El estigma de muchos expresidentes en América Latina
BOGOTÁ.- Cuatro expresidentes presos, una docena procesados, tres que estuvieron entre rejas, dos con arrestos domiciliarios y la mayoría, cuestionados. Y todo eso solo en América del Sur. La lista se profundiza sin freno al sumar a centroamericanos y mexicanos. En América Latina , las mieles del poder contrastan con las amarguras de quienes lo pierden.
El suicidio de Alan García, a quien en Perú llamaban Caballo Loco desde su primer mandato, y los avatares judiciales de otros cuatro exmandatarios del país han aireado una realidad que no tiene discusión: ser expresidente en la región es un "oficio" de alto riesgo, tanto por la acción de la Justicia como por las duras críticas que cosechan. Nada que ver con las figuras reverenciadas en Estados Unidos y buena parte de Europa. Los exmandatarios no encuentran su lugar en la sociedad, salvo contadas excepciones, como el uruguayo José Mujica, convertido en gurú de la política y en protagonista de películas, y Violeta Chamorro, referente de otra Nicaragua en plena pesadilla sandinista.
Perú es un caso extremo de peligro para sus expresidentes, pero no es una excepción. Un recorrido por la región muestra, por ejemplo, a Luiz Inacio Lula da Silva tras las rejas en Brasil, condenado por el caso Lava Jato.
"He visto a otros desfilar esposados guardando su miserable existencia, pero Alan García no tiene por qué sufrir esas injusticias y circos". La hija del exmandatario peruano leyó ayer la carta que su padre les dejó como legado antes de suicidarse. En ella deja claras las razones por las que el dirigente no quiso padecer el mismo encarcelamiento que desde hace una década sufre Alberto Fujimori, en su caso por delitos de lesa humanidad. O el encierro que le espera al moderado Pedro Pablo Kuczynski en cuanto se recupere del cateterismo coronario que le practicaron esta semana: un juzgado de su país le dictó ayer tres años de prisión preventiva en el mismo día que se enterraba a García.
El izquierdista Ollanta Humala ya sufrió, junto a su mujer, Nadine Heredia, nueve meses de prisión preventiva, mientras Alejandro Toledo, prófugo de la Justicia peruana, espera la decisión de Estados Unidos sobre su extradición.
En Brasil, además de Lula -que cumple en Curitiba una pena de 12 años y un mes de cárcel por el caso de un departamento adquirido por sobornos en el marco de la operación Lava Jato-, Michel Temer (2016-2018) también fue detenido por el mismo caso, acusado de "liderar una organización criminal que recibía sobornos". Además, Fernando Collor de Mello (1990-1992) fue destituido gracias al impeachment aplicado por su Parlamento y posteriormente perseguido por corrupción.
Parecidas acusaciones pendientes son las que asustan al expresidente ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017), que no se atreve a volver desdeBélgica a su país para enfrentarse a los jueces, mucho menos tras comprobar cómo el excanciller Roberto Patiño huía en las últimas horas para no seguir la misma suerte que los exmandatarios peruanos. La convulsionada historia política de Ecuador se puede medir por los dos expresidentes que mantuvo en prisión (Lucio Gutiérrez y Fabián Alarcón) y por los tres a quienes procesó y se exiliaron (Gustavo Noboa, Jamil Mahuad y Abdalá Bucaram).
La Argentina culmina el póquer de los expresidentes con Cristina Kirchner procesada en 11 causas (cinco ya elevadas a juicio), sumándose a Fernando de la Rúa (1999-2001) y a Carlos Menem (1989-1999), que cumplió prisión domiciliaria en 2001. Cuatro países que confirman una tendencia y hacen necesaria la pregunta: ¿por qué América Latina devora a sus expresidentes?
"Cuando los presidentes están en la cresta de la ola se sienten omnipotentes y avasallan la ley. Cuando la marea baja, el nuevo gobierno se las cobra. El ciclo político se repite con cada ciclo económico y los únicos que aprendieron a gobernar contracíclicamente son los chilenos", sostiene el politólogo argentino Andrés Malamud, investigador de la Universidad de Lisboa.
Los datos dan la razón a Malamud. La vida de los expresidentes chilenos es un remanso de paz en comparación con sus pares continentales, aunque el cargo en las Naciones Unidas de Michelle Bachelet (presidenta en 2006-2010 y 2014-2018) la puso en el ojo del huracán venezolano, que se suele llevar casi todo por delante. La alta comisionada en Derechos Humanos recibió durante meses un vendaval de críticas por permanecer impasible ante las torturas, ejecuciones, encarcelamientos, persecuciones y el derrumbe de la sanidad y la educación en el país gobernado por el chavismo. Con el adelanto de su informe, que se dará a conocer en toda su extensión en junio, aplacó parte de las críticas.
Mucho mejor le va ahora al colombiano Juan Manuel Santos (2010-2018), denostado durante el último año pese a ganar el Premio Nobel de la Paz en 2016, pero que tras meses de bajo perfil recuperó protagonismo. Así lo confirma la última encuesta de Datexco, que sitúa su imagen positiva en un 47%, frente al 30% del presidente Iván Duque y 38% del exmandatario Álvaro Uribe (2002-2010). El camino futuro de este último, todopoderoso senador hasta mediados del año pasado, parece sembrado de piedras, incluidos nubarrones judiciales tras las acusaciones de soborno y fraude. No les va mucho mejor a Ernesto Samper (1994-1998), señalado desde su presidencia por el proceso 8000 (financiamiento de su campaña electoral por el narcotráfico) ni a Andrés Pastrana (1998-2002), volcados ambos en los asuntos colombovenezolanos: el primero persiste en su apoyo a Nicolás Maduro (fungió como último secretario general de la Unasur) y el segundo encabeza las acciones de expresidentes contra el "hijo de Chávez". Ambos están muy discutidos en su país.
Venezuela, siempre tan especial, no tiene expresidentes vivos, aunque su influencia es tal que incluso es capaz de impactar contra exjefes de gobierno europeos, como el español José Luis Rodríguez Zapatero. El fracaso de su mediación en 2016 y 2018 y su cercanía al Palacio de Miraflores le han generado más críticas en su país que los propios asuntos nacionales.
El boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) y el paraguayo Luis González Macchi (1999-2003) también figuran en el club de los procesados, al igual que un nutrido grupo de centroamericanos. El panameño Ricardo Martinelli (2009-2014) espera juicio por espionaje y peculado desde hace nueve meses, después de ser extraditado desde Estados Unidos. Y lo hace en la misma celda donde el narcodictador Manuel Antonio Noriega vivió los últimos años de su vida.
El salvadoreño Mauricio Funes (2009-2014) huyó a Nicaragua para no seguir los pasos de su antecesor Antonio Saca (2004-2009), condenado a 10 años por lavado, la misma suerte que sufre hoy el general guatemalteco Otto Pérez Molina (2012-2015). Un coterráneo de este último, Alfonso Portillo (2000-2004), también cumplió pena de cárcel en Estados Unidos.
Cuando todo esto sucede, el mexicano Enrique Peña Nieto (2012-2018)disfruta en España de vacaciones pospresidenciales, alejado del vendaval Manuel López Obrador y de los líos de su separación matrimonial. Mientras, Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) digiere su protagonismo en la serie de Netflix Historia de un crimen: Colosio. El actor que lo interpretó confesó que le dio terror al verse a sí mismo en la pantalla.
Perseguidos, encarcelados y hasta menospreciados, todo lo contrario a la vida apacible, de conferencia en conferencia, de sus homólogos del norte. Estados Unidos pareciera haber encontrado la receta para los expresidentes. "El problema no son los presidentes que fueron, sino los que quieren volver. En Estados Unidos, como en México, la prohibición resolvió ese problema", certifica Malamud, que añade que los norteamericanos reformaron su Constitución en el siglo XX para impedir que otro presidente tan popular como Franklin Roosevelt pudiera violentarla con tres reelecciones.
Exlíderes de la región en la mira judicial
Pedro Kuczynski (Perú)
- El exmandatario (2016-2018) fue detenido hace tres semanas por el caso Odebrecht. El juez resolvió ayer dictarle 36 meses de prisión preventiva, mientras es investigado por un lavado de activos
Inacio Luiz Lula Da Silva (Brasil)
- En Curitiba, el expresidente (2003-2011) cumple una condena a 12 años y un mes de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero, acusado de recibir un tríplex en Guarujá a cambio de beneficios a la empresa OAS
Cristina kirchner (Argentina)
- La exmandataria (2007-2015) está procesada en 11 causas y cinco ya están elevadas a juicio. El 21 de mayo debería comenzar uno de esos juicios por asociación ilícita. Es el conocido como "la causa de la obra pública"
Rafael Correa (Ecuador)
- El expresidente (2007-2017) fue llamado a juicio por el secuestro del líder opositor Fernando Balda, ocurrido en Bogotá en 2012. Pero el proceso está suspendido hasta que se entregue a la Justicia
Ricardo Martinelli (Panamá)
- Tras ser detenido en Estados Unidos y extraditado, el expresidente (2009-2014) será juzgado en Panamá por el caso de espionaje a 150 opositores en su gobierno. La fiscalía pidió 21 años de prisión
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