El expresidente Alberto Fujimori quedó en libertad tras una fuerte polémica por el fallo que lo benefició
El exmandatario purgaba una condena de 25 años pero el máximo tribunal le restituyó el beneficio de la libertad que le habían concedido en 2017
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LIMA.– Finalmente, la oficina penitenciaria del gobierno de Perú liberó esta noche al expresidente Alberto Fujimori que purgaba una condena de 25 años por una matanza durante su gobierno hace tres décadas, tras la restitución de un indulto pese a la oposición de organismos de derechos humanos.
¡Alberto Fujimori es libre! 🇵🇪
— 𝑽𝒊𝒓𝒈𝒊... (@VirgiDArbulu) December 6, 2023
La libertad de Alberto Fujimori, hoy 6 de diciembre es una derrota a los TERRORISTAS.
Un día previo al golpe fallido del filoterrorista de Pedro Castillo.
Un día previo de la caída de Sendero Luminoso en Palacio de Gobierno y todos sus cómplices.… pic.twitter.com/qpbqj6L9c4
Fujimori, de 85 años, abandonó la celda de la base policial de Barbadillo ubicada en un barrio pobre de Lima donde permaneció 16 años, mientras decenas de sus seguidores vivaron fuera de la prisión con entusiasmo a quien consideran un “héroe” que salvó a Perú del terrorismo y colapso económico.
También lo acompañaron en su salida del penal sus hijos, Keiko, excandidata presidencial, y Kenji.
La excarcelación se produjo pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) envió el martes una nueva exhortación al país para abstenerse de ejecutar el indulto, que fue restituido por el Tribunal Constitucional tras una vertiginosa saga legal respecto al caso.
La Corte IDH pidió detener el indulto hasta que el organismo tenga “todos los elementos necesarios para analizar si dicha decisión cumple con las condiciones” que exige el beneficio.
El presidente de la Corte IDH, Ricardo Pérez Manrique, emitió una resolución en la que indicó que la solicitud es para “garantizar el derecho de acceso a la justicia” de los peruanos que fueron asesinados en dos masacres cometidas durante el gobierno de Fujimori (1990-2000).
La decisión final de abrir la prisión quedó en manos del estatal Instituto Nacional Penitenciario que depende del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, cuya popularidad ha caído a un dígito a su nivel más bajo en un año de gestión, tras la destitución de su antecesor Pedro Castillo.
El indulto al expresidente Fujimori no lo libera de pagar unos 57 millones de soles (unos 15 millones de dólares) de deuda por reparación civil por los casos de corrupción, dijo la procuraduría anticorrupción en un comunicado.
La procuraduría afirmó que el monto no puede ser cobrado mediante la incautación de su “pensión vitalicia” porque Fujimori desistió de cobrarla en su condición de expresidente y no cuenta con ningún bien o propiedad registrado a su nombre.
El indulto fue concedido por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en la Navidad del 2017, pero quedó anulado o suspendido varias veces por tribunales menores debido a la presión de la Corte IDH y de los familiares de las víctimas de abusos.
Por esto, es la segunda vez que Fujimori es liberado, luego de aquel indulto de 2017 que fue anulado al año siguiente.
Volker Turk, Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, dijo en la red social X, antes Twitter, que la orden del Tribunal Constitucional de liberar a Fujimori “es un retroceso preocupante” y añadió que “cualquier liberación humanitaria de los responsables de graves violaciones de los derechos humanos debe estar en consonancia con el derecho internacional”.
Turbulencia política
La liberación de Fujimori ocurre cuando el país transita por una nueva turbulencia política, luego de que la Fiscal General denunció constitucionalmente ante el Congreso a la presidenta Boluarte, por las decenas de muertes durante las protestas antigubernamentales a fines del año pasado y comienzos del 2023.
Fujimori, que se dedicaba en prisión a la jardinería y la pintura, deja en el penal a otros dos exmandatarios: Alejandro Toledo, investigado por corrupción, y Castillo acusado de rebelión tras intentar de forma ilegal disolver el Congreso.
El exlíder fue condenado por haber sido autor mediato de la matanza de 25 personas en los casos Barrios Altos en 1991 y la Universidad La Cantuta en 1992, ocurridos mientras su gobierno luchaba contra la guerrilla izquierdista de Sendero Luminoso.
Agencias Reuters y AP
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