Cataluña avanza en la creación de un Estado paralelo

MADRID.– A cara descubierta, sin escatimar fondos públicos, el gobierno de Cataluña avanza desde hace meses en la construcción de un verdadero Estado paralelo que sirva como base de la república independiente que se propone fundar.

El presidente regional, Artur Mas, delegó la tarea en el llamado Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN), de cuyas recomendaciones surgieron la creación de una oficina tributaria propia, la ampliación de una red de delegaciones diplomáticas en el exterior, el proyecto de una agencia para recaudar las jubilaciones, los primeros esbozos de una Constitución y la preparación de un inventario de activos y pasivos para saldar la separación de España.

El objetivo inicial era dar un salto por encima de la autonomía vigente que ya le otorga a Cataluña amplios poderes en materia de seguridad ciudadana, educación y salud pública. Todo parecía una hipótesis difusa hasta que se conoció la declaración separatista que presentaron esta semana los dos bloques mayoritarios del Parlamento catalán.

La moción, que se aprobaría en los próximos días, proclama soberano al Poder Legislativo regional e invita a desconocer cualquier orden emanada de autoridades políticas o judiciales españolas, en aparente contradicción con la Constitución española y el propio Estatuto de Autonomía catalán. En Madrid, el presidente Mariano Rajoy alista un pacto de Estado para enfrentar la rebelión. En el horizonte se distingue cuál sería el punto de no retorno: la desobediencia fiscal. Los diputados nacionalistas instan al gobierno regional a aprobar antes de fin de año una ley impositiva. Como ya dijo Mas, no hay independencia sin financiación.

Su gobierno engordó la Agencia Tributaria Catalana (ATC), un organismo que recauda apenas el 5% de los impuestos generados en Cataluña. El Estado español cobra todo lo demás y después lo coparticipa. En el último presupuesto las partidas de la ATC aumentaron en 44 millones de euros (un 25%) y se duplicó su dotación de personal. El paso que le falta es ordenar por ley que los catalanes dejen de pagar sus impuestos en los organismos españoles.

"Nos situamos al final del proceso, en el momento en el que la Hacienda propia ya tiene suficiente solidez, el resto de estructuras de Estado ya son operativas y existe la decisión de proclamar la independencia del país y establecer un nuevo orden jurídico", indica Josep Maria Reniu, catedrático en ciencias políticas y miembro del CATN.

Según su visión, "el ciudadano que resida en Cataluña podrá decidir si se mantiene en el territorio y por lo tanto está sujeto a un nuevo ordenamiento jurídico o decide no hacerlo y marcharse".

El especialista Joan Iglesias, a quien Mas le encargó diseñar un nuevo modelo tributario, apela a "la conciencia fiscal de los catalanes, como una expresión de su conciencia nacional". En los cálculos del gobierno regional, si la mitad de los contribuyentes aceptaran pagar a Cataluña, España entraría en una situación de fragilidad que la obligaría a negociar.

A los empresarios catalanes la idea les suena alarmante. "Que alguien me explique cómo van a poner en marcha de la noche a la mañana una agencia tributaria. ¿De qué impuestos hablan? ¿Sociedades? ¿El IVA? Hace falta una base de realismo, que no tienen", cuestionó el barcelonés Juan Rosell, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Cataluña aporta a la caja nacional 14.700 millones de euros al año sólo en concepto de impuesto a las ganancias. Es el 21% del total de España.

Otro aspecto que aspira a controlar el independentismo es la seguridad social. Anuncian que se votará una ley para recaudar y gestionar los fondos jubilatorios, otra facultad exclusiva del Estado español.

Los separatistas alegan que las elecciones del 27 de septiembre les dieron el mandato y la legitimidad para crear un Estado. Los dos bloques que promueven la independencia sumaron más de la mitad de las bancas, aunque no alcanzaron el 50% de los votos. El ala más radical, la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), exige empezar ya con el camino separado. "La moción que hemos hecho pone el acento en la desobediencia institucional, pero tenemos claro que la sociedad tendrá que empujar en algún momento con desobediencia civil", sostiene el diputado Benet Salellas.

Entre las estructuras en marcha del hipotético Estado catalán sobresalen las embajadas. Con un presupuesto de 20 millones de euros, funcionan oficinas en diez ciudades, entre ellas Bruselas, París, Londres, Roma y Washington. En los últimos meses abrió también delegaciones en el Vaticano, Lisboa y Rabat. Su objetivo: iniciar el trabajo diplomático para el reconocimiento internacional de un eventual nuevo país. En forma paralela, un grupo de juristas encabezado por el ex magistrado Santiago Vidal esboza una Constitución. En el primer borrador que se filtró se propone un Estado de sistema republicano, sin ejército, con el euro como moneda. Proclama allí las "relaciones de buena vecindad" con "los hermanos de la península ibérica". Es acaso el deseo más utópico, vista la magnitud del conflicto político que acaba de estallar.

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