Rafael Correa irá a juicio por una trama de sobornos de Odebrecht

QUITO.- Un tribunal de Ecuador resolvió anteanoche llamar a juicio al expresidente Rafael Correa por presuntamente recibir sobornos destinados al financiamiento de su campaña presidencial de 2013. El líder socialista, que vive en Bélgica desde que finalizó su tercer mandato en 2017, será juzgado en ausencia por cohecho, un delito imprescriptible.

Correa y otras 20 personas, incluidos exfuncionarios de su administración y empresarios, fueron acusados de recibir cerca de ocho millones de dólares de empresas, entre ellas, la constructora brasileña Odebrecht, para las elecciones presidenciales de 2013.

La jueza Daniella Camacho, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), resolvió el enjuiciamiento de 21 de las 24 personas que fueron procesadas durante la etapa de instrucción del denominado "caso sobornos", registrado entre 2012 y 2016. Además del dueño de una empresa constructora ecuatoriana, fueron sobreseídos una asesora de un exministro de Correa y Cai Runguo, exembajador de China en Quito, que había sido acusado de conseguir contratos para empresas de su país de forma ilícita.

Entre los funcionarios procesados se destaca Jorge Glas, vicepresidente del último mandato de Correa, luego reelegido en la fórmula con el actual presidente, Lenín Moreno. Glas abandonó el cargo en enero de 2018, tras ser condenado a seis años de prisión por una causa anterior, en la que se determinó que recibió 13,5 millones de dólares en coimas de Odebrecht.

Una vez conocida la decisión judicial, Correa tildó el proceso en su contra como una "payasada".

La investigación de la causa comenzó en mayo de 2019, tras la divulgación de un informe periodístico del portal La Fuente.

Incertidumbre

Correa enfrenta otros procesos penales, entre ellos, el supuesto ordenamiento del secuestro del político opositor Fernando Balda en Colombia en 2012. Sin embargo, no podrá ser juzgado en ausencia por este delito, de acuerdo con la ley ecuatoriana.

Una condena por cohecho supondría el fin de su carrera política, dado que la Constitución ecuatoriana impide las candidaturas de personas condenadas por este delito, al igual que por enriquecimiento ilícito y peculado (malversación de fondos públicos).

Agencias AFP y AP

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