Cómo destrabó Brasil sus negociaciones con Pfizer y ahora importa 100 millones de vacunas
Bolsonaro había calificado de “abusivas” las condiciones, pero finalmente llegaron a un acuerdo
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PARA LA NACIONMarcelo Silva de Sousa
RÍO DE JANEIRO.- La negociación entre Pfizer y el gobierno federal de Brasil por la adquisición de vacunas contra el Covid-19 salió del pantano en marzo luego de ocho meses de conversaciones, empujada por la urgencia de la crisis sanitaria y por una actuación decisiva del Congreso.
El recrudecimiento de la pandemia, la lentitud con que avanza el programa nacional de inmunización -menos de 7% de la población recibió una dosis- y una nueva legislación tramitada con prisa en ambas cámaras fueron claves para que se alcanzara un acuerdo para la llegada en 2021 de 100 millones de dosis de la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNtech.
La vacuna había enfrentado críticas directas del presidente Jair Bolsonaro, quien el 18 de diciembre, en medio de las dificultades para llegar a un acuerdo, criticó que el laboratorio exigiera como condición que no se responsabilizaría por eventuales efectos colaterales vinculados a la aplicación del inmunizante.
Las primeras conversaciones entre el gobierno brasileño y el laboratorio se dieron en junio de 2020. El 15 de agosto del año pasado la compañía presentó la primera de las tres ofertas que entregaría al gobierno, por 70 millones de inmunizantes y con previsión inicial de entrega de algunas dosis en diciembre del año pasado, según reveló la compañía en una nota el 7 de enero.
El gobierno de Bolsonaro tomó la decisión de no responder a los ofrecimientos de venta. Al negar durante meses la compra de vacunas Pfizer, Bolsonaro había calificado de “abusivas” las condiciones.
“En el contrato de Pfizer está bien claro. Si te convertís en yacaré, es tu problema. Si te convertís en un superhéroe... si le sale barba a alguna mujer o algún hombre comienza a hablar agudo... ellos no tienen nada que ver con eso”, había dicho el presidente. La vacuna ya había sido aprobada en la tercera fase en Brasil y se aplicaba en Reino Unido y Estados Unidos.
El laboratorio debió aclarar que las condiciones que exigía a Brasil eran las mismas requeridas a otros países como Estados Unidos, Japón, Israel o Chile, que ya habían alcanzado un acuerdo: la farmaceútica no se responsabilizaría por ningún efecto adverso.
Debido al atraso en el programa nacional de inmunización, que todavía no había comenzado, a mediados de diciembre gobernadores nucleados en el Foro Nacional de gobernadores comenzaron a presionar e indicaron un interés formal en la compra de la vacuna. Al mes siguiente, el gobierno federal y Pfizer retomaron las conversaciones y el laboratorio elevó la previsión de entregas para este año de 70 a 100 millones de dosis.
Intervención del Congreso
Pero todavía faltaba un punto clave. El ministerio de Salud necesitaba la aprobación de una ley que viabilizara la compra de esas vacunas estableciendo claramente que el gobierno federal, los estados y los municipios pueden asumir responsabilidades vinculadas a efectos adversos, eximiendo a la empresa fabricante. El 2 de marzo, Diputados sancionó una ley a la medida de Pfizer, para “ampliar el acceso a inmunizantes”, según palabras del relator del proyecto, el diputado federal Igor Timo.
La norma, sancionada cuatro días más tarde por Bolsonaro permite que, para cubrir el riesgo por eventuales efectos colaterales, la administración pública contrate un seguro privado nacional o internacional que se haga cargo de la responsabilidad civil. El coronavirus ya arreciaba en Brasil por esos días, con el colapso hospitalario en ciernes y un nuevo récord de muertes de 1641 fallecidos en un día, todavía lejos de la marca que se daría tres semanas más tarde, con más de 3200 fallecidos en un día.
“El gobierno fue presionado por todos los sectores de la sociedad a comprar más vacunas”, explicó a LA NACION Ligia Bahia, doctora en Salud Pública y miembro del Instituto de Salud Colectiva de la Universidad Federal de Río de Janeiro.
Bahia dijo que originalmente se creía que tanto la Fundación Oswaldro Cruz (Fiocruz) como el Instituto Butantán de San Pablo, que cuentan con acuerdos para la producción de inmunizantes con los laboratorios AstraZeneca y Sinovac respectivamente, podrían abastecer solas toda la demanda de Brasil, con una población “vacunable” mayor a 18 años de más de 160 millones de personas.
“No erró apenas el gobierno, sino también nosotros, los científicos, al creer que apenas con Fiocruz y Butantán podríamos autoabastecernos de vacunas. La pandemia recrudeció y hacia fin de 2020 supimos que, con suerte, si todo anda bien, Butantán y Fiocruz van a poder dar 200 millones de dosis este año”
Finalmente el 19 de marzo el ministerio de Salud firmó contratos de compra de las vacunas Pfizer/BioNtech y Janssen, en uno de los últimos actos del ex ministro Eduardo Pazuello, que enfrentaba fuertes críticas por la lentitud en la inmunización en medio de récords negativos diarios de fallecidos por el virus.
Paradójicamente, un mes antes de la firma del contrato de compra, la vacuna Pfizer ya contaba con autorización de la agencia sanitaria brasileña (Anvisa). Según el ministerio de Salud, el cronograma negociado con Pfizer/BioNtech contempla 13,5 millones de dosis entre abril y junio y otras 86,5 millones de dosis entre julio y septiembre.
La especialista en Salud Pública citó una asimetría que, sin embargo, puede presentarse una vez que empiecen a llegar las vacunas Pfizer, atada a la necesidad de adquirir seguros. “Los estados más ricos van a poder comprar más vacunas fácilmente porque los seguros van a generar un costo adicional. Así, la tasa de transmisión puede terminar siendo reducida inequitativamente en el país. Es probable que los estados más ricos como San Pablo o Paraná puedan vacunar más rápidamente”
Brasil tiene garantizadas 562 millones de dosis de vacunas hasta fin de 2021, según contratos firmados por el Ministerio de Salud. Además de Pfizer existen acuerdos para disponer de vacunas de AstraZeneca/Oxford, Instituto Butantán/Coronavac, las dosis correspondientes al consorcio Covax, las de Precisa/Bharat -vacuna Coxavin-, las Janssen y Unión Química/Gamaleya por la Sputnik V.
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