Arce deroga la ley que desató una ola de protestas en Bolivia
La norma imponía fuertes controles y sanciones para evitar que dinero ilícito del contrabando y del tráfico de drogas se infiltre en las finanzas a través de sectores informales
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LA NACION
LA PAZ.– El presidente boliviano, Luis Arce, anunció la derogación de una polémica ley tras una semana de protestas y huelgas a nivel nacional de varios sectores económicos, durante las cuales murió un manifestante, y denunció un supuesto “trasfondo político” para desestabilizar a su gobierno.
“Hemos tomado la decisión de abrogar la ley para que no haya más pretextos de seguir paralizando la economía”, dijo Arce anteanoche en un mensaje al país, rodeado de dirigentes sindicales afines a su gobierno.
Sindicalistas, pequeños empresarios y transportistas rechazaban la ley de ganancias ilícitas y lucha contra el terrorismo, por considerarla confiscatoria.
La ley fue aprobada en agosto como parte de los compromisos internacionales asumidos por Bolivia. La norma imponía fuertes controles y sanciones para evitar que dinero ilícito del contrabando y del tráfico de drogas se infiltre en las finanzas a través de sectores informales que dominan poco más del 70% de la economía. La oposición rechazó la ley por temores de que el gobierno la use para perseguir a opositores ante la ausencia de una Justicia independiente. Los opositores acusan al gobierno de “manipular la Justicia” para perseguir y castigar la disidencia.
Anteayer fue otra jornada de violencia callejera en barrios populares de la ciudad de Santa Cruz, reducto de la oposición. La policía se enfrentó a bandos encontrados de seguidores y opositores. Decenas de tractores y camiones fueron usados en la protesta para reclamar la derogatoria de la ley. Los principales disturbios se han producido en los departamentos de Potosí, al sudoeste, y Santa Cruz, al este, pero han ocurrido manifestaciones en todo el país.
Arce celebró el lunes pasado su primer año en el gobierno en medio de conflictos sociales y descontentos debido a la crisis agravada por la pandemia y fuertes tensiones derivadas de la crisis política de 2019 que precipitó la renuncia del entonces presidente Evo Morales por sospechas de fraude electoral.
El jueves pasado, en un acto en la región central cocalera de Chapare, feudo político de Evo, había declarado que no pretendía dar marcha atrás, pues el pueblo boliviano había decidido en las urnas en 2019 “que nosotros tenemos que gobernar”.
Es la segunda norma que abroga Arce por presión popular.
LA NACION
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