Con el cardenal Angelo Becciu presente, comenzó en el Vaticano un histórico juicio por corrupción: “Siempre fui obediente al Papa”

ROMA.- “Maxi-proceso”, el “Manos Limpias del Vaticano”, el “Juicio Universal del papa Francisco”. En medio de enorme expectativa mediática, así fue bautizado el megaproceso que comenzó hoy en el Vaticano, que por primera vez en su historia puso en el banquillo a un cardenal, el italiano Angelo Becciu, durante años estrecho colaborador del Papa y otras nueve personas, considerados responsables de corrupción, estafa, reciclaje y malversación de millones de euros del Óbolo de San Pedro.

Salvo el cardenal Becciu y su exsecretario privado, monseñor Mauro Carlino, la mayoría de los imputados estuvo ausente en la primera audiencia. Pero todos los acusados, a través de sus abogados, dejaron en claro que se defenderán con uñas y dientes. De hecho, presentaron decenas de cuestiones preliminares y directamente pidieron la nulidad del juicio por supuestos errores e irregularidades procesales cometidos por los fiscales del Vaticano.

Al cabo de una audiencia maratónica -a la que asistió LA NACION-, que duró poco más de siete horas comenzó (desde las 9.30 hasta las 16.45), el presidente del Tribunal de tres jueces, todos laicos, Giuseppe Pignatone, dio lugar a algunas cuestiones procesales, se reservó otras y decidió posponer el juicio hasta el 5 de octubre.

Becciu, de 73 años y que durante ocho años fue sustituto de la Secretaría de Estado, el número tres del Papa, llegó a la sala del tribunal recientemente inaugurada en un anexo de los Museos Vaticanos a las 9.15 , acompañado por tres letrados. Entonces se hizo silencio en la sala.

De traje gris, cruz pectoral plateada y barbijo celeste, el purpurado -que no perdió el título de cardenal- se sentó en la última fila y se mostró bastante tranquilo. Y confiado en que este proceso -que podría durar años-, pueda demostrar su inocencia, que siempre clamó. “Lo vamos a lograr”, dijo a LA NACION y otros medios presentes, en uno de los dos intervalos del proceso, en el que contó que nunca antes había estado en una audiencia judicial.

Después de siete horas de audiencia, el cardenal destacó su obediencia al Papa: “Siempre fui obediente al Papa, que me encomendó muchas misiones en mi vida, quiso que fuera procesado y vine al proceso”, dijo.

Y anunció que “con gran dolor” le había dado mandato a sus abogados para denunciar a monseñor Alberto Perlasca , que no fue imputado y que es el gran arrepentido de este juicio, “por las falsedades que dijo sobre mí”.

Hasta este maxi-juicio querido por el papa Francisco para hacer limpieza, caiga quien caiga, un cardenal -el rango más alto y máximo colaborador del Pontífice- solo podía ser juzgado solo por el Santo Padre o por un tribunal formado por otros tres cardenales. Una disposición que, por voluntad de Francisco, quedó sin efecto. Tanto es así que el cardenal Becciu será juzgado, como los demás imputados en este proceso más que complejo, que nadie sabe cómo terminará y que puso sobre el tapete un turbio sistema de funcionamiento de las finanzas del Vaticano, por el famoso magistrado italiano anti-mafia, Giuseppe Pignatone, presidente del tribunal del Vaticano.

Luego de escuchar a los abogados defensores de los acusados, todos ataviados con rigurosa toga y que coincidieron en alegar que nunca tuvieron en sus manos las 28.000 páginas del sumario -luego condensado en 500- y otras actas y elementos, por lo que no habían podido ejercer el legítimo “derecho de defensa” de sus clientes, Pignatone les aseguró que iba a darle tiempo hasta octubre para ver esa mole inmensa de documentos.

La investigación

El maxi-juicio, inédito, fue fruto de una larguísima y compleja investigación que comenzó hace dos años al salir a la luz, gracias al Instituto para las Obras de Religión (IOR), la existencia de una inversión descabellada realizada en 2014 por la Secretaría de Estado, que compró un lujoso edificio -ex propiedad de Harrods-, en la Sloane Avenue, en Londres, con dinero del Óbolo de San Pedro.

El Vaticano, que fue estafado por oscuros brokers, perdió unos 300 millones de euros. Por este desfalco, que posee aristas de lo más complejas, además de Becciu –a quien Francisco obligó a renunciar a sus cargos y derechos cardenalicios, pero no al título, en septiembre del año pasado- y monseñor Carlino, el 3 de julio pasado los fiscales del Vaticano decidieron enjuiciar a otras ocho personas más. Se trata del financista romano Enrico Crasso, de 73 años, que durante casi tres décadas manejó las inversiones de la Secretaría de Estado; Tommaso Di Ruzza, exdirector de la Autoridad de Información Financiera (AIF), el ente encargado de vigilar que no haya reciclaje o movimientos de dinero sospechosos; su jefe, el abogado suizo René Brüelhart, expresidente de la AIF; Fabrizio Tirabassi, funcionario de la oficina administrativa de la Secretaría de Estado, que al parecer tuvo un rol protagónico en el asunto, tanto es así que cobraba “fees” del banco UBS de acuerdo al volumen de transacciones y si conseguía nuevos clientes; los turbios brokers italianos Raffaele Mincione y Gianluigi Torzi (este último arrestado en junio del año pasado y luego liberado bajo fianza); y Nicola Squillace, el abogado de estos dos últimos personajes. Además, una misteriosa mujer, Cecilia Marogna, de origen sardo, como Becciu, de 39 años, apodada “la dama del cardenal”, que recibió millones por supuestos trabajos de inteligencia, pero que gastó en objetos de lujo de grandes marcas.

Al principio Pignatone prefirió no mencionar los delitos imputados. “Los damos por leídos”, dijo el magistrado, consciente de que son muchos y graves. Se trata defraude, peculado, abuso de poder, apropiación indebida, reciclaje y auto-reciclaje, corrupción, extorsión, publicación de documentos reservados, falsificación de documentos públicos y privados.

Entre la treintena de abogados presentes, la estrella del primer día del maxi-juicio fue Luigi Panella, defensor del financista Crasso. En un alegato de una hora considerado “magistral” por sus colegas, Panella cuestionó el hecho de que se presentaran como demandantes la Secretaría de Estado, la Administración del Patrimonio de la Santa Sede (APSA) y el IOR (Instituto para las Obras de Religión). Aunque lo más fuerte fue que, en otra “excepción”, acusó al tribunal del Vaticano de ser un “tribunal especial”, creado “ad hoc” y por lo tanto contrario a cualquier “justo proceso” y prohibido por la Constitución italiana. Fundamentó su denuncia, al recordar cuatro “reescriptum”, es decir, cuatro actos administrativos decretados por el papa Francisco en los últimos años, que agilizaron el procedimiento penal del Vaticano, derogando legislación anterior y dándole más poder a los fiscales, incluso para realizar escuchas telefónicas en sus investigaciones.

“También en Italia se hicieron normas urgentes y extraordinarias para fenómenos de gravedad extraordinarios como mafia y terrorismo, sin que nadie alegara tribunales especiales, algo fuera de lugar”, rebatió Roberto Lipari, abogado del IOR, que destacó que también este maxi-juicio del Vaticano tenía que ver con situaciones extraordinarias. En línea se manifestaron los fiscales del Vaticano, Gian Piero Milano y Alessandro Diddi y la abogada Paola Severino, exministra de Justicia italiana, abogada de la Secretaría de Estado.

A su turno uno de los abogados de Becciu, Fabio Viglione, planteó la nulidad de la citación de su defendido por “omisión de interrogatorio. “Su eminencia jamás fue llamado a defenderse personalmente. Antes de ser enjuiciado, el inculpado debe poder ser escuchado. Y no se hizo”, denunció. Además, reclamó la nulidad de los cinco interrogatorios a los que se sometió monseñor Alberto Perlasca, durante años jefes de la oficina de administración de la Secretaría de Estado. Becciu es acusado de haber intentado sobornar a Perlasca, para que se retractara.

En su réplica, el fiscal del Vaticano, Diddi, después de haber subrayado que “si cometimos errores, estamos listos a enmendar”, aseguró que durante las investigaciones “siempre hemos aplicado las normas”. Y recordó que el Papa en un “motu proprio” de abril de este año abrogó la norma que decía que un indagado tiene que ser interrogado.

En un juicio que algunos creen que podrá convertirse en una película, finalmente el abogado de Marogna, la amiga sarda del cardenal Becciu que, entre diciembre de 2018 y julio de 2019, recibió a través de un empresa pantalla radicada en Eslovenia giros por 575.000 euros, que deberían haberle servido para rescatar a una monja secuestrada, agregó más condimentos para la intriga. Explicó que la señora, apodada la Mata Hari del Vaticano, no se podía presentar al juicio porque estaba involucrada en otro procedimiento del DIS -el Departamento de Información y Seguridad de Italia-, por el que “no puede responder, hasta que no esté liberada del secreto”.

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