A pesar de un gesto conciliador de Guillermo Lasso, la protesta indígena intentó tomar el Congreso
Replegó a las fuerzas de seguridad de una sede cultural de los indígenas; luego buscaron ingresar en la Asamblea Nacional, donde fueron reprimidos por la policía
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LA NACION
QUITO.– Presionado por una protesta de casi dos semanas de indígenas que hoy intentó tomar el Congreso antes de ser dispersada por la policía, el gobierno de Ecuador abrió la vía al diálogo con los manifestantes que, entre una lista de diez reclamos, exigen la baja del precio de los combustibles.
El presidente Guillermo Lasso, aislado por Covid, cedió a una de las peticiones de los manifestantes y ordenó a los militares replegarse de la Casa de la Cultura, un lugar simbólico para los pueblos originarios –agrupados en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie)–, ubicada en el centro de la capital ecuatoriana.
Agitando banderas y con gritos de júbilo, una nutrida marcha entró al recinto que estaba bajo control de las tropas en el marco del estado de excepción que rige en Quito seis de las 24 provincias.
“Es un triunfo de la lucha”, dijo el líder indígena Leónidas Iza con megáfono en mano mientras avanzaba hacia el hall del centro cultural, donde la Conaie debate los pasos a seguir en esta crisis que hasta ahora causó tres manifestantes muertos y decenas de heridos y detenidos.
El gobierno permitió el paso de la multitud “en aras del diálogo y de la paz”, aseguró Francisco Jiménez, ministro de Gobierno. El “propósito es que cesen los cierres de rutas, las manifestaciones violentas y los ataques en distintos lugares”, añadió.
Pos su parte, los representantes de 23 provincias, agrupados en el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales de Ecuador (Congope), propusieron una tregua entre las partes y ofrecieron la organización de corredores humanitarios para abastecer a la población y cubrir las necesidades urgentes en las zonas más afectadas por los paros.
En Quito la mayoría de marchas son pacíficas, pero en las noches estallan los disturbios y los choques con la fuerza pública. Unos 14.000 indígenas se movilizaron en varios puntos del país para exigir una reducción en el costo de los combustibles y una moratoria de los créditos con la banca privada, entre acciones que mitiguen el costo vida.
Tras el anuncio del gobierno, miles de indígenas intentaron entrar en el Congreso, pero la policía los dispersó con bombas de gas lacrimógeno. Una nutrida facción de los manifestantes avanzó hacia la Asamblea Nacional, ubicada a pocos metros de la Casa de la Cultura y custodiada por un cordón de militares y policías que los indígenas intentaron quebrar. Un grupo de mujeres encabezaba la protesta.
Ante la presión, los uniformados reaccionaron con bombas de gas lacrimógeno y granadas aturdidoras, mientras los manifestantes lanzaban piedras. La multitud se replegó hacia un parque vecino a la Casa de la Cultura.
El miércoles unos 300 indígenas ocuparon a la fuerza una central eléctrica en el sur de Ecuador y retuvieron a sus operadores. Sin embargo, el servicio no fue interrumpido.
Las protestas, inicialmente pacíficas, se tornaron violentas desde el lunes de esta semana con ataques a bienes privados, saqueos a pequeños negocios, ataques a vehículos públicos, inclusive ambulancias, y privados a cuyos conductores extorsionaban para dejarlos pasar.
La fuerza pública se mantiene a la defensiva y enfrenta con gases lacrimógenos los excesos cometidos por las manifestaciones, cuyos bloqueos están provocando escasez de alimentos, gas y nafta en varias ciudades del norte andino y en Quito e incluso impidieron la recolección de basura.
En una economía dolarizada donde los combustibles son subsidiados, el incremento de la nafta y el diésel encareció los fletes. Los indígenas alegan que están cosechando a pérdida. Según cifras oficiales, reducir los precios del combustible como claman los indígenas le costaría al Estado más de 1000 millones de dólares al año en subsidios. Lasso lo considera inviable y califica la protesta como una tentativa para derrocarlo. No en vano el país ganó fama de ingobernable tras la salida abrupta de tres presidentes entre 1997 y 2005 ante la presión social.
El gobierno anunció otras medidas para intentar aplacar el descontento como aumentar los bonos para el 30% de la población más pobre, de 50 a 55 dólares. También condonó deudas de hasta 3000 dólares con un banco estatal para agricultores y campesinos.
En 2019, los indígenas protagonizaron marchas que dejaron 11 muertos y más de 1000 heridos en todo el país, así como pérdidas por 800 millones de dólares. Sin mayor respaldo político, Lasso cuenta por ahora con el apoyo de los militares que cerraron filas en torno a su gobierno y advirtieron que la democracia estaba “en riesgo”.
LA NACION
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