A un año del fallido autogolpe de Estado de Pedro Castillo, Perú aún es un polvorín

Esta columna fue publicada originalmente en Americas Quarterly.

BOGOTÁ.- Perú sigue acuciado por los mismos problemas que hace un año sumieron al país en tres meses de caos. Si bien desde abril prevalece una tensa calma, los principales disparadores de agitación social siguen ahí, y en algunos casos empeoraron en los últimos meses.

El rechazo de la población a las instituciones de gobierno alcanza máximos históricos. Según una encuesta de la consultora CPI, actualmente el índice de desaprobación del Congreso y el de la presidenta Dina Boluarte ascienden al 90% y al 84% respectivamente. Boluarte sigue atada a los caprichos de los partidos de derecha, de quienes depende su supervivencia en el cargo. Mientras tanto, el delito aumenta, este año la economía peruana se encamina a un crecimiento mínimo, y los posibles graves efectos del fenómeno climático del Niño podrían exacerbar la situación en las regiones más subdesarrolladas de Perú.

El statu quo posterior al juicio político del expresidente Pedro Castillo sigue instalado en el poder, algo que parecía inconcebible en el peor momento de las protestas. Tras la destitución de Castillo del año pasado, los disturbios generalizados dejaron cerca de 60 muertos, causaron un daño económico significativo y aumentaron los temores sobre la estabilidad a futuro de un país que desde 2018 sufrió seis cambios de gobierno.

Los manifestantes expresaban varios reclamos, como la renuncia inmediata de Boluarte, elecciones legislativas y presidenciales libres, la liberación de Castillo y una asamblea constituyente que promoviera reformas políticas y económicas. Ninguna de esas demandas fue satisfecha, y en el contexto político actual, parecen prácticamente inalcanzables. Irónicamente, el resultado de la crisis fue darle mayor poder a los elementos de marcada orientación de derecha que, según los defensores de Castillo, orquestaron el golpe en su contra.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Alberto Otárola, tiene vínculos estrechos con la tres veces candidata a la presidencia, Keiko Fujimori, y con su partido, Fuerza Popular, el de mayor representación en el Congreso. Otárola, que había convencido a Boluarte de no renunciar, es visto como el estabilizador del gobierno en los momentos álgidos de los disturbios.

Un Congreso atrincherado

A pesar de la intensa presión para celebrar nuevas elecciones -en Perú, los legisladores no pueden ser reelectos, aunque en estos días el Parlamento está debatiendo una modificación-, el Congreso no solo se aferró al poder sino que después de las protestas incluso intentó acaparar más. Desde entonces, los legisladores se mueven para zafar de las investigaciones de corrupción e intentan aumentar su influencia sobre otras instituciones del Estado, como el Poder Judicial y la Defensoría del Pueblo.

El relator especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados expresó su grave preocupación por la actual investigación del Congreso sobre la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Ese organismo judicial independiente designa magistrados, supervisa a autoridades judiciales y, sobre todo, nombra a las autoridades electorales. Basándose en cargos bastante difusos, la investigación pide la remoción de todos los miembros de la JNJ. En el Congreso, los líderes de Fuerza Popular y del partido de derecha Perú Libre también colaboraron para colocar a un aliado como defensor del pueblo, un puesto clave que supervisa la prestación de los servicios públicos.

Las investigaciones contra Boluarte y Otárola por los muertos durante las protestas siguen en pie. Sin embargo, es poco probable que la investigación represente una real amenaza para ninguno de los dos, ya que la Procuraduría General está a cargo de Patricia Benavides, aliada de los partidos de derecha en el Congreso.

A pesar de la presión de la sociedad civil, las perspectivas de una reforma política que repare las causas subyacentes de la inestabilidad institucional -como la fragmentación del sistema de partidos y las disposiciones que permiten el juicio político basado en el impreciso argumento de “incapacidad moral”- parecen más lejanas que nunca. Mientras que el Congreso empezó a debatir reformas para crear una legislatura bicameral, una parte de la agenda de reformas, los legisladores, en su intento por mantenerse en el poder, agregaron una propuesta para eliminar la prohibición de su reelección.

La ausencia de reformas y el atrincheramiento de la clase política implican que el riesgo de que en los próximos años haya más levantamientos sigue siendo alto.

Disturbios

Y para los próximos meses se avizoran nuevos motivos de agitación social. La corriente de El Niño se dispone a golpear a Perú con toda su fuerza a principios de 2024, y sus consecuencias podrían devastar a las comunidades más vulnerables. Las provincias del norte probablemente reciban mayores precipitaciones que lo habitual, con potenciales inundaciones, mientras que las regiones áridas del sur sufrirán sequía. La mayor probabilidad de propagación de enfermedades por el aumento de las lluvias, como ocurrió en marzo, tras el ciclón Yaku, también amenaza con saturar los hospitales rurales, que no están preparados para un escenario como ese. La demora y la ineficiencia de la respuesta del Estado aumentan la probabilidad de manifestaciones civiles.

El auge de la inseguridad también podría amenazar la frágil estabilidad del gobierno. En la primera mitad de 2023, los casos de extorsión se quintuplicaron en comparación con el mismo período de 2019, y entre esos años los homicidios aumentaron 88%. En octubre, el aumento del delito llevó al gobierno a declarar el estado de emergencia en varias zonas de la capital peruana. En 2022, la administración de Castillo había implementado esas medidas en partes de Lima y en la vecina provincia del Callao, con poco éxito.

Para mejorar su imagen política, el gobierno puso renovada atención en la seguridad, con casos de resonancia, como el arresto del hijo de un líder de Sendero Luminoso, el 14 de noviembre. Sin embargo, el gobierno tiene problemas para definir una estrategia coherente para lidiar con el aumento del delito, impulsado por la expansión de las rutas narco en el norte de Perú y por el aumento de la presencia de Tren de Aragua, una banda delictiva venezolana que se expandió rápidamente por América del Sur. El exministro de Interior peruano, Vicente Romero, renunció en noviembre tras una moción de censura del Congreso por su falta de avances en la lucha contra el delito.

Otro foco de tensión es el fallo del Tribunal Constitucional de ayer, que dejó en libertad al expresidente Alberto Fujimori. La liberación del exmandatario, en contra de las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, podría desatar nuevas protestas en Lima y otras ciudades.

A pesar de estas dificultades, Boluarte probablemente logre mantenerse en el poder durante 2024, que se perfila como otro año turbulento. La falta de reformas y de decisión para ocuparse de los arraigados problemas sociopolíticos que fogonearon los disturbios de este año confirman que la inestabilidad política sigue siendo alta. Por lo tanto, resulta poco probable que se quiebre el ciclo de crisis política, gobiernos débiles y demandas sociales insatisfechas que paraliza a los sucesivos gobiernos peruanos desde hace siete años.

Theodore Kahn y Sebastián Fernández de Soto

Americas Quarterly

Traducción de Jaime Arrambide

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