Conflicto mapuche: en qué se parecen (y en qué no) los movimientos de Chile y la Argentina
El gobierno de Piñera decretó ayer estado de emergencia en cuatro provincias del sur del país ante el espiral de violencia; en la Patagonia argentina también rebrotaron los incidentes vandálicos en los últimos meses
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LA NACIONRamiro Pellet Lastra
De lo ancestral a lo moderno, de lo sagrado a lo profano, y de lo razonable a lo incendiario, el conflicto mapuche, donde se entremezclan reclamos, ocupaciones, desalojos y enfrentamientos, tiene puntos en común de los dos lados de la Cordillera de los Andes, el chileno y el argentino, aunque también hay matices y diferencias.
El problema es más acentuado en Chile, donde el gobierno de Sebastián Piñera decretó el estado de emergencia para dos provincias en la región de La Araucanía, y otras dos en la región de Biobío, en el sur del país.
El despliegue de militares responde a una serie de disturbios conectados con la cuestión mapuche, derivados de un problema de tierras, donde una vanguardia de grupos cada vez más radicalizados llevan la voz cantante, aunque se atribuyen una representación dudosamente legítima.
No está nada claro que los métodos de estos grupos radicalizados, dicen sus críticos, contribuyan a mejorar la suerte de las postergadas comunidades indígenas chilenas. Todo lo contrario. Como tampoco es nada evidente que los tanques de las Fuerzas Armadas lleven las soluciones que tantos miles exigen.
“Se hace en Chile un mal diagnóstico del problema. Se lo identifica como un conflicto de orden público cuya respuesta estatal es policial y de judicialización de los hechos de violencia. Ello ha llevado a un agravamiento del conflicto con la aparición, desde fines de los noventa, de grupos radicales mapuche que a través de la violencia política y acciones de propaganda armada buscan captar la atención de las autoridades”, dijo a LA NACION el escritor y periodista Pedro Cayuqueo, autor de nueve libros sobre los mapuches chilenos.
“Es una espiral de violencia donde cientos de mapuches han pasado por las cárceles chilenas en las últimas dos décadas, jóvenes activistas han sido asesinados por agentes del Estado, y por otro lado, agricultores y civiles han resultado muertos en atentados rurales atribuidos a grupos mapuche cada vez más radicales. A mayor violencia estatal, mayor violencia mapuche es el escenario en diversos territorios del sur”, añadió.
Del lado argentino, la conflictividad en la zona cordillerana de Río Negro, Chubut y Neuquén ha tenido picos de tensión desde 2017, con ocupaciones, cortes de rutas y enfrentamientos armados, y en estos meses la violencia, vía tomas e incidentes vandálicos, volvió a hacer erupción.
Además de estas coincidencias en el tiempo, están las semejanzas entre los grupos más conocidos, el CAM chileno y el RAM argentino, en sus dichos y sus hechos.
La Coordinadora Arauco Malleco (CAM) es una de las comunidades mapuches más violentas de Chile, y dice luchar por la “liberación de la nación mapuche” frente a un “Estado colonial”. La Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), por su parte, reivindicó los recientes ataques a organismos públicos en la Patagonia, con el mismo objetivo de “lograr la liberación” de la nación mapuche.
“No podría asegurar si existe un vínculo entre las organizaciones, que tengan una agenda en común”, dijo a LA NACION el doctor José Mela, académico de la Universidad Estatal de O’Higgins, si bien destacó que el “el contexto es el mismo” en cuanto a los reclamos de tierras y derechos de las comunidades mapuches por las que dicen pelear.
La RAM y otra formación violenta reivindicaron la destrucción de dos máquinas y un galpón de Vialidad Nacional, mientras que otra agrupación se instaló a fines de septiembre en la Cuesta del Ternero, cerca de El Bolsón, de donde fueron desalojados por efectivos de seguridad.
Los nombres originarios y las siglas se van multiplicando, y vuelven todavía más complejo el panorama: Lafken Winkul Mapu, Lof Quemquemtrew o el movimiento Mapuche Autónomo de Puelmapu (MAP). También se extienden las acciones violentas de sus activistas, como el incendio del centro de informes turísticos de El Bolsón, el 3 de octubre pasado.
“Se confunden”
Diego Frutos, presidente de la Junta Vecinal de Villa Mascardi, a 40 km de Bariloche, rechaza la legitimidad de estas agrupaciones y asegura que no tienen nada que ver con las auténticas comunidades. Aguerrido, Frutos milita contra la ocupación de diez hectáreas que sostiene el grupo Lafken Winkul Mapu en el Parque Nacional Nahuel Huapi.
“Son despreciados por los verdaderos mapuches, como la comunidad Wiritray, con los que convivimos en armonía. Los que armaron la toma no son mapuches, son un rejunte”, dijo Frutos a LA NACION. Y recordó cómo se instalaron en 2017 invocando una visión de la “machi” (chamán), una chica apenas adolescente a quien los espíritus le habrían marcado dónde debían establecer su nuevo domicilio.
“Yo siempre digo que la visión que tuvo la machi no fue solo espiritual, sino también catastral; se instalaron en tierras fiscales”, dijo Frutos, que no pierde el buen humor pese a haber sufrido ataques y amenazas por sus críticas.
La complejidad del problema en esos confines, innegable y enrevesada, es tal que otras comunidades mapuches, que buscan una vía alternativa para solucionar sus problemas, no se sienten identificados ni se solidarizan con los violentos. Y no solo en la Argentina. En Chile, dijo José Mela, “los grupos radicales se confunden con las comunidades que no lo son”.
La comunidad mapuche Tequel Mapu, de El Bolsón, rechazó en un comunicado esta semana “los hechos vandálicos que son de público conocimiento en la nueva oficina de turismo de El Bolsón y la ocupación violenta del campo de un poblador en Cuesta del ternero”. Y rechazó “el uso de la violencia con la que un pequeño grupo de personas viene aterrorizando a la población en los últimos años”.
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