A un año del estallido social, Chile decide si cambia uno de los últimos símbolos de la dictadura

SANTIAGO, Chile.– Chile podría dar hoy el primer paso para elaborar por primera vez en su historia una Constitución escrita en democracia. La decisión estará en las manos de más de 14 millones de chilenos habilitados para votar en un plebiscito, y que deberán responder a dos preguntas: si desean o no una nueva Carta Magna y qué procedimiento prefieren para redactarla.

Con todos los sondeos que le otorgan una amplia ventaja al "apruebo", la incertidumbre de la jornada estará orientada a la diferencia con la que ganará el cambio constitucional y el grado de participación con la pandemia del coronavirus como contexto. El referéndum también concentra un fuerte componente simbólico por la posibilidad concreta de cerrar un ciclo histórico y enterrar uno de los últimos resabios de la dictadura de Augusto Pinochet.

Precisamente, son aquellos preceptos que contiene la Constitución creada en 1980 y que fue ratificada en un polémico plebiscito organizado por el régimen militar hace 40 años, los que convirtieron a ese texto en uno de los principales focos de los cuestionamientos y de demandas de cambio, a partir del estallido social que emergió con fuerza en octubre del año pasado.

Asfixiada por la presión de aquel movimiento, la clase política generó un acuerdo transversal en respuesta y le abrió la puerta a una nueva hoja de ruta a través de un referéndum que se fijó para el 26 de abril pasado, pero que por la crisis del Covid-19 se postergó finalmente para hoy.

Un estudio de la empresa Tú Influyes de este mes estimó que 69% votará por el "apruebo" y 18%, por el "rechazo", mientras que un 61% se inclinará por la opción de Convención Constitucional (miembros 100% electos por la ciudadanía) y un 21% por la Convención Mixta Constitucional.

El gobierno hizo múltiples llamados para participar. Miembros del gabinete han develado públicamente sus apoyos al "apruebo" o al "rechazo", sin alterar el panorama político. El presidente Sebastián Piñera, en tanto, ha visto minimizado su protagonismo, pero se espera que durante el proceso se transforme en un actor clave, considerando que le restan poco menos de un año y cinco meses para entregar el poder.

Defenestrada por los simpatizantes del "apruebo" y considerada garantía de estabilidad institucional y un aspecto clave en el bienestar económico que alcanzó el país por los adherentes del "rechazo", la ley fundamental chilena ha sido reformada más de 30 veces y su última versión lleva la firma del expresidente Ricardo Lagos, que introdujo los principales cambios en 2005.

"El primer periodo de reformas importantes tiene que ver con las reformas que generaron la transición a la democracia, a fines de la década del 80, y que fue la época que se incluyó la idea en que los derechos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, constituían los límites a la soberanía del Estado, y eso ha sido muy beneficioso. Y, luego, otras reformas han intentado democratizar este texto con la eliminación de enclaves autoritarios como los senadores designados y vitalicios, que eran una anomalía evidente", detalló el abogado Gonzalo Aguilar, investigador del Centro de Estudios Constitucionales de Chile (Cecoch), de la Universidad de Talca.

Otro de los elementos más cuestionados en la ley fundamental tiene que ver, en su concepción y composición, con otros factores: un hiperpresidencialismo, su carácter subsidiario y un origen ligado a un gobierno dictatorial.

"Es una Constitución que se elaboró bajo un régimen autoritario y que tiene un claro problema de legitimidad. Fue elaborada por Augusto Pinochet y luego ratificada en un plebiscito muy cuestionado porque no hubo registros electorales ni condiciones mínimas democráticas", detalló a LA NACION Pamela Figueroa, académica de la Universidad de Santiago.

"Su estructura autoritaria es sumamente rígida, tanto en las instituciones como en la parte dogmática, y ha limitado mucho la capacidad de generar gobiernos de mayoría, y de establecer un texto que pueda representar las demandas de la ciudadanía. Es un país que cambió mucho en términos de diversidad y pluralismo", añadió Figueroa.

Con respecto al hiperpresidencialismo de la Carta Magna, Felipe Contreras, sociólogo y consultor de Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), apuntó a una "excesiva centralización".

"Los Estados modernos tienden a distribuir el poder entre sus distintos componentes, lo que parece contradecirse a lo que ocurre en Chile, ya que acá tenemos una centralización excesiva y dependiente de la figura presidencial en la Constitución. Un ejemplo concreto: solo el Ejecutivo tiene la facultad de presentar proyectos de ley que impliquen gasto fiscal", explicó Contreras, que también abordó la alusión constante al rol subsidiario del texto. "El Estado se mantiene al margen de la sociedad con un importante peso del individuo e interviene solo si fuese necesario", señaló.

"Esta configuración lleva a promover el desarrollo de lo privado en cualquier ámbito que no sea exclusivo del Estado, lo que lleva finalmente a que solo se consagra el acceso, pero no necesariamente una calidad mínima en ámbitos tan relevantes en lo social como educación, salud, previsión, vivienda y otros", añadió Contreras.

Disposiciones

Por su parte, el abogado Gonzalo Aguilar también abordó los alcances de la subsidiariedad en la Carta Magna. "El concepto no está incluido en la Constitución, pero se desprende. De hecho, los autores y la jurisprudencia lo extraen por una serie de disposiciones que están establecidas dentro de la propia ley fundamental. Una de ellas es la que está señalada en el artículo primero, que se refiere al principio de autonomía de los cuerpos intermedios como la familia, las empresas, las iglesias. Y ese aspecto, combinado conla idea matriz de la Constitución que es el liberalismo y un componente fuertemente individualista, le dan ese cariz: que todos aquellos bienes o necesidades que son susceptibles de ser satisfechos por acciones de los particulares, deber ser los propios particulares los que los deben realizar y el Estado no debe intervenir".

A partir de las 8 (hora local) y hasta las 20, los chilenos podrán sufragar en una jornada también condicionada por una serie de protocolos que se tomarán por la pandemia del coronavirus. En ese sentido, se dispondrán horarios especiales para que los adultos mayores voten y se intensificará la campaña de medidas sanitarias más comunes, tanto en los centros de votación como en sus cercanías.

Luego de las 12 horas de jornada proyectada, las autoridades del Servicio Electoral chileno (Servel) indicaron que los primeros resultados se conocerán alrededor de las 21 (hora local) y que incluirán las tendencias de votación más predominantes.

Las personas con Covid-19 positivo no están habilitadas para sufragar. El país ya superó la barrera de los 500.000 casos y los muertos llegaron a 13.892.

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