Antes del inicio de la carrera electoral republicana, Trump insiste con su pedido de inmunidad ante la Justicia

WASHINGTON.- Días antes de la primera votación republicana en la carrera para la nominación presidencial en Estados Unidos, Donald Trump volvió a pisar un tribunal. La nueva audiencia, en un tribunal de apelaciones en Washington, reafirmó una vez más la estrategia del exmandatario y sus abogados de intentar demorar al máximo el avance de sus causas, y fusionar su batalla en la Justicia con la pelea por la Casa Blanca.

Trump busca que los jueces lo declaren inmune de ser procesado por su intento de revertir su derrota en la última elección y su papel en el ataque al Congreso el 6 de enero de 2020, un argumento recibido con amplio escepticismo. Trump dijo que se merece la inmunidad, y que si es procesado habrá “caos en el país”.

“No podés tener un presidente sin inmunidad. Como presidente, tenés que poder hacer tu trabajo”, justificó Trump, luego de la audiencia, en uno de sus monólogos ante periodistas en los que hilvana varios temas, ideas y pensamientos sueltos sin un hilo nítido.

“Nos sentimos muy cómodos pensando que eventualmente, ojalá, a este nivel, ganaremos. Un presidente debe tener inmunidad. Y la otra cosa es que no hice nada malo”, insistió.

De pie ante un tribunal integrado por tres juezas, el abogado de Trump, John Sauer, le pidió a las magistradas que desestimen la causa presentada por el Departamento de Justicia contra Trump por sus denuncias infundadas de fraude en la elección presidencial de 2020 y sus declaraciones que, según la acusación, alentaron el asalto trumpista al Capitolio.

Un presidente, indicó Sauer, no puede ser procesado por “actos oficiales” a menos que haya sido condenado, primero, en un juicio político por el Congreso. Si la Justicia permite que Trump sea juzgado, continuó el abogado, abriría una “caja de Pandora” al permitir que cualquier mandatario sea juzgado por razones políticas.

El ida y vuelta de Sauer con las juezas dejó un cruce notable. Una de las juezas, Florence Pan, le preguntó si, siguiendo la línea de razonamiento presentada por la defensa, un presidente que le ordenó a un escuadrón de Navy Seals que asesine a un rival político puede ser juzgado en la justicia penal. Sauer respondió que sí, pero primero debe ser sometido a un juicio político en el Congreso, y ser condenado por los senadores. Otra de las juezas, Karen LeCraft Henderson, dejó entrever un claro conflicto en la postura de la defensa de Trump con la constitución.

“Creo que es paradójico decir que su deber constitucional de ‘cuidar que las leyes se ejecuten fielmente’ le permite violar el derecho penal”, afirmó la jueza LeCraft Henderson.

El pasado 1 de diciembre, la jueza Tanya Chutkan, que presidirá el juicio contra Trump en los tribunales federales de Washington, ya había rechazado su petición de inmunidad alegando que no existe ninguna ley que proteja a un expresidente de un proceso penal.

Los abogados de Trump apelaron, y todo indica que, si el tribunal de apelaciones reafirma el fallo de Chutkan, llevarán la discusión hasta la Corte Suprema de Justicia. Un antecedente de enorme peso histórico del máximo tribunal de Estados Unidos juega en contra a Trump: en 1974, la Corte Suprema rechazó un pedido del entonces presidente, Richard Nixon, y dijo que debía cumplir con una orden judicial y entregar las cintas con las grabaciones de sus conversaciones en el Salón Oval. Esa decisión en la saga del escándalo Watergate terminó de forzar la renuncia de Nixon. La Corte Suprema jamás dictaminó que un presidente es inmune de ser juzgado penalmente.

Más allá de la decisión final acerca de la Justicia respecto de si Trump es inmune o no, la estrategia de su defensa claramente apunta a estirar todas sus causas más allá de la elección presidencial del 5 de noviembre. El motivo es obvio: si Trump llegara a triunfar y asumiera como presidente, podría nombrar un Fiscal General al frente del Departamento de Justicia que garantice que dará de baja todas las causas federales en su contra.

El Departamento de Justicia tiene como política de larga data evitar el procesamiento de un presidente en ejercicio. La única causa que quedaría en pie sería el juicio en Georgia por interferencia electoral, un proceso estatal sobre la cual Trump no tendría injerencia, incluso como presidente.

El paso de Trump por los tribunales de Washington ocurrió apenas una semana antes de la primera votación del año: el caucus de Iowa, que tradicionalmente inaugura la temporada de primarias presidenciales en Estados Unidos.

Trump se encamina a ganar con comodidad la primera elección del año en Iowa: todas las encuestas le brindan una amplia ventaja. La atención está puesta en el segundo lugar. Nikki Haley, exembajadora ante las Naciones Unidas de Trump y exgobernadora de Carolina del Sur, logró posicionarse en las últimas semanas como principal rival del magnate en la puja por la nominación presidencial, desplazando al gobernador de Florida, Ron DeSantis, cuya campaña zozobra desde hace meses.

Un segundo lugar en Iowa la encumbraría como la única candidata capaz de enfrentar a Trump, y le permitiría aglutinar el respaldo del ala moderada del Partido Republicano, desesperada por encontrar una alternativa al magnate.

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