Absuelven en España a los acusados por la catástrofe del Prestige

MADRID.- No hubo imprudencia ni dolo. No hay responsables políticos. No se sabe con certeza qué falló. Once años después del naufragio del petrolero Prestige frente a las costas de Galicia, una de las peores catástrofes ecológicas de la historia europea, la Justicia absolvió ayer a todos los acusados y descartó los multimillonarios reclamos de indemnización.

El fallo de la Audiencia Provincial de la provincia de La Coruña, que causó conmoción en España, apenas se limita a condenar por "desobediencia" al capitán del buque, el griego Apostolos Mangouras. Le achaca haberse negado a ser remolcado y le fija una pena de nueve meses de prisión, que podrá cumplir en libertad.

Pero descartó las condenas por delitos contra el medio ambiente -con penas de hasta 12 años de cárcel- que reclamaba la fiscalía contra el capitán, contra el jefe de máquinas Nikolaos Argyropoulos y el entonces director de la Marina Mercante española, José Luis López-Sors.

El Prestige se partió en dos el 19 de noviembre de 2002, seis días después de reportar una avería en el mar Cantábrico. Vertió al agua más de 60.000 toneladas de crudo, que afectaron las costas de Galicia, el sur de Francia y el norte de Portugal. Durante meses, ciudadanos de toda España participaron de un operativo para limpiar las playas del norte de la península, devastadas por las mareas negras.

Aquella catástrofe minó la popularidad del gobierno del entonces presidente José María Aznar por sus desesperados intentos por minimizar el desastre. El mundo conoció por aquellos días la cara de Mariano Rajoy, entonces vicepresidente, a quien le encargaron la gestión de la crisis.

Hasta hoy, al actual jefe del gobierno español lo persiguen algunas de las frases que pronunció para negar que la mancha de petróleo se acercaba a las costas gallegas: "El fuel está aún enfriándose, salen unos pequeños hilitos, con aspecto de plastilina en estiramiento vertical", leyó en una conferencia de prensa. La realidad lo desmintió de manera brutal días después.

Una de las primeras medidas que tomó el gobierno español cuando el Prestige avisó que había resultado averiado después de una fuerte tormenta fue ordenarle al capitán del buque que se alejara de la costa gallega. "Sólo querían una cosa: que lleváramos el barco lo más lejos posible", dijo uno de los responsables del barco durante el juicio.

Aquella medida amplificó la catástrofe, según los querellantes: el buque se hundió a 260 kilómetros de Galicia y la contaminación se esparció por 3000 kilómetros de costa en lugar de quedar en un punto focalizado.

Pero los jueces consideraron que "en aquellos momentos la decisión adoptada era la más correcta, sino la única posible" y que el gobierno "gestionó profesionalmente" la emergencia. Añadieron que "no hay ningún dato concreto que permita establecer con seguridad las causas de la extraordinaria, repentina e irreparable avería". Y descartaron que los responsables del buque pudieran haber conocido los desperfectos.

Al no identificar tampoco responsables civiles, nadie pagará los daños, valuados en 4300 millones de euros. La fiscalía pretendía endosarle la factura a la aseguradora británica The London Steam-Ship Owners Mutual Insurance (la única sociedad que logró identificar detrás del Prestige).

El fallo despertó una ola de indignación entre la oposición y entre grupos que denunciaron durante 11 años la negligencia de las autoridades y el dolo de los responsables del Prestige (un barco liberiano con bandera de Bahamas). Greenpeace expresó su malestar: "Los culpables políticos no pagan, las empresas culpables tampoco. Hubo información falsa y se tomaron decisiones catastróficas, como alejar el buque de la costa cuando estaba averiado. Es increíble que se diga que nadie es responsable".

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