Coronavirus: América Latina espera usar Big Data para paliar la pandemia, pero hay riesgos

Esta columna fue publicada originalmente en Americas Quarterly

NUEVA YORK.- No es la primera vez que el mundo lucha contra una pandemia, pero sí es la primera vez que las autoridades, para combatir la propagación del coronavirus , cuentan con las poderosas herramientas que brindan las tecnologías digitales y la recolección de datos personales en tiempo real. En todo el mundo se están desarrollando y utilizando aplicaciones que reúnen información personal para seguir el rastro de propagación de la enfermedad y controlar el cumplimiento de las cuarentenas.

América latina también comenzó a implementar medidas en función de los datos personales recolectados, pero en una región donde la protección de la privacidad y la sanción a sus violaciones son muy desparejas, esa combinación puede ayudar a enfrentar la pandemia, pero también representa una amenaza para la intimidad de los ciudadanos.

Los países están desplegando datos para frenar la pandemia básicamente de tres formas principales: 1) para el rastreo de contactos, que usa los datos de localización para saber dónde estuvo y con quién tuvo contacto una persona, como hacen Israel y Corea del Sur; 2) para hacer modelos predictivos, utilizando los datos de movilidad y geolocalización para tratar de entender el recorrido de propagación de la enfermedad; y 3) con aplicaciones de permiso de movilidad, que indican si en base a su riesgo de ser portadora de la enfermedad, determinada persona no debería estar en autoaislamiento.

En Colombia , el gobierno ya notificó a las proveedoras de telefonía celular que tal vez se les pida que entreguen información de sus clientes al Departamento Nacional de Planificación. Medellín puso en práctica una estrategia de georreferenciación para recolectar información de ciudadanos y potenciales portadores del virus, para una mejor distribución del servicio de salud en la ciudad.

En el nordeste de Brasil , la ciudad de Recife ya está rastreando 700.000 celulares para monitorear el cumplimiento de las medidas de confinamiento. Las asociaciones de telecomunicaciones brasileñas les ofrecieron a las autoridades "una solución de datos única, para monitorear la movilidad y los desplazamientos de la población, y detectar puntos de aglomeración y situaciones de concentración humana que generen riesgos de contagio". El alcalde de San Pablo anunció un acuerdo entre la ciudad y las telefónicas para enviar mensajes de texto dirigidos específicamente a vecindarios en especial peligro de contagio masivo, lo que en los hechos implica realizar un perfil y un ránking de barrios de bajos ingresos.

Si bien una respuesta basada en datos personales puede ser útil para enfrentar la crisis de covid-19 en la región, cuando viene acompañada de otras medidas, la recolección masiva de datos entraña riesgos para el ciudadano común. Para empezar, puede ser fácilmente utilizada para apuntar contra minorías u opositores políticos. Y eso es particularmente preocupante en países con gobiernos de sesgo autoritario.

Las leyes de protección de datos vigentes en la región –como la Ley General de Protección de Datos de Brasil de 2018, la Ley de Protección de Datos de México en 2010, o la Ley de Habeas Data de Colombia en 2012–, requieren del consentimiento del usuario para la recolección y el uso de la gran mayoría de los datos personales. Pero el consentimiento es un mecanismo de protección insuficiente. Tras dar su consentimiento, el ciudadano casi no tiene forma de controlar cómo y para qué está siendo usada esa información. Además, esas leyes contemplan amplias excepciones en caso de emergencia nacional o propósitos de interés público. En cuanto a las situaciones de emergencia, depende necesariamente de lo que la autoridad considere como tal y de lo que le parezca aceptable a la hora de usar esa inmensa masa de datos personales. Finalmente, la severidad con la que se aplican esas leyes es muy variable.

El Congreso de Brasil aprobó una ley similar a la ley de privacidad personal de la Unión Europea , con protecciones adicionales y derechos para los individuos, pero la fecha efectiva de entrada en vigor de esas protecciones fue pospuesta muchas veces, y no se nombró ni una autoridad de aplicación ni un organismo de control a cargo.

De todos modos, lo que pueden hacer en este momento los planificadores de políticas públicas es mucho. Además de implementar soluciones específicas para rastrear futuras oleadas de contagio o permitir que los inmunizados vuelvan a trabajar, los planificadores de los países latinoamericanos pueden crear limites legales para el uso de esa información, y exigir que las estrategias de respuesta que usen datos personales contengan desde un principio mecanismos que reduzcan el riesgo de una utilización desviada de esa información. Lo primero y fundamental es que los gobiernos recaben solo los datos que necesitan; una política de minimización de los Big Data .

En segundo lugar, y en línea con lo que está haciendo Colombia con las telefónicas o el uso de datos agregados en Recife, los gobiernos deben restringir el uso de esa información exclusivamente al combate de la pandemia. Tercero, se debe implementar un protocolo de emergencia de recolección de datos de parte de funcionarios públicos o asociaciones público-privadas, que ponga límite a la cantidad de tiempo que pueden quedar almacenados esos datos, en este caso, mientras dure la pandemia. Y en cuarto lugar, esos programas deben ser transparentes y abiertos al control público, para que puedan ser monitoreados y evaluados por la Justicia y la sociedad civil.

Finalmente, los planificadores de políticas públicas de la región deberían tener cuidado con el uso de esas herramientas: para empezar, los datos de localización no son demasiado precisos. Pueden decirnos si dos personas se cruzaron a dos metros de distancia en algún momento, pero no pueden decirnos si estaban en el mismo colectivo o en autos separados frenados en un semáforo.

En muchos lugares de América Latina, hay grandes grupos de gente que de todos modos vive amontonada, compartiendo una pequeña vivienda. Además, si bien en los últimos años el uso de celulares y de internet móvil aumentó, en a región sigue siendo relativamente bajo: el 66% de la población latinoamericana tiene celular y un 52% tiene acceso a internet móvil. O sea que los resultados basados en esas tecnologías son sesgados, dejando excluidas a las zonas rurales y las comunidades más vulnerables. La efectividad de cualquiera de esas herramientas dependerá mucho de que se apliquen combinadas con los testeos masivos, cruciales para saber quién está sano, quien está enfermo, y quién está en riesgo.

Los países latinoamericanos enfrentan durísimas disyuntivas y sus ciudadanos están haciendo sacrificios enormes. Quienes están en el poder deben estar a la altura de las circunstancias y demostrarles a los ciudadanos que se puede confiar en ellos en los momentos de crisis: tienen que asegurarnos que esa invasión de nuestros derechos fundamentales –a la privacidad, el trabajo, la educación y la libertad de movimiento–, será limitada y proporcional a lo necesaria para enfrentar la emergencia.

Traducción de Jaime Arrambide

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