Citas secretas por WhatsApp, bótox a domicilio e inyecciones pirata: el peligro de las gangas en medicina estética

El año pasado por estas fechas navideñas, una paciente acudió a la consulta del doctor Eduardo de Frutos en Talavera de la Reina (Toledo). Tenía el labio hinchado e incluso parte de la cara semiparalizada después de un tratamiento de medicina estética que una supuesta enfermera le había realizado en su casa. Bótox a domicilio. El médico pudo reparar los daños y la mujer decidió que denunciaría. No siempre sucede, de hecho no es lo habitual que un paciente incluso con secuelas empiece un proceso judicial. “Pero si no lo hacen, es imposible luchar contra los tratamientos pirata”, puntualiza De Frutos.

El médico, que también pasa consulta en Madrid, pertenece a la comisión de intrusismo de la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME), que se presentará como acusación popular en la causa. “En los últimos ocho años, vemos como este se ha convertido en uno de los principales problemas en nuestro sector”, apunta. Los profesionales hablan de que han detectado tratamientos en peluquerías, supuestos enfermeros que acuden a los domicilios, productos que se compran por Internet o cuentas de redes sociales en las que solo se permite concertar una cita por WhatsApp y avisan del lugar y la hora del tratamiento con 24 horas de antelación.

Los facultativos deducen que citan con tan poco tiempo y en diferentes lugares para evitar inspecciones. Es muy sencillo encontrar cuentas de Instagram que presumen de tratamientos como el de los conocidos como labios rusos en los que anuncian las diferentes ciudades en las que van a estar disponibles cada semana. Es como una especie de tour estético que no para y en el que muchos exigen pagos por adelantado a modo de reserva.

Su compañero Sergio Fernández, con una clínica en el centro de Madrid, relata lo mismo. “Muchas veces, los pacientes acuden a lugares equivocados o confían en personas que no deben por desinformación. Alguna vez han llamado a mi clínica de algún hotel solicitando que fuera a inyectar a un cliente a la habitación y les he tenido que explicar que eso no es posible”, cuenta el doctor.

A finales de noviembre, la Policía detuvo en Madrid a una mujer que se hacía pasar por médica para realizar tratamientos estéticos. Se publicitaba a través de una conocida web de ofertas y ofrecía inyecciones de bótox y ácido hialurónico. La detenida alquilaba un local de coworking en Chamberí, para lo que presentó documentación falsa, tanto sobre su identidad como su titulación. Tras su arresto, los agentes también requisaron una gran cantidad de suministros médicos, como viales, jeringas y agujas, que fueron enviados a analizar a un laboratorio. La Policía busca a posibles víctimas ya que tiene conocimiento de que “alguna de ellas tuvo que acudir después a una clínica certificada por infecciones causadas por los tratamientos”, informó el cuerpo en un comunicado. Esta operación es una de las pocas en las que el submundo de la medicina estética emerge de la clandestinidad.

Hace unos años la edad de entrada a la medicina estética eran los 35 años, según fuentes del sector. Ahora, son clientes de 20 años los se inyectan ácido hialurónico en los labios y toxina botulínica en la frente. Esto puede contribuir a que busquen el modo de hacerlo a través del medio que más conocen: las redes. Y no siempre es fácil distinguir lo que está homologado de lo que no.

“Hay pocas detenciones, porque es muy difícil de perseguir. Los afectados después tienen vergüenza en admitir que se han inyectado en una peluquería o en cualquier otro sitio sin certificación y casi nunca denuncian”, señala Fernández. “El problema es que a la gente le parece que las inyecciones son cosas menores, no son intervenciones quirúrgicas de silicona como las de antes, así que a no ser que sea un desatre enorme, como mucho seis meses después el efecto ha desaparecido”, añade. Según datos de la SEME en España un 30% de los casos de intrusismo se producen en centros estéticos sin licencia, un 16% en peluquerías y un 14% en casas privadas de esteticistas autónomos.

Los profesionales médicos han llegado incluso a los tribunales con el Colegio de Enfermería por la delimitación de las funciones de cada colectivo. Y por ahora han ganado. En una sentencia de abril de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio la razón a la SEME y dictó que “corresponde al médico planificar y aplicar tratamientos no quirúrgicos y quirúrgicos” y que un enfermero no puede aplicar “tratamientos e intervenciones que corresponden a la competencia de un facultativo”. El fallo se apoya en legislación existente en diferentes comunidades autónomas que dictamina que la “utilización de aparatos láser será realizada bajo la responsabilidad de un licenciado en Medicina y Cirugía”. Lo mismo dice del bótox: “Su aplicación será realizada siempre por profesionales sanitarios médicos y con experiencia en el tratamiento”.

El Tribunal Supremo ratificó esta sentencia el pasado julio. En un comunicado, el Colegio de Enfermería pidió no sacar conclusiones precipitadas de este fallo y esperar a otros recursos pendientes en el Supremo sobre auntos relacionados con la aplicación de tratamientos estéticos. Esto hace prever que cotinuarán los enfrentamientos judiciales por un sector que, según los últimos datos de la propia SEME, mueve más de 2800 millones de euros anuales en España y atrajo a 140.000 turistas en busca de medicina estética en 2018.

Si el instrusismo está proliferando, es porque los cauces para adquirir los productos que se inyectan también. La Policía Nacional y la Municipal de Madrid desarrollaron conjuntamente a mediados de este mes la operación Instruso. Requisaron más de medio millón de productos falsos o con deficiencias, entre los que encontraron 28.000 cosméticos. Tenían “graves deficiencias de etiquetado, seguridad, falta de control de aduanas, inexistencia de facturación de origen y destino, falta de registros sanitarios y de seguridad y comercialización prohibida”, detallan los responsables de la operación en un comunicado. En esta investigación, desarrollada por la Comisaría Principal de Policía Judicial de la Policía Municipal, junto con la Brigada de extranjería y la UCRIF de la Nacional, se detuvo a 22 personas, entre otros delitos, por intrusismo profesional.

En este caso, los productos se localizaron gracias a inspecciones en medio centenar de establecimientos, pero las páginas web de compraventa también son un escaparate para este material. Los médicos también son conscientes de este mercado negro, que en realidad está a la vista de todos con poco esfuerzo. Suelen avisarse unos a otros mediante grupos de WhatsApp o en reuniones internas para estar a la última también en esto. “Nosotros denunciamos ante la Agencia Española del Medicamente que es verdad que retira los anuncios rápidamente, pero unas semanas después vuelven a estar ahí”, se lamenta Fernández. Para estar bella y bello, mejor pedir certificados.

Por Patricia Peiró

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