SANTIAGO.- Algo falló en el camino y, en cuestión de meses, el país que asomaba como referente sudamericano y prototipo de éxito económico cambió su imagen ganadora. La transformación vino de la mano de dos eventos críticos que se concatenaron y jaquearon a las autoridades: el estallido social, que reflejó el descontento de una clase trabajadora abrumada por el costo de la vida, y la pandemia del coronavirus, cuyo avance tiene a Chile como uno de los países más golpeados de la región.
Esa secuencia de hitos terminó por modificar la dinámica de millones de chilenos, cuya mirada actual es más bien pesimista ante la coyuntura, aunque haya cierto alivio respecto a la crisis sanitaria."La mejoría continúa y la confirmación viene desde las propias cifras. Los nuevos casos bajaron 15% en siete días y 37% en 14 días", dijo el nuevo ministro de Salud, Enrique Paris.
El endurecimiento de las medidas terminó siendo tardío y el gobierno se transformó en el centro de las críticas por su zigzagueante estrategia. Un estudio de la empresa Criteria realizado el mes pasado reveló que un 35% de los chilenos cree que alguien cercano morirá por Covid-19 y un 75% piensa que un miembro de su círculo perderá el empleo. El problema financiero, además, tiene otro trasfondo: muchos chilenos que mejoraron su situación gracias al crecimiento económico y el acceso al crédito, hoy tienen miedo de perder lo obtenido en años.
Según el reporte de la Universidad de Johns Hopkins, Chile es el sexto país con más contagiados en el mundo por Covid-19 con más de 319.000 casos. Con respecto a los fallecidos, la cifra aumentó de manera súbita tras un nuevo cambio en la metodología y ya son más 7000.
"Debo corregir las cosas que yo mismo critiqué", afirmó el ministro Paris tras reemplazar a Jaime Mañalich, quien recibió duras críticas por la instalación del discurso de una "nueva normalidad", las demoras en las restricciones de circulación y diferencias sobre las cifras de fallecidos. La oposición, precisamente, estudia una acusación constitucional contra la exautoridad.
Hoy el sistema de salud chileno funciona exigido en su capacidad, pese a la leve mejoría en las cifras que en los últimos días mostró Santiago, que suma casi el 80% de los casos confirmados de todo el país. Según la encuesta de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva (Sochimi), la ocupación de camas de cuidados intensivos en la capital llega al 84% después de alcanzar un 98%.
Las cifras son especialmente preocupantes en algunas regiones, sobre todo en el sector norte de Chile. Antofagasta supera a la región metropolitana como el área con mayor cantidad de nuevos contagios por cada 100.000 habitantes. Asimismo, en lugares como la localidad minera Calama los casos de Covid-19 han aumentado de manera drástica y algunas faenas vinculadas con la extracción de cobre, el principal producto exportador del país, han debido detenerse.
Entre las fallas que provocaron esta situación, el propio gobierno ha reconocido errores en la identificación y seguimiento de los casos. "Hemos sido más frágiles en el tema de la trazabilidad y el aislamiento. Ambos aspectos los estamos mejorando al 100%", dijo Paris, quien, por otro lado, destacó la cantidad de test que continúa haciendo Chile, el país de la región que más procedimientos realiza, con más de un millón de exámenes.
Hemos sido más frágiles en el tema de la trazabilidad y el aislamiento.
En paralelo, otro de los puntos críticos -al igual que en el resto del mundo- es el económico. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó semanas atrás que el desempleo alcanzó un 11,2% durante el trimestre marzo-mayo, la cifra más alta desde 2010.
Para evitar ese desplome, y pese a que se han establecido cuarentenas en casi la mitad del país, siguieron funcionando 174 mil empresas y 2.3 millones de personas continuaron circulando con permiso para ir a trabajar. El Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI) de la Universidad de Chile reveló que la movilidad en Santiago sólo se redujo en un 35% en el primer mes de confinamiento masivo y alertó sobre la baja adhesión que tuvieron las medidas de restricción, como los cordones sanitarios entre provincias y el toque de queda nocturno, establecido en medio del estado de catástrofe.
El fenómeno, incluso, provocó que el centro de estudios Espacio Público elaborara un informe al respecto y propusiera una "hibernación" por al menos dos semanas en las zonas más críticas, con ampliación del toque de queda y restricción extrema de acceso al transporte público. Sin embargo, la idea fue descartada de plano por La Moneda.
Los datos macroeconómicos tampoco invitan al optimismo. El FMI proyectó una contracción de 7,5% para el PIB de 2020, una caída superior al 4,9% que se espera para el mundo.
En medio de la proliferación de ollas comunes y la inquietud en algunas zonas vulnerables por la falta de alimentos, un grupo de parlamentarios ingresó un proyecto de ley que pretende que los chilenos puedan retirar el 10% de los fondos de sus jubilaciones para paliar los efectos del coronavirus. Una encuesta de la empresa Pulso Ciudadano de Activa Research, de la segunda quincena de junio, indicó que un 74,7% de los chilenos está de acuerdo con la medida, aunque el gobierno ha rechazado de plano la iniciativa.
Argentinos que quieren volver
Con el agravamiento de la situación económica y el complejo panorama laboral después del estallido social, ya hay argentinos establecidos hace años en Chile que piensan en el regreso.
Adriana Pérez es una mendocina de 37 años y consultora de empresas en el área de sistemas de gestión de calidad. Llegó a Chile hace siete años. Primero se instaló en la ciudad de La Serena y luego se mudó a la capital. Actualmente vive junto a su pareja en Ñuñoa, una comuna de clase media acomodada de Santiago.
"Se me he hecho todo tan cuesta arriba acá, que ya me quiero volver. Mi novio es chileno y al no tener nacionalidad argentina no puede pasar por la frontera. Yo tengo una enfermedad crónica que es fibromialgia severa y la situación es muy complicada", contó Adriana, quien fue testigo en los últimos años del proceso que ha experimentado Chile.
Hace unos meses estaba viviendo a metros del epicentro de las protestas y nos tuvimos que mudar. Todos los días había quema de basura y bombas lacrimógenas.
"Hace unos meses estaba viviendo a metros del epicentro de las protestas y nos tuvimos que mudar de ahí. Todos los días había quema de basura y bombas lacrimógenas. En la Argentina hay manifestaciones, pero acá en Chile me llamó mucho la atención el grado de violencia contenida que había, de rabia", agregó.
Los estallidos del año pasado y la crisis sanitaria actual golpearon la vida de Adriana y su pareja. "Ser de clase media acá es prácticamente una desgracia porque no accedés a salud ni educación pública de calidad, y eso provoca que se agraven mucho las diferencias sociales. Eso explotó en el estallido social y nos afectó a nosotros porque mi pareja perdió su trabajo. Y ahora con la pandemia, el gobierno la manejó muy mal en el inicio, entonces acá ya no hay mucho futuro".
Ser de clase media acá es prácticamente una desgracia.
Su diagnóstico es poco alentador: "Hasta octubre, la economía en Chile estaba bien, pero todo lo demás ya venía mal: las pensiones, la salud y lo cara que es la educación...es una cosa de locos. Ahora quiero vender mis cosas y cuando abran las fronteras poder irme de aquí".
Hace cinco años Andrea Morena arribó a la turística ciudad de Viña de Mar proveniente de San Luis. En los primeros años le fue muy bien y empleo no le faltó. Trabajó en un callcenter, en una tienda, en el casino de la ciudad y también como mesera en restaurantes, pero con los últimos acontecimientos, debió mudarse a la capital para mejorar su situación económica.
"Por el estallido social el trabajo bajó bastante y me tuve que mudar a Santiago en diciembre", contó Andrea, quien en San Luis tenía un negocio de provisiones.
"Efectivamente como Santiago es más grande encontré un trabajo, pero ahora con la pandemia nuevamente mis planes se frenaron. Desde marzo estoy sin empleo y la verdad es que a una le gustaría pasar este momento difícil con la familia. Acá estoy sola y no sabés qué hacer, pensás todo el día y te agobia el tema de la plata. Ahora no tengo para pagar mi arriendo y estoy en la casa de un amigo. Yo vine a Chile porque quería cambiar mi vida, y pienso que lo logré. Acá hay más oportunidades, pero con todo lo que pasó está muy difícil", dijo.
- ¿Qué es lo más difícil de vivir en Chile siendo argentino?
- Creo que el tema de la salud es muy llamativo. Yo, antes que pasara esto, estaba haciendo los trámites para operarme la vesícula...con todo lo que ocurrió se terminó postergando, pero también me gustaría regresar porque en la Argentina me conviene mucho más. Saqué varios presupuestos. Desde un millón de pesos chilenos (aproximadamente 85.645 pesos argentinos) hasta una clínica privada que me cobraba 4 millones de pesos chilenos. Una locura. En mi provincia el procedimiento me saldría gratis. Es más lento, se demora, pero es buena y no pagaría nada. Y si fuera privada, también me costaría mucho menos. De todas maneras pienso que al tener todo casi privatizado, la gente en Chile es mucho más esforzada. Es tu responsabilidad estar mejor y salir adelante, mientras que en mi provincia la gente se queda ahí y no busca mejorar. Eso es lo que me gusta de acá y por eso también en algún otro momento me gustaría volver.
Yo vine a Chile porque quería cambiar mi vida, y pienso que lo logré. Acá hay más oportunidades, pero con todo lo que pasó está muy difícil.
Desde el consulado argentino en Chile reconocieron que aumentaron las consultas para emprender el regreso, mientras existe otro número importante de compatriotas que quedaron sin la posibilidad de regresar cuando se decretó el cierre de las fronteras por la emergencia sanitaria.
"Esa situación es cierta, ha surgido un nuevo público en Chile en particular después del estallido y la pandemia, que ha generado una situación económica muy compleja y mucha gente perdió todo lo que tenía", dijo a LA NACIÓN Rodolfo Norton, cónsul en Chile, quien puntualizó que, por el momento, el foco de la cancillería es facilitar el retorno de los que aún están varados.
Mucha gente perdió todo lo que tenía.
"Hemos tenido que organizar operativos especiales por tierra y por aire. Es difícil determinar cuántas personas aún restan porque es una cifra que constantemente se renueva. En Chile tenemos seis consulados, pero al haber quedado habilitado sólo Cristo Redentor como el paso principal, se concentró mucho en esta área", añadió Norton.
Mario Gil es un chef mendocino de 62 años que todos los años viaja a Chile por la temporada estival y que por el cierre de fronteras quedó varado desde marzo en la localidad costera de Isla Negra, a 110 kilómetros de Santiago. Su situación, asegura, es "dramática". Es factor de riesgo y quiere transitar la pandemia en su hogar.
"Hay gente que está en situación complicada. Una señora está durmiendo en un paradero de colectivo y hay familias con niños chiquitos que están sin dinero y que ya se gastaron todos sus ahorros. Yo, por suerte, tengo amigos que me recibieron, pero la verdad es que estamos muy mal. Yo soy una persona grande que no se lleva muy bien con la tecnología, entonces me cuesta todo el doble. Extraño a mi gente...estoy muy mal y pienso que si me muero de hambre prefiero que sea al lado de mi hijo. Es todo muy triste", expresó.
Cuando las protestas se apoderaron de Chile
Con todo, la llegada del coronavirus reveló otras grietas de un país acostumbrado a recibir elogios y ser considerado una suerte de referente regional. En octubre, y días antes que se generara el estallido social, el propio presidente Sebastián Piñera calificó a Chile como "un verdadero oasis" en medio de "una América Latina convulsionada". Días más tarde, miles de chilenos salieron a las calles para exigir una serie de cambios en las políticas sobre salud, educación y pensiones, entre otras áreas.
El punto de inflexión se originó el 18 de octubre del año pasado. En esa jornada, miles de estudiantes saltaron los molinetes en las estaciones de subte en protesta por el aumento del precio del pasaje. Aquello derivó en una serie de demandas para mitigar la brecha de la desigualdad en el país. Según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Chile es uno de los tres países latinoamericanos con más diferencias en cuanto a ingresos.
Aquel clamor tuvo efectos concretos: un acuerdo político transversal abrió la puerta para votar una nueva Constitución y el gobierno dio curso a una agenda social, con medidas orientadas a mejorar las pensiones, aumentar el ingreso mínimo y frenar la suba de los servicios, además de beneficios en el área de salud.
"No lo vi venir", reconoció Piñera sobre la revuelta, una frase que hasta el día se le recuerda al mandatario, que hoy está en medio de una tormenta política por la reforma del sistema de jubilaciones heredado de la dictadura.
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