Brasil: cómo era el plan para desconocer los resultados de las elecciones según el borrador de un decreto hallado en la casa de un exministro de Bolsonaro
La Policía Federal halló el documento en la residencia del exministro de Justicia bolsonarista, Anderson Torres, quien está en Estados Unidos; piden investigar al expresidente para conocer cuál fue su participación
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LA NACION
BRASILIA.– El gobierno brasileño solicitó la apertura de una investigación sobre el expresidente, Jair Bolsonaro, por su complicidad con intento de golpe de Estado en 2022, cuando se planeó decretar el Estado de Defensa.
La Policía Federal halló el jueves en la residencia del exministro de Justicia bolsonarista, Anderson Torres, un texto escrito a mano, divulgado por Folha de S.Paulo, con el plan para declarar nulas las elecciones vencidas por Lula da Silva, decretar el Estado de Defensa y crear un comité electoral controlado por militares.
“Es inevitable la prisión de Anderson Torres, es necesario investigar la participación del expresidente y tomar medidas necesarias por la comisión de crímenes contra el Estado Democrático de Derecho”, dijo el jefe del bloque de senadores del gobierno, Randolfe Rodrigues.
Bolsonaro y Torres se encuentran de vacaciones en el estado de Florida, sur de Estados Unidos.
El actual ministro de Justicia, Flavio Dino, afirmó que hubo una “cadena” de hechos “golpistas” que incluye el intento de desconocer las elecciones en 2022 y el asalto al Planalto el domingo pasado.
Por su parte, el exministro Torres dijo desde Estados Unidos que ese documento encontrado en su casa iba a ser “triturado” y que la información fue “sacada de contexto” para perjudicarlo.
El abogado de Torres afirmó que su cliente viajará a Brasil para entregarse a la Justicia y ser arrestado por su presunta complicidad en los hechos de violencia ocurridos el domingo pasado.
“Intento de golpe de Estado premeditado”
Varios ministros del gabinete de Luiz Inácio Lula da Silva coincidieron en que el descubrimiento del borrador prueba que “el intento de golpe (de Estado) fue premeditado en detalle”.
El ministro de Relaciones Institucionales, Alexandre Padilha, afirmó que está probado que el objetivo del texto era “fabricar el caos para enterrar la democracia”. “A medida que avanzan las investigaciones, se vuelve aún más claro el objetivo criminal de quienes financiaron, organizaron y ejecutaron los actos del pasado domingo”, insistió en referencia a los ataques golpistas a la sede de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial llevado a cabo por seguidores del exmandatario.
“El intento de golpe fue premeditado y perfilado en detalle, pero no vamos a dejar que sus perpetradores se salgan con la suya”, afirmó.
Asimismo, el ministro de Trabajo, Luiz Marinho, calificó de “muy serio” el “proyecto de decreto para que el (ahora) expresidente anulara los resultados electorales”. “Otra prueba más del intento de golpe”, reiteró el funcionario.
A continuación, las seis razones que, según O Globo, refuerzan la trama golpista del decreto.
1. El objetivo en sí
Mientras dirigía el Planalto, Bolsonaro dio señales de que estaría dispuesto a no aceptar el resultado de las elecciones si era derrotado. Sin presentar nunca pruebas, el expresidente arremetió repetidamente contra las urnas electrónicas y se jactó de un supuesto fraude. Al intervenir en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) sin ninguna justificación concreta, y sin ninguna prueba de ilegalidades en la elección, Bolsonaro convertiría la retórica golpista de años anteriores en un gesto práctico.
2. El instrumento utilizado
Los expertos consultados por O Globo afirman que el Estado de Defensa es un instrumento jurídico a disposición del jefe del poder ejecutivo. Advierten, sin embargo, que no puede decretarse sobre un órgano de la República, como el TSE, sino sólo sobre una región o localidad determinada, como explica el profesor Georges Abboud.
“No hay estado de defensa en una institución, esto sería una excrecencia”, opinó el jurista Luiz Fernando Pereira, coordinador general de la Academia Brasileña de Derecho Electoral y Político.
3. La violación de la confidencialidad de los ministros
En los últimos cuatro años, Bolsonaro trató como enemigos al poder judicial y, en particular, al Supremo Tribunal Federal (STF) y al TSE, blancos constantes de declaraciones contundentes, incluyendo mentiras y amenazas. En este sentido, Alexandre de Moraes, ministro del STF y presidente del TSE, se convirtió en uno de los principales antagonistas del entonces presidente. Por lo tanto, la suspensión prevista en el decreto del “secreto de la correspondencia y de las comunicaciones telemáticas y telefónicas” de los magistrados del tribunal electoral, además de ser ilegal, tendría como objetivo personal a los desafectos del ex jefe del Ejecutivo.
4. Control del espacio físico
El borrador encontrado en la casa de Anderson Torres preveía incluso el control del “acceso a las dependencias del Tribunal Superior Electoral”. El texto también subrayó que “se entiende como sede” del TSE “todo local donde se tramitaron documentos, peticiones y decisiones sobre el proceso electoral presidencial de 2022, así como el tratamiento de datos telemáticos específicos de registro, contabilización y recuento de votos recogidos por urnas electrónicas en todas las zonas y secciones disponibles en el territorio nacional y en el extranjero”.
5. El sistema electoral en manos de los militares
El decreto determinaba la creación de una “Comisión de Regularidad Electoral” encabezada por el Ministerio de Defensa. El ministerio, al que están subordinadas las Fuerzas Armadas, estaba dirigido en aquel momento por el general del Ejército Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. La medida pondría así el control del sistema electoral en manos de los militares, uno de los grupos más alineados con el bolsonarismo.
6. Prohibición de recurrir ante los tribunales
El texto anticipaba incluso probables ataques en los tribunales contra el contenido del decreto. “Cualquier decisión judicial dirigida a impedir o retrasar el trabajo de la Comisión de Regularidad Electoral tendrá sus efectos suspendidos hasta el final del plazo estipulado” por la duración de la intervención en el TSE, que duraría 30 días, y podría ser prorrogada por un periodo igual.
Agencias ANSA, Télam y O Globo
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