Cómo los autócratas del mundo convirtieron a la Interpol en su arma personal

BRUSELAS.- Hakeem al-Araibi pensó que había escapado de las manos del gobierno bahreiní cuando huyó hace años a Australia como refugiado político. Sin embargo, el año pasado, tras aterrizar en Tailandia para una luna de miel postergada, al-Araibi fue arrestado de inmediato y se estableció la fecha de regreso a su país natal.

Bahréin, país acusado de tortura y otros abusos, había usado lo que se conoce como una notificación roja de la Interpol a fin de extender su alcance al otro lado del mundo y atraparlo, a pesar de que hay reglas que sirven para proteger a los refugiados.

Fue un momento vergonzoso para la Interpol. Tras años de casos similares, la organización internacional policiaca más grande del mundo fue acusada de haberse convertido en una herramienta de gobiernos represivos. La Interpol prometió mejorar. El arresto de al-Araibi fue un duro recordatorio de que, a pesar de sus reformas, la Interpol seguía siendo vulnerable a la manipulación de autócratas, déspotas y violadores de los derechos humanos.

Durante un periodo posterior a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, los líderes mundiales guardaron la esperanza de que la agencia aletargada con sede en las orillas del río Ródano en Francia se hubiera convertido en una fuerza unificadora del Estado de derecho. En teoría, los objetivos de seguridad de la Interpol iban a trascender las fronteras nacionales y hermanar democracias y autocracias por igual.

No obstante, registros y entrevistas en los cinco continentes demuestran que, para lograr esa visión, los altos funcionarios de la Interpol ignoraron en repetidas ocasiones advertencias urgentes al interior de la organización que la consideraban vulnerable a intromisiones políticas. Una y otra vez, la Interpol dio prioridad a la expansión internacional por sobre los dispositivos de seguridad.

Con una confianza inquebrantable en su hermandad de naciones, la Interpol tardó en reconocer una época en la que los autócratas y los caudillos ejercen cada vez más poder sobre las instituciones internacionales.

En la actualidad, la Interpol está luchando por apuntalar la vigilancia en 194 países y revisar decenas de miles de circulares rojas que se han acumulado a lo largo de los años. Nadie sabe cuántas están manchadas de influencia política.

Esta situación deja a los gobiernos de todo el mundo, entre ellos al de Estados Unidos, intentando descubrir si están arrestando a un fugitivo o empleando a su policía para cumplir los caprichos de un déspota.

"Nos da gusto que haya un nuevo proceso, pero en muchos casos ya es demasiado tarde", comentó John F. Flanagan, un abogado que tiene como cliente a Alexey Kharis, a quien le negaron el asilo y ordenaron su encarcelamiento en California con base en una notificación roja de Rusia. Kharis, quien está apelando el fallo del asilo, fue puesto en libertad bajo fianza en diciembre después de que un juez citó evidencia que sugiere que la notificación roja podría obedecer a motivos políticos.

"No se puede detener la campana de alarma", señaló Flanagan. "No se puede deshacer el hecho de que nuestro cliente pasó quince meses detenido".

La principal prioridad

Nadie se molestó en llamar a la Interpol después de que los aviones se estrellaron en el World Trade Center y en el Pentágono el 11 de septiembre de 2001. ¿Y para qué lo habrían hecho? La Interpol era una oficina que atendía de 9 a.m. a 5 p.m. donde todo estaba en papel, y todo el mundo se movía exprofeso. Su presupuesto, incluso en la actualidad, es más o menos el del Departamento de Policía de Cincinnati.

Aunque Hollywood la ha presentado como una versión mundial del FBI o de Scotland Yard, la Interpol de la vida real no tiene ninguna autoridad para investigar crímenes o realizar arrestos. Con su sede en la pintoresca ciudad francesa de Lyon, la Interpol más bien es una cámara de compensaciones para la información de la policía, un tablero de anuncios digital que sirve para que los oficiales de la policía compartan lo que saben.

Poco después de los ataques del 11 de septiembre, el secretario general, Ronald K. Noble, el primer estadounidense en el cargo, concibió un papel importante para la agencia. Noble, quien fuera un ambicioso funcionario del Departamento del Tesoro, dio a conocer una iniciativa digital llamada I-24/7 que permitía a los países usar la base de datos de la Interpol las 24 horas del día.

Las notificaciones rojas eran un componente crucial. Son un tipo de orden judicial que usan los oficiales de la policía de un país para pedirles a sus homólogos extranjeros que hagan un arresto. Cuando el sistema funciona, sirve para atrapar asesinos, violadores y depredadores sexuales que cruzan las fronteras nacionales.

Emitir las notificaciones se convirtió en la principal prioridad de la Interpol. "En particular, me enorgullece informar que la cifra de circulares rojas se disparó un 40% en 2004, a más de 1900", escribió Noble ese año.

Sin embargo, incluso en esos primeros años, los funcionarios vieron señales de problemas. La comisión de auditoría interna de la Interpol informó sobre una cantidad pequeña pero creciente de quejas de personas que declararon ser blancos de propósitos meramente políticos.

Como un defensor tradicional de los derechos humanos y el principal financista de la Interpol, Estados Unidos estaba en posición de exigir cambios. No obstante, la prioridad era la guerra al terrorismo, no la Interpol. En 2005, Noble le pidió al procurador general Alberto Gonzales que asignara un abogado del Departamento de Justicia a Lyon para que ayudara con la creciente carga de trabajo. Gonzales se rehusó.

En 2006, la Interpol emitió 2800 circulares rojas -más del doble de las del año anterior a los ataques del 11 de septiembre-, incluso en medio de advertencias sobre gobiernos no identificados que estaban persiguiendo a refugiados.

Para Noble y otros altos funcionarios, en un inicio los problemas eran de crecimiento. En 2007, cuando Irán hizo lobby para bloquear las órdenes en contra de sus ciudadanos en relación con el bombardeo de 1994 en la AMIA, en Argentina, la Interpol se mantuvo firme.

"Votamos el asunto de las circulares rojas", comentó Thomas V. Fuentes, un estadounidense que trabajó en el comité ejecutivo de la Interpol en aquel entonces. Fuentes afirmó que la decisión había demostrado que una Interpol moderna aún podía rechazar la influencia política.

Advertencias urgentes

Lo que sucedió después fue un punto de inflexión en la historia de la Interpol. Noble lanzó un programa llamado I-link, el cual permitió que los gobiernos diseminaran circulares rojas casi de manera instantánea.

Exfuncionarios aseguran que fue una decisión visionaria, pero ahora reconocen que también provocó que la Interpol quedara vulnerable a abusos.

"Vimos el comienzo de esto", comentó Claudio Grossman, un abogado chileno que trabajó en la comisión de auditoría de la Interpol en aquella época. Una y otra vez, Grossman y sus colegas le advirtieron a Noble que no fuera tan rápido, según lo muestran los registros.

Sin embargo, la cantidad de circulares rojas se volvió a duplicar. Muchas fueron vagas hasta un grado inaceptable, pero los abogados hicieron lo posible por detectar órdenes problemáticas entre la avalancha de nuevos expedientes.

Grossman y sus colegas en la comisión de auditoría sugirieron que la Interpol estaba emitiendo muchas notificaciones, muy rápido y con muy poca supervisión… e instaron a la organización a mejorar su control de calidad.

No obstante, la agencia respondió muy lentamente. Algunas personas aseguran que la cultura de la Interpol -oficiales de la policía que toman decisiones en beneficio de oficiales de la policía- limitaron las reformas. Otras no consideraron que los problemas fueran significativos.

"En aquel entonces, creíamos que teníamos los procesos necesarios para lograr un equilibrio adecuado", comentó Khoo Boon Hui, un policía veterano originario de Singapur que fue presidente de la Interpol de 2008 a 2012. "Creo que ahora se han dado cuenta de que eso no es adecuado".

Uno de los primeros casos que puso los reflectores sobre el problema fue el de Benny Wenda, un refugiado indonesio que vivía en Inglaterra. En 2011, Wenda, quien encabezó un movimiento de independencia en la provincia de Papúa Occidental, se enteró de que Indonesia había obtenido una notificación roja para arrestarlo.

"Para nosotros, ese fue el primer indicador de que estas órdenes en verdad se estaban usando con fines políticos", recordó Jago Russell, director ejecutivo de Fair Trails, un grupo de presión con sede en Londres. "Pero era difícil lograr que los gobiernos y la Interpol se interesaran en el asunto".

Más o menos en esa época, Rusia comenzó a emitir circulares rojas para los desertores que habían cooperado con las autoridades estadounidenses, según exfuncionarios de seguridad. Fue una maniobra inteligente. Si Washington intentaba oponerse a ciertas circulares rojas, solo se confirmaría la importancia de esos desertores.

Los agentes federales se volvieron reacios a compartir información con la Interpol. "Siempre hubo el temor de que la información llegara a la gente equivocada", mencionó Gil Kerlikowske, el excomisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

La reformas de la Interpol

Por fin, en 2014, años después de alarmas urgentes y en medio de una oleada de cobertura negativa de la prensa, la Interpol comenzó a revisar su sistema de circulares rojas. Un nuevo secretario general, Jürgen Stock de Alemania, dio una prioridad inmediata a las reformas.

Tuvieron que pasar dos años más, pero la Interpol aprobó una reforma que reforzó los requisitos de los registros, agregó a un oficial para la protección de los datos y fortaleció la comisión de revisión interna. La Interpol también creó un grupo para hacer una revisión previa a las circulares rojas, con lo cual recobró la vigilancia que había disminuido después del 11 de septiembre.

"Reconocemos que las circulares rojas son una herramienta poderosa, por esta razón revisamos, evaluamos y mejoramos nuestros sistemas y procedimientos de manera continua donde sea necesario", mencionó la Interpol en un comunicado.

Los funcionarios estadounidenses y europeos vieron un potencial punto de inflexión en las elecciones de la Interpol celebradas el año pasado, las cuales tuvieron lugar tan solo unas semanas después de otro episodio vergonzoso en el cual su presidente fue arrestado en secreto por su propio país, China. Se pensó en un funcionario ruso de seguridad como el principal candidato para remplazarlo.

Aunque la presidencia básicamente es un puesto simbólico, funcionarios de Occidente arguyeron que una victoria rusa iba a socavar aún más la credibilidad de la Interpol. En un discurso incisivo que ofreció en la reunión anual de la Interpol celebrada en 2018 en Dubai, el subprocurador general, Rod J. Rosenstein, dijo que las elecciones eran una prueba de los principios de la Interpol.

"Los observadores podrían preguntarse si nuestras votaciones reflejan los valores que profesamos", dijo Rosenstein. "Debemos defender el Estado de derecho".

Rosenstein y otros funcionarios del Departamento de Justicia recalcaron ese punto en reuniones privadas con líderes extranjeros en Dubai. De regreso en Washington, el secretario de Estado, Mike Pompeo, pidió a todas las naciones "que respetaran el Estado de derecho" para respaldar la candidatura presidencial de Kim Jong-yang de Corea del Sur. El senador de Florida, el republicano Marco Rubio, presionó a los aliados de Latinoamérica y del Medio Oriente.

El subtexto era claro, según los funcionarios estadounidenses y europeos: Estados Unidos, cuyo presidente es escéptico respecto de las organizaciones internacionales, podría reconsiderar su futuro en la Interpol. Los aliados europeos sostuvieron el mismo argumento.

A final de cuentas, Kim fue electo. El resultado fue una victoria diplomática para el gobierno de Trump y un momento de unanimidad con Europa en un momento en el que las relaciones han sido tensas.

"Al principio, parecía que era una batalla perdida", comentó Jovita Neliupsiene, la embajadora lituana para la Unión Europea. "Pero los aliados son los aliados. Y no debemos subestimar ese hecho".

Los funcionarios de la Interpol estaban frustrados de que la cobertura noticiosa de las elecciones hubiera eclipsado sus mejoras. Después llegó el arresto de al-Araibi, una exestrella bareiní de fútbol de 25 años. La Interpol retiró la orden, pero al-Araibi estuvo detenido durante meses antes de ser liberado.

La Interpol no discute casos individuales, pero declaró: "Un desafío significativo que sigue enfrentando la organización es la reticencia de los países para confirmar si han otorgado el estatus de refugiado".

Este parece haber sido un factor en el arresto de al-Araibi. Los funcionarios de la policía australiana dijeron que no sabían que su país le había brindado asilo a al-Araibi.

Russell, de Fair Trials, aplaudió los cambios en la Interpol, pero mencionó que esos casos demostraban que la agencia y sus gobiernos miembro debían hacer más.

"Dejaron de prestar atención después del 11 de septiembre, cuando todo estaba relacionado con ‘Comparte toda la información posible. Los daños colaterales no importan nada’", señaló Russell. "Ahora no se puede dejar de vigilar a esta institución".

The New York Times

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