Con polémica, un país convirtió la infidelidad en un delito penal con penas de prisión
El Parlamento aprobó una controvertida reforma que incluye castigos para el aborto, la promoción de anticonceptivos, las blasfemias religiosas y también los insultos al presidente
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LA NACION
En medio de una fuerte polémica, el Parlamento de Indonesia aprobó una reforma de su código penal que criminaliza el sexo extramatrimonial, una norma que alcanza tanto a ciudadanos como visitantes extranjeros por igual. Este martes la iniciativa fue aprobada por unanimidad.
El nuevo código penal debe ser ahora firmado por el presidente, indicó el viceministro de Ley y Derechos Humanos, Edward Hiariej. El código penal no se aplicará de inmediato, aunque se ha fijado un máximo de tres años para la transición del marco antiguo al nuevo.
Según consignó la agencia AP, el nuevo código incluye varios artículos revisados que convierten el sexo fuera del matrimonio en un delito punible con un año de cárcel, y la cohabitación con otra persona, fuera del vínculo legal, con seis meses de prisión. No obstante, los cargos de adulterio deben basarse en denuncias policiales presentadas por cónyuges, padres o hijos de la persona acusada.
El portavoz del equipo encargado de esta ley en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Albert Aries, defendió las enmiendas y aseguró que estas nuevas reglas protegen la institución del matrimonio.
Para los grupos de derechos humanos, esta legislación, sin embargo, supone un control de la moralidad y un giro hacia el fundamentalismo en un país largamente alabado por su tolerancia religiosa, cuya Constitución defiende el laicismo.
El director para Indonesia de Amnistía Internacional, Usman Hamid, rechazó, en diálogo con la agencia AFP, los cambios de modo enfático. ”Vamos hacia atrás. Las leyes represivas deberían haber sido abolidas, pero esta ley demuestra que los argumentos de los académicos en el extranjero son ciertos, que nuestra democracia está indiscutiblemente en declive”, aseveró.
Un centenar de personas protestaron el lunes contra le ley y desplegaron una pancarta amarilla con el lema: “Rechacen la aprobación de la revisión del código penal”.
Aborto, anticonceptivos e insultos a funcionarios
El sexo fuera del matrimonio no es el único aspecto regulado en la reforma. También designa la promoción de los anticonceptivos y las blasfemias religiosas como ilegales y restaura el veto a insultar a un presidente o vicepresidente en el cargo, instituciones del estado y la ideología nacional. Los insultos al presidente en el cargo deben ser denunciados por el mandatario y pueden suponer hasta tres años de cárcel.
Hiariej dijo que el gobierno ha ofrecido “la explicación más estricta posible que distingue entre insultos y críticas”.
El texto mantiene que el aborto es un crimen, aunque añade excepciones para mujeres con problemas médicos que pongan en riesgo su vida y por violación, siempre que el feto tenga menos de 12 semanas, en línea con las normas de su Ley de Práctica Médica de 2004.
Grupos de derechos criticaron varias de las reformas como demasiado amplias o vagas, y advirtieron que apresurar su aplicación podría penalizar actividades normales y amenazar la libertad de expresión y los derechos de privacidad.
Sin embargo, algunos activistas lo celebraron como una victoria para la minoría LGTBQ del país. En una encendida sesión de deliberación, los legisladores acordaron finalmente eliminar un artículo propuesto por grupos islámicos que habría ilegalizado el sexo homosexual.
El código mantendrá la pena capital en el sistema de justicia pese a las peticiones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otros grupos de abolir la pena de muerte, como han hecho docenas de países.
Reforma y protestas
La reforma llevaba décadas estancada mientras los legisladores del país de mayoría musulmana más poblado del mundo lidiaban con cómo adaptar su cultura y normas nativas al código penal, un legado del gobierno colonial holandés.
Una reforma anterior estuvo cerca de aprobarse en 2109, pero el presidente, Joko Widodo, instó a los legisladores a demorar la votación ante las crecientes críticas de la población, que derivaron en protestas nacionales en las que decenas de miles de personas tomaron las calles. Los críticos denunciaron falta de transparencia en el proceso de redacción de la ley y afirmaban que algunos artículos discriminaban a minorías.
Widodo dio órdenes al ministro de Ley y Derechos Humanos, Yasonna Laoly, de que recibiera impresiones de varias comunidades mientras los legisladores debatían los artículos.
El nuevo código penal indica que la pena capital incluirá un periodo condicional. Esto implica que el juez no puede imponer de forma automática una condena de muerte. Si el reo tiene buen comportamiento durante un periodo de 10 años, entonces la sentencia se cambia por cadena perpetua o 20 años de prisión.
El código también amplía la Ley de blasfemia actual y mantiene penas de cinco años de prisión para las desviaciones de las seis religiones reconocidas en Indonesia: el islam, el protestantismo, el catolicismo, el hinduismo, el budismo y confucianismo. Los ciudadanos pueden enfrentar una pena de hasta 10 años por asociarse con organizaciones que siguen una ideología marxista-leninista y hasta cuatro años por promocionar el comunismo.
Human Rights Watch afirmó el martes que las leyes que penalizan las críticas a líderes públicos son contrarias al derecho internacional, y que el hecho de que algunas formas de expresión se consideren insultos no basta para justificar las restricciones o sanciones.
“El peligro de las leyes opresivas no es que se apliquen de forma amplia, es que ofrezcan una vía para la aplicación selectiva”, dijo Andreas Harsono, investigador del grupo en Indonesia.
Muchos hoteles, por ejemplo en áreas turísticas como Bali y la zona metropolitana de Yakarta, se arriesgarán a perder visitantes, añadió. “Estas leyes permiten a la policía exigir sobornos, permiten a los funcionarios encarcelar a enemigos políticos, por ejemplo con la ley de blasfemia”, explicó.
Indonesia, el cuarto país más populoso del mundo y la tercera democracia más grande, es una isla democrática en una zona del sureste asiático llena de gobiernos autoritarios.
Con información de AP y AFP
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