Con Barrett en la Corte, Trump acelera el giro conservador en la Justicia de EE.UU.

WASHINGTON.– El Senado de Estados Unidos confirmó a la jueza Amy Coney Barrett en la Corte Suprema de Justicia para ocupar la silla de Ruth Bader Ginsburg, arraigando una mayoría conservadora en el máximo tribunal por décadas que puede llegar a dejar una profunda marca en el país en un amplio abanico de temas, desde el acceso a la salud y el derecho al aborto hasta la lucha contra el cambio climático.

Barrett, de 48 años, se convirtió en la quinta mujer en la historia en llegar a la Corte y en la más joven de sus nueve integrantes. Su designación generó una áspera disputa política entre republicanos y demócratas, que criticaron el apuro del oficialismo por avanzar con el pliego de Barrett para torcer el equilibrio ideológico de la Corte apenas una semana antes de que el país elija al próximo presidente y un nuevo Congreso. El máximo tribunal tendrá ahora seis jueces conservadores y tres progresistas.

La llegada al máximo tribunal de Barrett, una jueza "originalista" que prometió interpretar la Constitución al pie de la letra sin espíritu activista, terminó por coronar una muy exitosa ofensiva por parte de los republicanos en el Senado para cambiar el perfil de la justicia federal en Estados Unidos. Durante la presidencia de Trump, los republicanos lograron nombrar tres jueces en la Corte Suprema, 163 jueces de distrito y 53 magistrados en los tribunales de segunda instancia. Trump nombró más jueces federales al final de su primer mandato que cualquier de todos sus antecesores desde Jimmy Carter.

Paradójicamente, los republicanos deben ese logro a los demócratas. Históricamente las confirmaciones de los jueces federales, incluidos los de la Corte, avanzaban en el Congreso con una mayoría especial de al menos 60 senadores de los 100 integrantes de la Cámara alta. Pero durante la segunda presidencia de Barack Obama, frustrados con los bloqueos de los republicanos comandados por Mitch McConnell, los demócratas cambiaron las reglas y permitieron que las confirmaciones de funcionarios del Poder Ejecutivo y jueces federales fueran aprobadas por una mayoría simple, una movida bautizada como "la opción nuclear" en una era de intenso partidismo. Con Trump en la presidencia y el Senado en sus manos desde 2014, los republicanos aprovecharon al máximo el poder para poblar la justicia federal.

El resultado fue una de las campañas más exitosas en la historia reciente de Estados Unidos por correr al Poder Judicial hacia la derecha, un viejo objetivo del conservadurismo.

Barrett, una católica ferviente que se opone al aborto, es discípula del fallecido juez de la Corte, Antonin Scalia, que fue un ícono de la derecha y los "originalistas", que abogan una interpretación minimalista de la carta magna del país. Los demócratas advirtieron durante su audiencia de confirmación que su llegada al máximo tribunal significa el acta de defunción de la reforma de salud de Obama, Obamacare, la cual los republicanos han intentado desmantelar. Barrett también puede llegar a hacer posible que se revierta el fallo Roe vs. Wade, que legalizó el aborto en todo país.

La nueva Corte puede jugar un papel decisivo en el desenlace de la elección presidencial, como ocurrió en 2000 con la disputa entre Al Gore y George W. Bush.

Barrett sumará su voz a Samuel Alito, Clarence Thomas, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh, estos dos últimos, también elegidos por Trump. Con esa mayoría, la Corte comenzará seguramente a correr a la derecha a la jurisprudencia de Estados Unidos: puede habilitar a los estados a restringir el acceso al aborto o implementar más requisitos para votar; puede desarmar la reforma de salud de Obama, o ponerles límites al acceso de los trabajadores, o a las políticas de "acción afirmativa" que buscaron reducir la discriminación en las empresas, universidades y el gobierno y favorecieron a las minorías negras, hispanas y asiáticas.

Muchos de esos temas son domésticos y tocan a los derechos de la gente dentro de las fronteras de Estados Unidos. Pero la nueva Corte puede llegar a tener un impacto global afectando los derechos de los inmigrantes, las multinacionales o, quizás más crítico, la lucha contra el cambio climático.

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