Caso Ayotzinapa: ordenan detener a 20 militares y 44 policías por la desaparición de 43 estudiantes en 2014
La Justicia de México detuvo al exprocurador general del país, acusado de irregularidades en la investigación, también se libraron órdenes de arrestos contra narcos y exfuncionarios
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LA NACION
La Justicia de México ordenó este viernes la detención de 20 mandos militares y 44 policías presuntamente involucrados en la desaparición forzada de 43 estudiantes en 2014, informó la Fiscalía General de la República (FGR). La medida supone un avance judicial en un caso emblemático. Además, hay otras 19 órdenes contra narcos y exfuncionarios.
La decisión contra los agentes, cuyo rango y actividad actual no fue precisada, se conoce horas después de que la fiscalía detuviera al exprocurador general Jesús Murillo Karam, responsable de las cuestionadas investigaciones sobre la desaparición de los estudiantes en el estado de Guerrero, sur del país.
Asimismo, las autoridades judiciales de México informaron que se libraron otras 19 detenciones contra cinco funcionarios estatales y 14 miembros del cártel Guerreros Unidos, presuntos ejecutores del crimen.
Conocido como “caso Ayotzinapa” o “caso Iguala”, la desaparición forzada de 43 estudiantes en México supone uno de los hechos más emblemáticos de la historia reciente de la nación.
La captura del exfiscal Karam se produjo horas después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidiera “verdad” y castigo a los responsables de la desaparición de los alumnos, tras la publicación el jueves del reporte de una comisión gubernamental que consideró que se trató de un “crimen de Estado”.
El documento señaló que militares y funcionarios, por sus “acciones, omisiones o participación”, permitieron el secuestro y la muerte de los estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa y seis personas más a manos del cártel del narcotráfico “Guerreros Unidos”.
”Dar a conocer esta situación atroz, inhumana, y al mismo tiempo castigar a los responsables ayuda para la no repetición. Que nunca más se den estos lamentables hechos”, había afirmado López Obrador.
El abogado de los familiares de los 43, Vidulfo Rosales, consideró la detención de Murillo Karam “un paso importante”, pero se mostró escéptico sobre eventuales revelaciones del exprocurador.
Análisis
Los familiares someterán el documento a una valoración del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por un acuerdo entre el gobierno de Peña Nieto y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La desaparición de los jóvenes se produjo entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando se dirigían a la ciudad de Iguala, estado de Guerrero, para hacerse con ómnibus en los que pretendían viajar a Ciudad de México para participar en unas protestas.
El episodio, que generó una fuerte condena internacional, constituye una de las peores violaciones de derechos humanos en México, donde hay unos 100.000 desaparecidos.
Ir “a fondo”
El informe menciona “responsabilidades claras de elementos” de las secretarías de la Defensa y la Marina destacados en el lugar de los hechos, pero advierte que se debe seguir investigando hasta dónde llegó esa participación.
”Por parte de nosotros lo que se garantiza es no ocultar nada, ofrecer toda la información y dar todas las facilidades para que se vaya al fondo”, prometió López Obrador, luego de que en marzo la comisión independiente acusara a autoridades de negarse a entregar datos de inteligencia necesarios para las pesquisas.
El Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes sostuvo que militares manipularon pruebas en un basurero donde fueron encontrados restos humanos, incluidos los de los tres únicos estudiantes que fueron identificados hasta ahora.
Los hallazgos de ese grupo y la comisión gubernamental echan por tierra gran parte de la llamada “verdad histórica” planteada por el gobierno de Peña Nieto y presentada oficialmente por Murillo Karam, que no acreditó la responsabilidad de militares.
Según esa versión, los jóvenes fueron entregados por policías locales a “Guerreros Unidos” al ser confundidos con miembros de una banda enemiga. Tras ser baleados, sus restos fueron incinerados y arrojados al basurero de Cocula, según la misma tesis, rechazada por familiares, el gobierno de López Obrador y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
El mandatario anunció que seguirá insistiendo ante Israel para que extradite a Tomás Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal, que trabajó bajo órdenes de Murillo Karam.
Con información de AFP
LA NACION
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