Crecen los choques armados en la frontera con Colombia y avivan la diáspora venezolana

VILLA DEL ROSARIO, Colombia.- “Fue muy terrible, niños, niñas, gente que lloraba. Muy triste, salimos de allá para venir a Colombia y refugiarnos a este lado, está demasiado peligroso”. José Villamizar es uno de los miles de venezolanos que ha cruzado a la desesperada el río Arauca para refugiarse en Colombia en una nueva partitura revolucionaria del mundo al revés.

Al otro lado, en el Apure venezolano, se ha desatado la “guerra híbrida”, como la denomina la ONG FundaRedes, que ha denunciado ante el mundo la escalada del conflicto que se desató el domingo pasado cuando la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) decidió atacar con todo a los guerrilleros rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El principal objetivo del gobierno de Nicolás Maduro es proteger a sus aliados de la guerrilla, enfrentados entre ellos.

Los venezolanos se juegan la vida amparados en la oscuridad para cruzar en canoas el río, la misma ruta de escape que siguen los emigrantes cuando se han visto obligados a buscar vías de salida hacia Colombia por una zona más accidentada y repleta de trampas violentas.

Tiendas de campaña para dormir y largas filas para comer se levantan y mantienen hoy en Arauquita, donde su alcalde ha puesto a la disposición de los venezolanos tres refugios. Durante décadas, el proceso fue al revés: colombianos que huían de la violencia de sus enfrentamientos internos y encontraban refugio en Venezuela. Las autoridades incluso se han visto obligadas a desviar recursos de la principal ruta de escape de la diáspora venezolana, en el Norte de Santander, hasta otra frontera binacional.

“Continúan los bombardeos en el territorio venezolano, en el área rural de La Victoria. Hemos recibido 1200 refugiados (el primer día), nuestras capacidades de atención y salud están colapsadas. Hacemos un llamado urgente a los entes internacionales para que nos apoyen con carpas, colchonetas, con alimentos y medicinas para brindar apoyo a estas familias que tanto están sufriendo”, anunció Etelivar Torres, alcalde de Arauquita, quien avisó ante la llegada de “un número importantísimo de refugiados en las próximas horas”.

“La dictadura y los grupos armados deben respetar a la población civil”, advirtió José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW). Lo más rocambolesco es que los propios guerrilleros han denunciado en un comunicado a los militares venezolanos por “extorsionar” a civiles capturados y por cometer saqueos “camuflados” en acciones militares. “Están saqueando viviendas, hurtando vehículos, celulares y computadoras”, añadieron.

Los combates no sólo han forzado el desplazamiento de entre 3000 y 6000 venezolanos como Villamizar, sino también han provocado la escalada diplomática entre ambos gobiernos. “¡Insólito! El gobierno de Iván Duque que bombardea y masacra día tras día a la población civil pretende pescar en río revuelto. Es un hecho público y comunicacional que las agresiones armadas contra Venezuela se han organizado en Colombia al amparo de este gobierno”, señaló Freddy Ñáñez, ministro de Comunicación, quien respondió de esta forma a la nota emitida horas antes por la Cancillería colombiana.

En ese comunicado, el gobierno de Bogotá dio a conocer su “preocupación” ante los “graves efectos humanitarios sobre la sociedad civil en el estado Apure de Venezuela causados por enfrentamientos armados”.

En contraataque lanzado por los hombres de alias “Ferley”, a la cabeza del Frente Décimo, se llevó por delante la aduana gubernamental de La Victoria, dinamitada de madrugada. En las imágenes y vídeos que proporciona la ONG FundaRedes se comprueba la crudeza de los combates, a bombazo y tiro limpio. De los tiroteos tampoco se han librado los técnicos eléctricos que intentan restablecer un servicio ya bastante deteriorado.

Ya antes de desencadenarse la batalla, Apure era uno de los estados venezolanos hundido en el colapso nacional, con el servicio de agua bajo mínimos y los precios de los alimentos disparados en dólares o en pesos colombianos. Las denuncias de abusos policiales y militares se han multiplicado en las últimas horas.

El principal objetivo del despliegue gubernamental, incluido en la Operación Escudo Bolivariano, es proteger a sus aliados Iván Márquez y Jesús Santrich, los disidentes de las FARC que abandonaron el proceso de paz en Colombia y se escondieron en el santuario venezolano. “Ferley” encabeza a los rebeldes que se niegan a seguir las órdenes de los dos comandantes guerrilleros en el llamado “Segundo Marquetalia”, que el gobierno de Bogotá traduce como “Narcotalia”. Según la prensa local, en la batalla del domingo las tropas venezolanas abatieron al hermano del jefe guerrillero.

La FANB también perdió a dos oficiales, el mayor Edward Corobo y el capitán Yonathan Duarte, quienes fueron ascendidos postmortem por su “defensa de la soberanía nacional”. Al menos uno de ellos cayó víctima de una mina antipersonas. “Que no quede impune la muerte de estos dos compañeros y busquemos hasta debajo de las piedras a quienes causaron esta terrible pérdida para la patria entera”, clamó el general Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Maduro.

El chavismo acusa directamente a “terroristas” llegados desde Colombia para ocultar su alianza irrestricta con Márquez, Santrich y con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), quienes han impuesto su control en distintas zonas de la frontera.

“Maduro ha hecho de nuestro territorio un santuario para grupos irregulares armados que actúan ante la mirada cómplice de parte de la FANB. La Paz en Colombia y Venezuela está en riesgo por culpa de estos grupos irregulares”, denunció el presidente encargado, Juan Guaidó.

Parlamento, oposición y organizaciones civiles han denunciado durante años la presencia de las guerrillas aliadas del chavismo en territorio venezolano. “Para Maduro siempre han sido aliados estratégicos”, aportó Tomás Guanipa, embajador de Guaidó en Bogotá. La oposición maneja información, desde dentro de la propia FANB, sobre discusiones y advertencias ante la expansión de “irregulares” en su territorio.

“El gobierno se hace la vista gorda ante la presencia del ELN”, sostiene Rocío San Miguel, presidente de Control Ciudadano para la Defensa. Los “elenos” y los disidentes de las FARC se han repartido zonas de influencia en las fronteras y en el Arco Minero hasta que el incremento de las actividades criminales de los segundos ha provocado el rechazo de los primeros.

“Las represalias y ajustes de cuentas son la consigna entre grupos armados ilegales y la FANB”, esclareció San Miguel, una de las principales expertas militares del país.

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