Amenazas de muerte: la denuncia de la arqueóloga que protege a la ciudad más antigua de América
Tan antigua como la de los sumerios, el antiguo Egipto o las primeras sociedades chinas, así es la civilización de Caral, que se asentó hace casi 5000 años en lo que hoy es Perú.
Se trata de la sociedad más antigua de la que se tenga registro arqueológico en América, un sitio que desde hace casi tres décadas es resguardado por Ruth Shady.
La arqueóloga de 74 años y su equipo han localizado 25 asentamientos de esa civilización que perduró por un milenio y que, según los hallazgos realizados, mostró habilidades y conocimientos sorprendentes.
"Hay edificios con una arquitectura que ha perdurado por milenios en una zona sísmica", explica a BBC Mundo la experta, nombrada en 2020 como una de las 100 Mujeres más inspiradoras de la BBC.
"Han venido ingenieros estructurales de Japón que me dijeron que van a aplicar conocimientos de Caral en las nuevas construcciones de su país. Es un conocimiento bien impresionante", añade.
Pero los espacios arqueológicos de gran valor, ubicados al norte de Lima (la capital de Perú), ahora enfrentan la amenaza de la invasión de terrenos protegidos.
Y además, Shady y sus colaboradores han denunciado amenazas de muerte.
"Llamaron al abogado [del espacio arqueológico] para asustarlo. Le dijeron que si seguía haciendo la defensa como yo le indicaba, lo iban a matar. Igual que a mí. Que nos iban a dejar cinco metros bajo el suelo", denuncia la arqueóloga.
Desde entonces la Policía Nacional de Perú tomó algunas medidas de protección, pero Shady explica que lo que está en juego no solo es su seguridad personal, sino los vestigios mismos catalogados en 2009 por la Unesco como Patrimonio Mundial de la Humanidad.
El conflicto por la tierra
Los 25 asentamientos milenarios de la civilización de Caral -ciudades, pueblos y aldeas- se encuentran en los valles de Supe y Huaura, al norte de Lima.
Los vestigios se encuentran en terrenos áridos, pero rodeados de cauces de ríos que favorecen las actividades agrícolas, así como la explotación de minerales.
En la década de 1970, una reforma agraria en Perú repartió la tierra de grandes hacendados entre los jornaleros, lo cual benefició a una población migrante que se asentó en los alrededores, pero que no sentía como suya la riqueza arqueológica que les rodeaba.
"Siempre contestaban con mucho desprecio. Entonces empezamos a transmitirles esa información histórica, los contratábamos para trabajar en los lugares de investigaciones, los formamos en los trabajos que se realizan. Y poco a poco vemos que ellos ya se consideran caralinos", explica Shady.
El problema, señala, vino cuando tiempo después llegó más gente a la zona de los valles esperando recibir tierras. Y solo había terrenos, con propietarios ya establecidos, y la zona arqueológica.
"Ellos tienen en la mente que se pueden apropiar de las tierras arqueológicas que nunca se habían tocado, ni siquiera por los viejos hacendados", explica Shady.
Este año la situación se agravó, pues la pandemia de covid-19 limitó aún más la pequeña vigilancia de la policía local y nacional: "Se han aprovechado para invadir varios sitios, meter maquinaria, porque se dieron cuenta de que no había autoridad", dice la experta, quien es jefa de la zona arqueológica.
Desde hace unas semanas, entonces, llegaron las amenazas.
Precio exponencial
Además del propio valor agrícola que ya tenía la tierra, desde que la zona arqueológica de Caral ha adquirido importancia mundial, con la declaratoria de la Unesco, vender los terrenos ha sido un nuevo objetivo de algunos en la región.
En especial tres familias han sido las que han intentado posesionarse hectárea por hectárea, gradualmente, de los terrenos que están bajo resguardo arqueológico, denuncia Shady.
Detrás está un lucrativo negocio, pues terrenos que antes costaban US$5.000 por hectárea, en la actualidad han sido vendidos al menos en US$38.000. Y cortar ese tipo de intereses con denuncias ante los tribunales ha desatado las amenazas.
"La policía de Supe nos decía que no tenían suficiente personal y que no era su prioridad la protección del patrimonio arqueológico. Inmediatamente vinieron las amenazas. Sobre todo es una familia", explica la arqueóloga.
"Lo que les interesa es asentar la invasión y luego van extendiéndose. Dicen 'yo entro acá, nadie me ha sacado, puedo seguir avanzando'. Pero este es un valle de los inicios de la civilización", añade.
Lo que está en juego
El Ministerio del Interior y la Policía Nacional de Perú (PNP) informaron a BBC Mundo que tuvieron conocimiento de que la arqueóloga solicitó protección personal.
En el caso de la PNP, hubo dos denuncias, pero en ninguna hubo alguna notificación sobre amenazas, según la institución: "Solicitó resguardo policial, el cual fue brindado por efectivos de la Policía Nacional del Perú en su debida oportunidad, sin registrarse novedad alguna".
Unos 50 policías han sido enviados a la ciudad de Barranca, además de que hay un guardia por el día y otro por la noche resguardando la zona.
Pero Shady explica que la situación llegó hace un tiempo a tal punto que hubo que tapiar la cabaña en medio del solitario valle donde se ubica el espacio arqueológico
"En mi dormitorio ponía tablas en las ventanas para que no me viesen desde afuera y pudieran dispararme. Pero no podía dormir con tranquilidad", dice la arqueóloga, quien por protección personal y debido a la pandemia ha permanecido fuera del sitio desde hace varias semanas.
Para ella, no solo ha estado en juego su integridad y la de sus colaboradores, sino también los espacios que han perdurado por milenios y que pueden sucumbir ante la maquinaria pesada que ha sido introducida ilegalmente.
"Lo que ha pasado a mí me ha afectado muchísimo. Porque no es posible que no haya suficiente interés por la protección del patrimonio", dice Shady.
"Me he sentido bastante estresada, decepcionada, pero me he recuperado al ver que he contado con ayuda de la prensa que ha motivado a las autoridades. No en la medida que quisiéramos, pero algo sí se está haciendo ya".
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