Millones de personas protestan en Brasil contra el gobierno de Dilma Rousseff
Sólo en San Pablo, un millón y medio de manifestantes ganaron la calle pidiendo la destitución de la presidenta, golpeada por la corrupción en Petrobras y la devaluación de casi el 30% del real frente al dólar en un año; en otras 12 ciudades también marcharon
RÍO DE JANEIRO.- Cientos de miles de personas vestidas de verde y amarillo, los colores de la bandera de Brasil, protestaban este domingo pacíficamente en todo el país contra la presidenta Dilma Rousseff, que enfrenta un complejo panorama económico y también político debido al escándalo de corrupción en Petrobras.
Varios de los manifestantes reclaman el "impeachment" (destitución) de la presidenta, que comenzó su segundo mandato hace menos de tres meses tras ser reelecta en octubre por un margen de apenas 3% de diferencia con respecto a su competidor Aécio Neves.
Las marchas y congregaciones reunieron en Río de Janeiro a unas 15.000 personas, según la prensa opositora, en el paseo marítimo de Copacabana, también en Minas Gerais, Pernambuco, Bahía, Amazonas, Goiania, Ceará, Maranhao, Alagoas, Distrito Federal de la capital Brasilia, San Pablo y Pará, entre otras ciudades.
Los manifestantes convocados por la oposición de centro derecha muestran pancartas que llaman al cambio en Brasil y algunos reclaman la destitución de la presidenta Rousseff, a la que acusan fundamentalmente por el escándalo de sobornos otorgados por directivos de la gigante petrolera estatal Petrobras.
54 políticos salpicados
En la investigación están salpicados 54 políticos, del gobierno como de los partidos de la oposición, entre ellos los presidentes de las dos cámaras del parlamento. En contrapartida a la convocatoria de este domingo, el viernes pasado se organizaron manifestaciones en apoyo del gobierno en muchas ciudades de Brasil.
Esos mítines, que tuvieron lugar sin incidentes, fueron organizados por sindicatos, agrupaciones de estudiantes y maestros.
Rousseff publicó esta mañana un video en su página oficial de Facebook en el que defiende el derecho a "actividades espontáneas" y recuerda que en Brasil en otros tiempos "no era posible organizar protestas en las calles".
"Quién se manifestaba terminaba directamente en prisión o, peor aún, se la tildaba de subversiva", dijo Rousseff, quien durante la dictadura militar (1964-1985) fue detenida y torturada en la cárcel por sus captores.
"Creo que Brasil debe defender manifestaciones libres, pero, al mismo tiempo, debe asegurar que sean pacíficas", agregó en su mensaje.
Hartos de la corrupción
Unas 25.000 personas marchaban hacia el Congreso en Brasilia, también según cálculos de la policía. Entre ellos se encontraba el empresario de la construcción Alessandro Braga, de 37 años, acompañado de su esposa y de su hijo en un carrito. "Apoyo la salida de Dilma. Los mayores escándalos de corrupción ocurrieron durante su gobierno y no dijo nada", sostuvo.
El hartazgo de la corrupción parece ser la amalgama de muchos manifestantes que reclaman desde un golpe militar hasta la protección del Acuífero Guaraní, mientras marchan en familia y se sacan "selfies" sin parar con sus teléfonos inteligentes. Los vendedores ambulantes, en tanto, aprovechan para vender agua de coco y gafas de sol.
"Brasil está siendo destruido, sólo las fuerzas armadas pueden salvarlo", dijo la fisioterapeuta Ana Paula do Valle, de 52 años, que colgó de su bicicleta un cartel pidiendo la intervención militar.
La popularidad de Rousseff cayó 19 puntos en febrero, a 23%, y la presidenta enfrenta una situación complicada en varios frentes.
La economía ha crecido muy poco en los últimos cuatro años y está estancada, hay déficit de cuentas públicas, de balanza comercial e inflación elevada (7,7% en 12 meses), y el real se ha devaluado casi 30% en un año. El gobierno impulsa un ajuste fiscal para poner la casa en orden, pero esto disgusta a su vez a parte de la izquierda.
A esto se suma la tensión política e incertidumbre por el inmenso esquema de corrupción develado en la estatal Petrobras, el mayor en la historia de Brasil. Decenas de políticos -incluidos 22 diputados, 13 senadores y dos gobernadores en funciones- son investigados por su supuesto involucramiento en la trama. La mayoría pertenece al PT o a partidos que integran la coalición de gobierno.
Agencias EFE, AFP y ANSA
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