Crisis abierta en España tras el bloqueo inédito de una reforma judicial

BARCELONA.- La progresiva espiral de polarización entre los bloques políticos y judiciales de la derecha y la izquierda en España ha sumido el país en una crisis institucional sin precedentes. La noche del lunes, el Tribunal Constitucional ordenó suspender la votación en el Senado de una reforma legal promovida por el gobierno que pretendía cambiar el método de elección de los magistrados de esta corte a través de un trámite de urgencia.

Nunca antes el Constitucional había intervenido para evitar una votación del Parlamento, lo que ha provocado un inédito choque de legitimidades entre ambas instituciones.

El fallo del Constitucional, adoptado por una corta mayoría de 6 a 5, sentó como una bomba en las filas del gobierno de coalición de izquierda, así como sus aliados parlamentarios, que denunciaron una peligrosa interferencia del Poder Judicial en la sede de la voluntad popular. En una comparecencia pública, el presidente Pedro Sánchez disipó las especulaciones sobre una posible desobediencia y aseguró que acatarán la decisión de la corte.

Sin embargo, advirtió que “el gobierno adoptará cuantas medidas sean necesarias para acabar con el bloqueo del Poder Judicial”, sin concretar cuáles serían esas medidas. En la raíz del conflicto se halla la obstrucción del opositor Partido Popular (derecha) a la renovación de los magistrados del Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano rector de los jueces, lo que daría lugar a un cambio de mayorías en estas instituciones. Actualmente, en ambas, predominan los jueces conservadores, pero tras los nombramientos previstos los progresistas pasarían a ser mayoritarios.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, atribuyó al presidente socialista la plena responsabilidad por el conflicto actual, e instó al gobierno a dejar de hablar de “fachas con toga” y de “golpe de Estado”.

“Si el gobierno en el futuro sigue legislando contra los derechos de los diputados, contra la Constitución, seguiremos utilizando todas nuestras vías, vamos a defender el Estado de derecho hasta el final”, espetó Nuñez Feijoo, que ofreció a Sánchez pactar la renovación de los órganos judiciales si abandona su proyecto de reforma del Código Penal. En caso contrario, le urgió a adelantar las elecciones generales, previstas para fines de 2023.

Renovación

De acuerdo con la legislación, la renovación de los órganos judiciales requiere de amplias mayorías parlamentarias. Hasta ahora, la oposición, fuera del color que fuera, había siempre colaborado con el gobierno en la renovación puntual de los magistrados. Sin embargo, en la actual legislatura, el PP ha bloqueado los nombramientos, de forma que algunos vocales del CGPJ, el órgano rector de la judicatura, tienen su mandato caducado desde hace unos cuatro años. En el caso del Tribunal Constitucional, el retraso es de varios meses.

Con tal de superar este bloqueo por la vía rápida, el gobierno optó por una salida de dudosa legalidad: introducir como enmienda en la votación sobre el Código Penal la reforma de la ley que rige la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Entonces, el PP elevó un recurso al propio Constitucional pidiendo una suspensión del trámite parlamentario al considerar que se habían lesionado los derechos de sus diputados, ya que no se había producido un amplio debate parlamentario al respecto. La Cámara Baja aprobó el pasado jueves la reforma, pero antes de que el Senado la ratificara mañana, el tribunal le dio la razón al PP, y frenó la votación.

Varios expertos juristas han alertado del riesgo que supone para el sistema la crisis actual. “Marca un precedente peligroso. A partir de ahora, el Tribunal Constitucional podrá entrar en la cocina de las leyes”, declaró Xavier Arbós, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona. Hasta ahora, lo habitual era que la corte suprema pudiera declarar inconstitucionales las leyes una vez aprobadas, pero no antes. Sin embargo, sí existían varios precedentes en Cataluña. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional ordenó prohibir una votación del Parlamento catalán que pretendía reprobar a la Monarquía.

Otro de los aspectos polémicos del fallo del Tribunal Constitucional es el hecho de que dos de sus miembros, incluido el presidente, Pedro José González-Trevijano, no se hubieran abstenido de participar en la votación. Ambos tienen el mandato caducado, y de prosperar la reforma gubernamental, habrían sido sustituidos. Es decir, eran a la vez juez y parte. “En casos anteriores los magistrados se habían inhibido cuando la decisión afectaba a su mandato”, sostiene Arbós.

Ante la gravedad de la situación, incluso intervino la Comisión Europea, que instó a todos los actores políticos españoles a actuar “de acuerdo con las reglas establecidas”. El gobierno se había planteado recurrir a la justicia europea, y denunció que el atropello del Poder Legislativo no tiene parangón en el contexto europeo.

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