Coronavirus: Duterte recurre a tácticas de guerra contra las drogas para combatir la pandemia en Filipinas
The Washington PostRegine Cabato
MANILA.- José tiene 27 años y dice que cuando estaba comprando pan fue interceptado por agentes barriales que lo acusaban de haber atravesado una calle bloqueada por la pandemia de coronavirus . Insistió en que tenía permiso de circulación, pero la situación se fue de las manos y uno de los hombres lo golpeó en la cabeza. Para que no dijera nada del incidente, lo amenazaron con llevarlo a la policía.
"En la policía no se puede confiar", dice José, que no quiso revelar su apellido por temor a las represalias. "Con la policía todo empeora."
Para enfrentar la pandemia en Filipinas , el presidente Rodrigo Duterte y sus funcionarios están recurriendo a tácticas como los arrestos masivos y amenazas de represión estatal, métodos que empleó con fatídicos efectos en su lucha contra el narcotráfico. El líder populista impuso una de las cuarentenas más draconianas y prolongadas del mundo, y así y todo, con más de 82.000 casos y 2000 muertes, el país es uno de los más golpeados de la región.
"Juntos enfrentaremos esta pandemia con el mismo fervor de nuestra campaña contra las drogas ilegales, la delincuencia, la rebelión y la corrupción en los lugares concentrados del poder", dijo Duterte en su discurso de ayer sobre el Estado de la Unión. En su mensaje, defendió la actuación de su gobierno y dijo que así se habían evitado más de 3,5 millones de contagios.
Las autoridades arrestaron a miles de personas por violar el toque de queda, interrumpieron los operativos de alivio y asistencia social, y tienen hacinados a quienes incumplen la cuarentena en instalaciones donde es imposible el distanciamiento social. En abril, Duterte dio órdenes a la policía, los militares y los agentes barriales para que disparen a cualquiera que desafíe las restricciones. La semana pasada, ordenó a la policía que arrestara a quienes salieran a la calle sin barbijo, y calificó el hecho como "un delito grave".
"Se sienten autorizados por Duterte", dice Ana, madre de José, en referencia a los agentes barriales, que recién liberaron a su hijo cuando ella amenazó con denunciarlos por un incidente en ese suburbio de Manila el 28 de abril. El líder de la autoridad barrial, Noel Raga, refutó el relato de José, pero sin dar detalles.
Esta estrategia de mano dura tiene alarmados a muchos filipinos por el paralelismo con la guerra contra las drogas, que desde la asunción de Duterte, en 2016, ha dejado un tendal de miles de muertos. Y ahora, bajo el paraguas de la cuarentena pandémica, los organismos de derechos humanos dicen haber documentado todo tipo de abusos, y alertan sobre el uso de otras tácticas represivas.
Del 17 de marzo al 25 de julio, la Policía Nacional de Filipinas lleva registradas 260.000 "violaciones y desobediencias al toque de queda", con 76.000 arrestos. Durante ese mismo periodo y tan solo en el área metropolitana de Manila, la Comisión de Derechos Humanos del país recibió más de 900 denuncias, en su mayoría por supuestas torturas, tratos inhumanos, arrestos y detenciones arbitrarias.
Guillermo Eleazar, jefe de la fuerza de tareas a cargo del cumplimiento de la cuarentena, no quiso hacer comentarios para este artículo, pero en otras oportunidades manifestó que la policía y los ciudadanos se deben respeto mutuo. En abril, ante acusaciones de excesos por parte de sus agentes, el jefe de la Policía Nacional, Archie Gamboa, dijo que la fuerza que dirige estaba abierta a cualquier investigación.
"Para enfrentar cualquier desafío que tiene el país, lo único que sabe el gobierno de Duterte es reprimir y cercenar derechos y libertades", dice Aries Arugay, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Filipinas-Diliman.
"Es lo único que se les ocurre"
Entre las medidas más controvertidas está el anuncio de un plan del secretario del Interior, Eduardo Año, para que la policía vaya casa por casa para llevarse a los casos sospechosos de Covid a las instalaciones del gobierno. Aunque después el gobierno retiró la propuesta, el formato planteado era similar a la campaña antidrogas "golpear a la puerta y preguntar", donde a veces los sospechosos eran abatidos por la policía en sus propios hogares.
La idea similar de usar rumores barriales para identificar a los enfermos también hizo pensar en las "narco-listas", la práctica de nombrar y humillar a los sospechosos de consumir o vender drogas. Las asociaciones de derechos humanos dicen que ambas prácticas se prestan a las falsedades y manipulaciones. Un vocero de Duterte luego dijo que no era una política oficial y que nadie podía obligar a un enfermo a permanecer en las instalaciones de aislamiento.
Sin embargo, el rol de la policía al frente del cumplimiento de la cuarentena está bajo la lupa, especialmente después de las evidencias de participación policial en ejecuciones extrajudiciales en la lucha contra el narco.
La asociación de derechos humanos Karapatan señala que cuando enfrenta acusaciones por maltrato a quienes violan la cuarentena, la policía suele defenderse con los mismos argumentos que usa en la guerra contra las drogas, diciendo que los sospechosos ofrecen resistencia.
En abril, un policía mató a un exsoldado que según después se supo sufría de esquizofrenia y estrés postraumático. Inicialmente, la policía dijo que el soldado intentó sacar un arma, pero la investigación nacional luego descubrió que esa evidencia había sido plantada. El agente y otros cuatro presentes en la escena ahora enfrentan cargos por homicidio y perjurio.
Estas tensiones se suman a la catástrofe que implica la pandemia para las condiciones de vida de los filipinos. Las encuestas más recientes revelan que en el último año, unos 5 millones de filipinos pasaron hambre, mientras que un 83% dice que su calidad de vida empeoró. El desempleo en abril alcanzó un récord de 17,7%, según datos oficiales.
Al mismo tiempo, Duterte aprovechó la oportunidad que le brindó la cuarentena para aprobar leyes antiterroristas que según los expertos socavan los derechos democráticos, acusación que Duterte rechaza. La libertad de prensa también está bajo asedio: la prestigiosa periodista María Ressa fue condenada por libelo, y el 5 de mayo, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones ordenó el cierre de la cadena ABS-CBN, la principal emisora del país.
No se realizaron encuestas sobre la gestión de Duterte durante la pandemia, pero en la encuesta de Pulse Asia del mes de diciembre, su aprobación se mantenía en el 87%. Sin embargo, la debacle económica podría socavar el apoyo de sus votantes.
"Si tu realidad es peor que antes, si perdiste tus ahorros, tu auto, su casa, si no podés mandar a tus hijos a la escuela, entonces no hay desinformación que te convenza de una realidad alternativa", dice el politólogo Arugay. "La paciencia del filipino está llegando al límite."
The Washington Post
Traducción de Jaime Arrambide
Por Regine Cabato
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