Coronavirus. Joel Hernández García: "La pandemia afectó el goce de los derechos humanos"

El 9 de enero de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente, decidió por unanimidad renovar el mandato de su secretario ejecutivo, Paulo Abrão, por cuatro años más.

Sin embargo, el 15 de agosto, el último día de vigencia del mandato de Abrão, el presidente de la CIDH, Joel Hernández García, recibió una carta del secretario general de la OEA, Luis Almagro, en la que notificaba a la CIDH que se abstenía de proceder con la renovación del mandato del secretario ejecutivo, una decisión sin precedentes que "sorprendió a todos porque atenta contra la naturaleza del órgano", según dijo en entrevista con LA NACION Hernández García.

-¿Qué significa para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la decisión de Almagro de abstenerse de proceder con la renovación del mandato de Abrão?

-La piedra angular de la autonomía e independencia de la comisión se encuentra en su capacidad de seleccionar a su secretario ejecutivo. Si no tuviese esa facultad, la autonomía se vería coartada. Por eso es tan importante este hecho. Nos preocupa que durante ocho meses la comisión no tuvo ninguna oposición sino hasta el último día de la vigencia contractual del secretario ejecutivo.

-¿Por qué cree que el secretario general tardó ocho meses en desestimar la renovación del mandato?

-Es exactamente lo que crea una duda sobre si existe una motivación subyacente para haber puesto las cosas en un punto de no retorno. Esa es la parte que nos causa mucha preocupación. Yo no quiero hacer especulaciones pero obviamente sorprenden mucho los hechos.

-Una de las razones de Almagro para rechazar la renovación del mandato es que penden sobre el secretario ejecutivo 61 denuncias. Y de hecho, reprochó a la CIDH por no avanzar con los mecanismos internos correspondientes para aclararlas…

-La comisión tomó todas las medidas a su alcance y en su competencia para la atención de las recomendaciones formuladas por la Ombudsperson Neida Pérez en 2019. Pero los integrantes de la comisión no somos funcionarios de la OEA y no tenemos facultades administrativas amplias. Por el contrario, el Secretario General si tiene estas facultades para llevar las denuncias a la instancia jurídica que corresponde: la oficina del inspector general. Y es ahí donde nosotros no aceptamos el reproche porque el Secretario General, de haber tenido esa información, estaba en sus manos haber llevado el tema a ese nivel. De hecho, después de recibir su informe el 10 de agosto (el informe confidencial de la Ombudsperson sobre la situación de la Secretaria Ejecutiva en 2019), la comisión le dice al secretario general que es de mayor interés de la comisión que estas denuncias sean investigadas y que haya un deslinde de responsabilidades. Entonces ahí también la comisión cumple en expresarle esta preocupación al Secretario General en el momento en que tenemos un informe, porque es en ese momento cuando conocemos de manera más detallada esta situación.

-Pero, ¿la CIDH no tenía conocimiento de las denuncias al momento de la votación?

-Antes del 9 de enero (día de la votación del secretario ejecutivo), nosotros habíamos sido informados y como cuerpo colegiado nos reunimos con la Ombudsperson. Yo personalmente tuve reuniones con ella, donde se presentaron casos individualizados, situaciones generales de ambiente laboral y ella tomó una serie de medidas al respecto. En ningún momento en esas conversaciones hubo un indicio de que había un impedimento para la continuación del mandato del secretario ejecutivo. Por eso sorprende mucho que venga un informe cinco días antes del vencimiento del contrato.

-Ante la justificación de Almagro de su decisión, ¿cómo esperan solucionar esta disputa? ¿Y cuál es la próxima instancia en caso de que el secretario general no dé marcha atrás con su decisión?

-El único camino a seguir es el diálogo. Hemos hecho una invitación al secretario general de continuar nuestras conversaciones y esperamos que podamos concertar una próxima etapa para resolver el tema de manera consensuada. Es la única manera de proceder porque el Secretario General tiene las facultades administrativas y si no las ejerce no hay contrato. La comisión no puede funcionar sin un secretario ejecutivo entonces es importante que haya un acuerdo para que haya continuidad en el trabajo de la comisión. Esperamos que en los próximos días podamos tener un acercamiento.

-¿Considera suficiente el apoyo que la CIDH ha recibido de funcionarios, organizaciones de la sociedad civil, excancilleres y de los Estados?

-Estamos muy agradecidos por ese apoyo recibido. Es una muestra palpable de que los diferentes sectores y muchos actores y usuarios del sistema interamericano depositan una gran confianza en la comisión. Entienden perfectamente la importancia de que la CIDH ejerza su autonomía e independencia desde la selección de su secretario ejecutivo.

-¿Por qué la CIDH decidió renovar el mandato a Abrão por cuatro años más?

-Yo tengo una gran admiración y respeto por Paulo Abrão y estoy convencido de que no hay otra persona mejor para ese puesto. Durante su mandato, logró duplicar de 16 a 32 los casos que se remiten a la corte por año, resolviendo gran parte del rezago procesal; impulsó mecanismos especiales de seguimiento a las situaciones de países como Venezuela y Nicaragua; el año pasado organizó distintos en lugares donde hubo protestas sociales que preocuparon al hemisferio, como Ecuador, Chile y Bolivia; logró establecer un equilibrio entre los tres pilares de la comisión (su sistema de casos y peticiones, su sistema de monitoreo y su programa de asistencia y cooperación técnica); tuvo la visión de establecer una sala de situación para atender los aspectos de derechos humanos en el marco de la pandemia.

-Hablando de la pandemia, ¿cómo ha afectado al ejercicio pleno de los derechos humanos en el continente?

-La pandemia ha afectado el goce de los derechos humanos. También las medidas que los Estados tomaron de tipo sanitario presentaron siempre el reto de ser adoptadas con una visión de derechos humanos. Todos entendimos que había que restringir ciertos derechos para poder salvaguardar la vida y la salud de las personas. También entendimos que era muy importante que toda la limitación se diese dentro de un marco jurídico siguiendo los principios establecidos en el derecho internacional para estas situaciones de emergencia. Pero lo que a nosotros nos tiene preocupados a futuro es el estado en el que van a salir las sociedades sobre todo ante el impacto económico profundo que han tenido todos los países de la región. Una de las grandes preocupaciones es por los derechos económicos sociales y culturales de los países. Tememos que esta situación de contracción económica vaya a generar mayor pobreza y desigualdad en el interior de los países. Y esas son situaciones adversas para el disfrute pleno de los derechos humanos.

-¿Cuáles son las situaciones actuales de vulneración o violación de derechos humanos que más preocupan a la comisión?

-Todos los países tienen retos de derechos humanos, no hay uno solo que no tenga en su agenda desafíos. A mí más bien me preocupa el nivel de cooperación de los estados. Cuando existe un reconocimiento de las falencias al interior de un estado y existe voluntad para atenderlas creo que se avanza mucho. Lo que sí resulta muy preocupante son aquellos estados que niegan la situación de derechos humanos de sus países y están cerrados al escrutinio interno e internacional. Hoy por hoy nos preocupa Venezuela y Nicaragua, en donde no existen estos canales de comunicación.

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