Buscado por la justicia de Ecuador, un exvicepresidente de Correa se refugia en la embajada de México
Jorge Glas se refugió el domingo en la embajada mexicana en Quito para evitar la detención ordenada por la fiscalía del país; el gobierno ecuatoriano pidió colaboración al gobierno de López Obrador
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LA NACION
QUITO.- El exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas se encuentra refugiado en la embajada de México en Quito para evitar la detención ordenada por la fiscalía de su país en el marco de una investigación secreta por delitos fiscales, por lo que el gobierno ecuatoriano solicitó la colaboración del gobierno mexicano para que se le invite a salir del recinto.
En una carta enviada el domingo a la embajada mexicana, publicada también en la red social X (antes Twitter), la Cancillería ecuatoriana “exhorta a las autoridades mexicanas a invitar al señor Glas a cooperar con las autoridades” y “espera la cooperación de México, ya que es jurídicamente evidente que concederle asilo político no sería lícito”.
Las autoridades diplomáticas mexicanas respondieron inmediatamente a la solicitud afirmando que Glas se presentó en la embajada el domingo y se le permitió acceso “en calidad de huésped”, sustentado en el marco jurídico mexicano de protección internacional de personas y otras normas constitucionales y legales.
La cancillería mexicana indicó que el exvicepresidente solicitó ayuda a la sede diplomática alegando “temor por su seguridad” y “en caso de que se presente una solicitud formal de asilo político” las autoridades “analizarán cuidadosamente toda la información” disponible.
La embajada de México en Quito está bajo vigilancia policial.
La fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, había instado el sábado por la noche al comandante de la Policía Nacional, César Augusto Zapata, “a localizar, inmovilizar y trasladar al exvicepresidente Jorge Glas a la Corte Nacional, sin el uso de esposas”.
El Ministerio Público investiga a Glas y a otros dos exfuncionarios por presuntas irregularidades en una obra contratada en la provincia costera de Manabí, la cual resultó afectada por un terremoto en abril de 2016, cuando Glas ejercía el cargo.
Glas fue vicepresidente de Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa entre 2013 y 2017, y fue reelecto en 2017 con el gobierno de Lenin Moreno, meses antes de ser condenado a prisión.
Rafael Correa, exiliado en Bélgica, se pronunció al respecto en su cuenta de X y apuntó contra la Cancillería del gobierno de Daniel Noboa.
“Mal, canciller, mal. Muestra un absoluto desconocimiento del Derecho Internacional, además de complicidad con la fiscal”, escribió el exmandatario. “Aunque la persecución y doble moral son evidentes, por lo menos traten de disimular un poquito”, agregó.
El juez penal Emerson Curipallo concedió en noviembre de 2022 la libertad provisional a Glas, quien cumplía dos condenas de prisión - de seis y ocho años - por casos de corrupción durante su gestión como vicepresidente. El primero por asociación ilícita vinculado al caso Odebrecht y el segundo por una red de sobornos a cambio de obras públicas.
Pero el juez Curipallo cumple desde el viernes con una orden de prisión preventiva en relación con el sonado caso “metástasis”, en el que la fiscal destapó una presunta estructura de delincuencia organizada instalada en la función judicial, la policía y otras instituciones públicas que recibían sobornos a cambio de fallos judiciales favorables y otras acciones para un importante narcotraficante y sus familiares.
Otro juez restituyó en junio los derechos políticos de Glas, quien además enfrenta una demanda de su exasistente por supuesto acoso.
No es la primera vez que el gobierno mexicano extiende su ayuda a exmandatarios y exfuncionarios de gobiernos latinoamericanos buscados por la Justicia. El año pasado, el gobierno Andrés Manuel López Obrador (AMLO) concedió asilo a la familia del expresidente Pedro Castillo, lo que provocó que el gobierno de Perú declarara persona no grata al embajador de México en el país andino.
En 2019, México otorgó asilo político al expresidente boliviano Evo Morales dado que su “vida y su integridad corren riesgo”, según indicó entonces la Cancillería mexicana.
Agencias AP y ANSA
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