Chile, sin paz: piden la destitución de Piñera por las nuevas filtraciones de los Pandora Papers

SANTIAGO, Chile.– En uno de los momentos críticos de su segundo mandato y en medio de un clima político lleno de tensión que reavivó los días más convulsionados desde el estallido social de 2019, el presidente chileno, Sebastián Piñera, se defendió este lunes de las revelaciones de la investigación denominada Pandora Papers -publicada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), del que forma parte LA NACIÓN- que expuso cómo su familia, y la de su amigo y empresario Carlos Délano, sellaron en 2010 una millonaria compraventa del megaproyecto minero Dominga en un paraíso fiscal.

“Como es de público conocimiento, desde el mes de abril del año 2009, hace ya más de 12 años y antes de asumir mi primera presidencia, me desligué absoluta y totalmente de la administración y gestión de las empresas familiares y de cualquier otra empresa en que hubiere participado”, dijo el jefe de Estado sobre su intervención en la operación en la que Délano (amigo de su infancia, condenado por evasión fiscal y cuestionado por el financiamiento ilegal de la política en el llamado caso Penta) compró por 152 millones de dólares el porcentaje de todos los socios de Dominga, incluyendo la participación de la familia presidencial Piñera-Morel.

En un reportaje desarrollado por los medios Ciper y LaBot –también pertenecientes al consorcio periodístico que reveló 11,9 millones de documentos de 14 despachos de abogados internacionales– se detalló, además, que la operación consumada a través de una estructura offshore en las Islas Vírgenes Británicas constaba de un contrato que establecía el desembolso en tres cuotas, pero cuyo último pago contenía una polémica cláusula: la que obligaba a que no hubiera cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina y su puerto, siendo una decisión que dependía directamente del gobierno que él dirigía, y que estaba en entredicho por el daño ambiental que generaría el proyecto.

“La decisión de la administración de esas empresas de vender la minera Dominga el año 2010, lo cual no me fue consultado ni informado, fue precisamente para evitar cualquier asomo de conflicto de interés. El no haberlo hecho podría haber originado algún conflicto de interés”, se defendió Piñera, en una alocución que realizó en el Palacio de la Moneda, y en la que enfatizó en todo momento que el asunto ya había sido zanjado con anterioridad en los tribunales y que la investigación periodística carecía de novedad.

“Los hechos mencionados en ese reportaje no son nuevos. Fueron públicamente conocidos por los medios de comunicación el año 2017 y, además, fueron investigados en profundidad por el Ministerio Público y resueltos por los tribunales de justicia durante el año 2017. Al terminar esa investigación, la Fiscalía recomendó terminar con la causa, porque la venta se ajustaba planamente a derecho, por la inexistencia de cualquier delito y haberse declarado judicialmente la inocencia de este presidente de cualquier cargo de la mencionada operación”, comentó el gobernante, quien aprovechó para dejar algunas frases de índole más íntima.

“Ni mi familia ni yo tenemos sociedades de inversión en el extranjero”, dijo, y añadió que “el hecho de ser presidente” le ha “significado perjuicios en lo personal, y no beneficios”.

Acusación

La revelación del reportaje, que también vinculó al ecuatoriano Guillermo Lasso y al dominicano Luis Abinader como los tres mandatarios latinoamericanos activos salpicados por esta investigación, situó a Piñera en el ojo del huracán y desde todo el arco político y social chileno se sucedieron las reacciones. Desde campañas medioambientales para detener el proyecto minero Dominga hasta la orden de la Fiscalía Nacional para que su Unidad Anticorrupción analice antecedentes de la compraventa.

Sin embargo, la consecuencia más directa tiene relación con la acusación constitucional que representantes de partidos de la oposición anunciaron que realizarán contra el gobernante. “Evade impuestos en paraísos fiscales y vende con una condición que dependía de él como presidente: que la zona no se convirtiera en reserva nacional. Eso se llama corrupción. No puede seguir gobernando”, planteó el diputado Tomás Hirsch, mientras la parlamentaria Claudia Mix dijo que Piñera “no debe continuar en el cargo”.

Los candidatos a las próximas elecciones presidenciales de noviembre también criticaron con énfasis al presidente. “Evade impuestos en paraísos fiscales, oculta información relevante y además siempre privilegia su interés personal por sobre el bien común”, comentó Gabriel Boric, quien encabeza las encuestas y es el candidato fuerte de la izquierda.

Marco Enríquez-Ominami, otro postulante, cercano a Alberto Fernández, pidió la salida del gobernante. “Sea patriota y renuncie, por decencia y para cuidar la economía de Chile, que afecta a los más pobres”, dijo. El oficialismo, en tanto, también se pronunció y el exministro de Piñera Sebastián Sichel entregó su parecer. “La ciudadanía nos pide transparencia total”, señaló.

Consultado al respecto, el propio Piñera dijo que la iniciativa no tenía ningún fundamento y el vocero de gobierno dijo que hay un “aprovechamiento político” por parte de algunos críticos del jefe de Estado y “una lógica de golpe blanco que es inaceptable en una democracia”.

“Que se haga una acusación constitucional por hechos que fueron conocidos e investigados por la Fiscalía, no puede ser base para una acusación constitucional”, respondió Piñera, ante la iniciativa en su contra que ya suma apoyos en el Parlamento, y que debería cristalizarse con el correr de los días.

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