Avance en el Congreso mexicano de la polémica reforma judicial de López Obrador, en medio de protestas y tensiones políticas
La Cámara de Diputados aprobó un polémico proyecto de ley que pondría en marcha la reforma al Poder Judicial más radical del siglo en el país; preocupación de EE.UU.
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CIUDAD DE MÉXICO.- En medio de un clima de alta tensión y días de intensas protesas, la Cámara de Diputados de México aprobó el miércoles un controvertido proyecto de ley que impulsaría la reforma más radical al Poder Judicial en lo que va del siglo, al exigir que todos los jueces sean elegidos a través de un proceso electoral.
En una sesión maratónica en la que los legisladores se vieron obligados a reunirse en un gimnasio luego de que las protestas bloquearon el paso el edificio del Congreso, la Cámara de Diputados aprobó la medida constitucional por 359 votos a favor y 135 en contra en una primera votación que transcurrió de acuerdo a las líneas partidarias. Se tenía previsto que el proyecto de ley, que requiere una mayoría de dos tercios, fuera aprobado por un margen similar en una segunda votación necesaria que se iba a realizar en las próximas horas, para después ser enviada al Senado.
El partido político Morena, al que pertenece el presidente Andrés Manuel López Obrador, acusa de corrupción a los jueces del sistema judicial actual y quiere que todo el Poder Judicial del país -unos 7000 jueces- sean elegidos mediante el voto popular.
Los críticos dijeron que la reforma propinaría un duro golpe a la independencia del Poder Judicial, y se preguntan cómo podrían llevarse a cabo unas elecciones tan masivas sin que los cárteles de la droga y los delincuentes presenten a sus propios candidatos.
López Obrador lleva tiempo arremetiendo contra los tribunales que han bloqueado algunos de sus proyectos de construcción y medidas políticas porque contravenían las normas constitucionales y legales. El presidente se ha comprometido durante meses a aprobar una serie de medidas como la reforma judicial, así como una propuesta para eliminar casi todos los organismos independientes de supervisión y regulación.
La votación se preveía muy reñida en el Senado, aunque el partido del presidente parecía dispuesto a ganar el único voto que le faltaba allí. De ser aprobada por el Senado, la propuesta constitucional se enviaría a los 32 congresos estatales de México, donde deberá ser aprobada por la mayoría de ellos. El partido de López Obrador gobierna la mayoría de los estados.
Los críticos afirman que la medida devastará el sistema de pesos y contrapesos de México.
“Que se inaugure un muro de la vergüenza que diga que hoy comenzó la caída de la República”, dijo Paulina Rubio Fernández, diputada del Partido Acción Nacional (PAN), antes de la votación.
La votación del miércoles fue posible gracias a que el partido Morena y sus aliados ganaron mayorías abrumadores en las elecciones del 2 de junio.
La sesión, que duró toda la noche, se produjo luego de que manifestantes bloquearon la entrada al Congreso de México el martes en un intento de exigir un debate sobre la reforma al Poder Judicial.
La reforma ha alimentado una ola de protestas de jueces, empleados judiciales y estudiantes en todo México en las últimas semanas, y alcanzó otro punto de inflexión el martes, cuando los manifestantes colgaron cuerdas en las entradas de la Cámara de Diputados para impedir la entrada de los legisladores. Esto se produjo cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación votó 8-3 a favor de unirse a las huelgas, añadiendo más peso a las protestas.
“El partido mayoritario podría tomar en control del Poder Judicial y esto sería prácticamente el fin de la democracia”, dijo Javier Reyes, un trabajador de la judicatura quien, como muchos, veía necesario hacer cambios en el sector pero no en los términos propuestos por el oficialismo. “Ellos quieren ser los nuevos dueños de México”.
Bajo el sistema actual, los jueces y los secretarios judiciales, que actúan como asistentes de los jueces, acceden poco a poco a los puestos superiores en función de su historial. Pero con los cambios propuestos, cualquier abogado con una cualificación mínima podría presentarse, y algunas candidaturas se decidirían sacando nombres de un sombrero.
Los tribunales de México han estado plagados de corrupción y opacidad durante mucho tiempo, pero en los últimos 15 años han sido objeto de reformas para hacerlos más abiertos y responsables, incluido el cambio de muchos juicios a puerta cerrada y basados en papel por un formato más abierto y oral.
Voces tanto nacionales como extranjeras afirman que los nuevos cambios podrían suponer un revés en el esfuerzo por sanear los tribunales.
“Muchísima preocupación”
El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo el martes que “hay muchísima preocupación”, y destacó que la reforma “puede traer muchísimo daño en la relación (bilateral), esto no sólo lo digo yo”. Salazar ha señalado la elección de jueces como su principal reparo a la reforma, señalando que afectaría negativamente a la inversión y a la economía mexicana.
López Obrador dijo la semana pasada que ha puesto “en pausa” las relaciones con las embajadas de Estados Unidos y Canadá luego de que ambas naciones expresaron inquietudes sobre la reforma al Poder Judicial.
La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, aliada de López Obrador, volvió a defender la reforma el martes por la noche, y publicó en la red social X que “no afecta ni nuestras relaciones comerciales, ni las inversiones privadas nacionales, ni extranjeras. Por el contrario, habrá más y mejor estado de Derecho y más democracia para todas y todos”.
“Si los jueces, magistrados y ministros se eligen por el pueblo, ¿dónde está el autoritarismo?”, añadió.
Los cambios propuestos afectarían a unos 7000 jueces de distintos niveles e introducirían un límite de tiempo para que los jueces se pronuncien sobre muchos casos, con el fin de combatir la tendencia de algunos juicios a alargarse durante décadas. Y lo que es más polémico, las reformas también introducirían jueces con identidad oculta para presidir los casos de delincuencia organizada; sus identidades se mantendrían en secreto para evitar represalias.
Y se despojaría en gran medida a los tribunales de su facultad de bloquear proyectos o leyes gubernamentales basándose en recursos de los ciudadanos. También es casi seguro que garantizaría que el partido del presidente siguiera teniendo un poder político significativo mucho después de que López Obrador dejara el cargo a finales de este mes.
Agencia AP
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