arias.
El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), sostuvo otras dos razones de la detención, según el diario boliviano El Deber. Por un lado, el gobierno intentaría poner un freno a la propuesta de revisión de la relación de Santa Cruz con el Estado. La segunda arista sería justificar las pérdidas económicas del país con protestas en el motor económico del país.
Agencias AFP y AP
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