Buscan cambiar una ley en Gran Bretaña para sacarle un rol histórico a los príncipes Harry y Eduardo

La capacidad del príncipe Andrés y del príncipe Harry para sustituir temporalmente al rey Carlos III ha sido cuestionada este miércoles en la Cámara de los Lores.

Los miembros de la realeza son dos de los cinco consejeros de Estado del rey, que están autorizados por ley a desempeñar funciones oficiales –firmar documentos, recibir embajadores o asistir a reuniones del Consejo Privado– en nombre del monarca si éste se encuentra enfermo o de viaje en el extranjero.

Los consejeros de Estado incluyen al cónyuge del soberano y a los cuatro siguientes en la línea de sucesión que sean mayores de 21 años.

En la actualidad son Camilla, la reina consorte; el príncipe Guillermo, el príncipe de Gales; el príncipe Harry, duque de Sussex; el príncipe Andrés, duque de York y su hija, la princesa Beatriz.

Durante una sesión en la Cámara de los Lores, el vizconde Stansgate preguntó si había algún plan para modificar la Ley de Regencia, donde se establecen estas disposiciones, ahora que el duque de York ha “abandonado la vida pública” y el duque de Sussex “ha dejado el país”.

Reflexionó sobre si era el momento de que el gobierno se dirigiera al rey para ver si se podía hacer una “enmienda sensata”.

Sus comentarios fueron respaldados por el liberal demócrata Lord Addington, quien sugirió que la primera opción de consejero debería ser alguien que “realmente cumpla con los deberes reales o al menos con algunos de ellos”.

“¿Puede indicar el gobierno que al menos considerará que la persona a la que se acuda en primera consideración sea alguien que realmente desempeñe funciones reales, o al menos parte de ellas, en la actualidad?”, preguntó.

Como respuesta, Lord True, el Sello Privado y quinto en rango de los grandes oficiales de Estado en el Reino Unido, indicó que no comentaría “circunstancias específicas” ni discutiría ninguna “conversación privada” que haya tenido lugar con la casa real.

Sin embargo, añadió que el gobierno “siempre considerará qué disposiciones son necesarias para garantizar la resistencia” dentro de los acuerdos constitucionales del país.

“En el pasado, hemos visto que el momento de la adhesión ha demostrado ser una oportunidad útil para considerar los acuerdos en vigor”, señaló. “Obviamente, cualquier consideración tendría que tener lugar en estrecha consulta con la casa real”.

Algunas funciones constitucionales básicas del monarca, sin embargo, no pueden delegarse, como los asuntos de la Commonwealth, la creación de pares o el nombramiento de un nuevo primer ministro.

La disolución del parlamento sólo puede delegarse por instrucción expresa de Su Majestad.

A principios de este año, la autoridad se utilizó para permitir que Carlos III, que era el príncipe de Gales en ese momento, dirigiera la apertura del Parlamento porque la reina Isabel II, que falleció unos meses más tarde, tenía problemas de movilidad.

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